El sindicato asevera que la pandemia ha evidenciado la debilidad en los sistemas de prevención y la falta de compromiso de las empresas para implantar medidas de protección en los centros de trabajo. “Los servicios de prevención y la inspección sanitaria andaluza están desaparecidas en esta crisis”, denuncia. CCOO ha tenido que interponer múltiples denuncias a la inspección de trabajo, a la inspección sanitaria, recurrir a la paralización de actividades por riesgo grave e inminente, y “en algún caso nos hemos visto obligados a acudir al juzgado para solicitar la paralización cautelar de alguna actividad”. La central pide que se reconozcan como accidentes laborales los contagios por COVID19 en sectores sensibles como el sanitario o en las funerarias e insiste en la necesidad de que se garanticen las medidas de protección en las empresas.

El sindicato hace un llamamiento al Gobierno autonómico para que no siga “de brazos cruzados” y, dentro de las competencias autonómicas, busque “soluciones a los problemas de los andaluces y andaluzas en el marco del Dialogo Social”. “Es más necesario que nunca que el Gobierno escuche, a los representantes de los trabajadores y trabajadoras y a la patronal andaluza”, ha señalado el sindicato, porque “urge una respuesta compartida. No hay tiempo que perder para proteger a las personas trabajadoras y sus empleos, a las empresas y a la economía andaluza, que se encuentran fuertemente dañada por esta crisis sanitaria”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) muestra su más profundo malestar por el comportamiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la negociación del plan de desescalada que se va a poner en marcha para la paulatina vuelta a la normalidad en el funcionamiento de los centros sanitarios. Para esta organización sindical negociar no es convocar una videoconferencia de breve duración, sin conocimiento de la parte social de los temas a tratar ni orden del día, sin mandar previamente la documentación y sin abrir un periodo para aportar mejoras al plan redactado por la Administración sanitaria.

El sindicato valora la intención de la Junta de Andalucía de complementar las importantes medidas de ayuda que se han puesto en marcha desde el Gobierno central a lo largo de la crisis del COVID-19, pero considera que deja fuera colectivos importantes de trabajadores autónomos, incluidos los TRADE y que confunde “ayuda a los autónomos con el café para todos”.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ofreció una entrevista en el especial informativo de la Cadena SER Andalucía por la crisis del COVID-19. López Marín analizó la situación ante la reanudación de las actividades económicas y productivas que quedaron suspendidas con la modificación del Estado de Alarma. Lanzó un llamamiento a las empresas: "es su responsabilidad garantizar la salud y la seguridad de su plantilla. Esa es la prioridad. No solo por los trabajadores y las trabajadoras, también para evitar que las personas que tienen que ir a trabajar se conviertan en un foco activo de propagación del virus".

La secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral, Nuria Martínez, afirma que las empresas están en la obligación de dotar a sus plantillas de las medidas de protección necesarias ante el COVID-19.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) reclama a la Consejería de Salud y Familias que se realice de forma inmediata los tests de PCR a los 110.000 profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que abarca al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al de las agencias públicas sanitarias.

Las autoridades sanitarias consideran que la incorporación debe ser progresiva, siendo el profesorado el primero en incorporarse. Según el sindicato, los informes conocidos apuntan a que los niños y niñas no deben volver a los centros educativos hasta septiembre.

El sindicato insta al Ejecutivo a que facilite el reconocimiento, a todos los efectos, de accidente laboral a las bajas del personal del transporte sanitario y sector sanitario y sociosanitario, así como funerarios, contagiados por COVID-19 en el desarrollo de su actividad profesional.

El sindicato defiende que la Mesa de Turismo andaluz, enmarcada en un ámbito más amplio de Dialogo Social entre el Gobierno andaluz, las organizaciones empresariales y sindicales, “puede ser un ámbito clave para definir y consensuar estrategias, políticas y acciones concretas en el plano laboral, sanitario, económico, regulatorio e institucional”. Las prioridades a corto plazo son proteger a las personas, su salud y su subsistencia, y mantener “vivas” a las empresas y los empleos.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, se reunió por video conferencia el pasado martes, 14 de abril, con el consejero de Presidencia y Administración Pública, Elías Bendodo. Una reunión en la que trasladó que “los servicios públicos son importantes pero en estos momentos han demostrado la enorme valía para proteger al conjunto de la ciudadanía andaluza, especialmente para quienes viven situaciones de mayor necesidad”.

Los sindicatos achacan estas cifras a la irresponsable decisión del presidente de Correos de exponer a la plantilla sin Equipos de Protección individual (EPI) durante más de 20 días “con el fin de mantener el negocio”. En Andalucía, de los 465 casos de COVID-19, 108 son trabajadores y trabajadoras positivos y 357 en cuarentena. “Si no se cumplen con los protocolos y medidas de protección para los trabajadores y trabajadoras, la actividad tiene que paralizarse”

La presión reiterada de CCOO ha tenido como resultado que el Ministerio de Sanidad cambie el protocolo de reincorporación laboral del personal sanitario y sociosanitario afectado por el COVID-19 y que sólo una prueba negativa permita la vuelta al trabajo tras la baja.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) considera que en la Mesa Sectorial de Sanidad debe negociarse cuanto antes las cuestiones relacionadas con el abono del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS). De esta forma, CCOO ha dirigido un escrito a la Administración sanitaria para que otorgue "de oficio y automáticamente" a toda la plantilla afectada la puntuación máxima y, por tanto, se proceda al pago del 100 por cien de las cuantías correspondientes al año 2019 en un solo pago en la nómina complementaria de junio de 2020.

El sector de Justicia de CCOO de Andalucía rechaza frontalmente la decisión del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia que, sin consultar con la autoridad sanitaria, han incrementado la presencialidad en los centros de trabajo aumentando también el riesgo de contagio, "de forma irresponsable e innecesaria ya que con el sistema de disponibilidad han estado perfectamente atendidos los servicios esenciales".

Tras la petición realizada por escrito el 27 de marzo por parte de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) a la Consejería de Salud y Familias, la Administración sanitaria ha puesto a disposición de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que lo soliciten alojamiento gratuito durante la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, esta organización sindical considera que esta medida es insuficiente porque la Administración no recoge todas sus propuestas y excluye al personal del sector de la Dependencia.

El sindicato advierte que la situación de alarma ha provocado importantes cambios en la actividad económica y en el empleo, y exige que el Gobierno tome medidas para asegurar que nadie se quede sin permiso de trabajo y sin ingresos. Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que articule medidas en coordinación con los países de origen, para que las personas migrantes residentes en España atrapados en otros países puedan regresar a sus hogares y a sus empleos. Instamos al Gobierno a abrir una negociación urgente con los sindicatos y empresarios para buscar la regularización extraordinaria de las personas trabajadoras del sector agrario que se encuentran en la economía sumergida de muchas provincias andaluzas.

Los facultativos y facultativas aducen que “las directrices marcadas por la Junta de Andalucía no se lo permiten”. CCOO ha solicitado a la Consejería de Salud y Familias que corrija esta instrucción “que va en contra de los protocolos del Ministerio de Sanidad” y traslade al personal médico de atención primaria “la necesidad de dar de baja a las personas trabajadoras sensibles cuando estas acuden con informe de los servicios de prevención”

En el 96% de los municipios andaluces los supermercados e hipermercados cierran históricamente los dos festivos de Semana Santa, “por lo que no tiene sentido su apertura en la actual crisis sanitaria que estamos sufriendo”. De hecho, “permitir su apertura en dichas fechas puede conllevar implicaciones justamente en sentido contrario a las recomendaciones sanitarias y a lo que el propio gobierno andaluz está planteando para reducir la movilidad de las personas”.

La Administración no está aplicando las medidas mandatadas por el Gobierno central en estos centros de internamiento. “Ni se están realizando los test PCR para trabajadores y usuarios ni se les ha garantizado el suministro de EPIs. CCOO reclama a la Consejería que tome ya decisiones operativas para estos centros y, de manera prioritaria y en la mayor brevedad posible, haga llegar el material de prevención adquirido.

El sindicato valora que la Junta de Andalucía se comprometa a garantizar el pago de los costes a las empresas contratistas y a su vez estas puedan pagar los salarios a sus trabajadores y trabajadoras. Esta medida permitirá mantener el empleo de miles de personas en Andalucía y la viabilidad de cientos de empresas que actualmente se estaban viendo amenazadas por las decisiones que estaban tomando algunas consejerías como la de Educación. CCOO sigue reivindicando al Ejecutivo andaluz que actúe en el pago de las subvenciones a las escuelas infantiles de 0-3 años para garantizar los costes salariales, que hoy por hoy no es posible y esta poniendo en riesgo la viabilidad de los centros y el empleo de miles de personas.

El sindicato “teme” que haya personas que no reciban la prestación en el mes de abril “ante las más de 80.000 solicitudes de ERTES que tenemos en Andalucía, que afectan a más de 600.000 personas trabajadoras”. La prioridad es agilizar y garantizar el pago de las prestaciones a las personas afectadas por ERTE y despidos como consecuencia del Covid-19, de forma que no se queden sin recibir la prestación ningún mes. CCOO pide que el SEPE tramite la documentación de oficio, el refuerzo de las plantillas de SEPE y SAE y el establecimiento de un plazo extraordinario de cobro. “El objetivo es que ninguna familia tenga que esperar a mayo para cobrar”

En este escenario de gran incertidumbre y preocupación, CCOO exige también la protección del empleo para que cuando juntos superemos esta crisis, la economía pueda relanzarse sin dejar a nadie atrás

El sindicato pidió la pasada semana al Gobierno de la Junta de Andalucía que “fijara la Renta Mínima de Inserción como una prioridad entre sus medidas de urgencia, al mismo nivel que las medidas que ha implementado para las empresas”. Hoy el Gobierno autonómico ha dado luz verde a un decreto ley con actuaciones administrativas urgentes económicas y sociales, entre las que se cuenta la aceleración de concesión de la Renta Mínima y de ayudas extraordinarias para el alquiler.

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha hecho un balance de la situación sociolaboral andaluza tras la puesta en marcha del Estado de Alarma por el COVID-19 en el programa ‘Acento Andaluz’ de 7TV. “No vamos a permitir que las empresas realicen ERTE o ERE no justificados por el COVID-19”. “Hemos tenido que llegar a la amenaza de paralización de la actividad para que limpien las zonas comunes”.

CCOO y UGT han enviado un documento de propuestas tanto a las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME), como al Gobierno, en el que se proponen medidas como que se trate como contingencia profesional la consideración de aislamiento preventivo...

Las personas con menos recursos se están viendo perjudicadas doblemente por la crisis del COVID-19. Por eso, el sindicato reclama al Gobierno andaluz que “agilice los mecanismos y destine más recursos a proteger a estas personas a través de la Renta Mínima de Inserción Social”. El sindicato pide, asimismo, la prórroga automática de las prestaciones en vigor.

Para el sindicato el reparto de las subvenciones no es suficiente. Con las cantidades aportadas la mayoría de las escuelas están abocadas al cierre, suponiendo destrucción de miles de puestos de trabajo feminizado y precario.

El sindicato ha detectado empresas que, afectadas en su actividad productiva por la situación de crisis sanitaria y la suspensión de la actividad en varios sectores, están optando por despedir al personal temporal y suspender los contratos fijos discontinuos como si fuera la finalización de la temporada. CCOO advierte que supone una “discriminación intolerable” y que trasladará estos casos a la inspección de trabajo y a la autoridad laboral, sin perjuicio de reservarse acudir a la vía judicial si no se solucionase previamente. “No es aceptable que, de nuevo, sean las personas más débiles y precarias de la cadena productiva quienes sean los más perjudicados por la crisis sanitaria”.

El sindicato ha denunciado la “grave” irresponsabilidad de las empresas del sector de construcción y servicios. Miles de trabajadores y trabajadoras de estos sectores tienen que continuar trabajando en zonas de riesgos y sin los Equipos de Protección correspondientes. Es urgente que se adopten las medidas oportunas, ya que de no ser así, el contagio del coronavirus aumentará en los propios trabajadores y trabajadoras, y en su propio entorno.

CCOO ha exigido hoy a la Consejería de Empleo que se “articulen los procedimientos necesarios para dar seguridad jurídica y garantías a las personas trabajadoras que se están viendo afectados por los ERTE”, y que las empresas “no utilicen estos para hacer ajustes de plantillas que nada tienen que ver con la crisis sanitaria que vivimos”. “La administración no puede hacer regates cortos a los derechos de las personas trabajadoras”, ha denunciado CCOO de Andalucía.

El Ministerio de Trabajo anunció ayer que tramitará de oficio todos los ERTE presentados por la suspensión de actividad derivada de la COVID-19 para detectar posibles irregularidades, y anunció que supeditará las ayudas a empresas a que estas mantengan los puestos de trabajo. Hemos remitido una carta a las Consejerías de Empleo y Educación y al Gabinete andaluz de Crisis constituido, en la que solicita que la administración autonómica se comprometa a garantizar los costes salariales de los contratos que se han visto afectados por el cese de actividad por el decreto de Estado de Alarma.

Los sindicatos denuncian que la Agencia está diciendo a las personas trabajadoras del INFOCA que para las tareas de desinfección relacionadas con la crisis del COVID-19 no se va a proporcionar el buzo integral, algo que es de obligado cumplimiento por Ley y que, además, se había acordado ya con los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

El sindicato pide al Gobierno de la Junta que ponga en valor la labor del profesorado y deje de hacer declaraciones ocurrentes que solo desconciertan al alumnado, a sus familias y al personal docente, trasladando una visión negativa del trabajo que se realiza telemáticamente.

Las organizaciones entienden que en la situación actual, la Junta debe suspender la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística. La apertura de los establecimientos comerciales debe basarse en el principio esencial de abastecimiento de la población, así como en criterios de salud pública, protegiendo la salud de usuarios y la plantilla de los comercios de alimentación, limpieza y seguridad, entre otras.

La crisis ocasionada por el COVID-19 está provocando que miles de trabajadores y trabajadoras en toda Andalucía se estén quedando sin actividad y, en muchos casos, estén perdiendo el empleo. Por eso, CCOO exige que se articulen los procedimientos necesarios para dar seguridad jurídica y garantías a las personas trabajadoras que se vean afectados por esta situación. La “avalancha” de ERTE que se están solicitando en nuestra comunidad autónoma, que ya superan los 1.700 en pocos días, deben tener una respuesta “rápida, ágil y rigurosa”, por lo que el sindicato muestra su disposición a la administración andaluza “para remar en la buena dirección”.

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha hecho un llamamiento a la calma ante la crisis del coronavirus y ha pedido al Gobierno central que refuerce los instrumentos de suspensión de contrato por causa de fuerza mayor para que el empresariado recurra a esta modalidad en lugar de al despido. Igualmente, llama a la “responsabilidad” del empresariado para que se cumplan las medidas preventivas y de protección en los centros de trabajo y en las personas trabajadoras que siguen en activo. CCOO tiene desplegados a sus representantes sindicales para prestar asesoramiento, información y garantizar que se cumplan las normas. Además hay un teléfono de información habilitado -954 287 755-, que ha registrado mil llamadas en un solo día.

El sindicato denuncia que el anuncio por parte de la administración autonómica andaluza de entrega del material de protección para el personal de los servicios de ayuda a domicilio y de las residencias de personas mayores, discapacidad y residencias de menores, “no se está reflejando en la situación real insostenible de carencia generalizada que actualmente se sufre en los centros de trabajo”. CCOO, que está planteando las pertinentes denuncias ante la Autoridad Laboral, la Inspección de Trabajo y la Autoridad Sanitaria, exige a las Administraciones Públicas competentes que se habilite de inmediato un procedimiento eficaz.

La Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Andalucía ha denunciado la situación de riesgo a la que están expuestos los trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción. Acusa al empresariado de “irresponsabilidad y de una actitud de deshumanización que les lleva a permitir que las personas trabajen sin protocolos sin Equipos de Protección Individual Específicos que las proteja ante el peligro de contagio del Coronavirus.

Ambas organizaciones han afirmado que “la situación de estos asentamientos, que ya era insostenible antes de la aparición de la pandemia del coronavirus, necesita ahora una respuesta rápida y contundente por parte de las administraciones para realojar a estas personas. Se trata de proteger su salud”.

El sindicato cree que, "independiente o complementariamente a las acciones y decisiones que se están poniendo en marcha a nivel estatal, se pueden y deben adoptar una serie de medidas de carácter extraordinario". Esas propuestas se centran en asegurar que las repercusiones sobre las personas trabajadoras y empresas sean las mínimas posibles, manteniendo las garantías y los derechos de las personas trabajadoras.

El sindicato remite un escrito a la Comisión de Crisis de la Junta, a la Consejería de Salud y Familias; y a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo donde pide que se obligue a las empresas a presentar un Plan de Actuación y Prevención ante la crisis sanitaria del coronavirus “ya que se están dando incumplimientos”.

El sindicato exige que se establezca un sistema de coordinación entre las administraciones, incluida la local, para mantener el Servicio de Ayuda a Domicilio, como servicio esencial a la comunidad. CCOO pide un sistema de aprovisionamiento urgente de EPIs y un protocolo para el uso de estos equipos en los domicilios, así como medidas de desinfección del espacio de trabajo de las trabajadoras.

A pesar de que el Gobierno central en sus múltiples mensajes exige el cumplimiento del confinamiento de la población en el domicilio, el sindicato denuncia que el Ministerio de Justicia impone, en contra de los criterios de la propia Junta de Andalucía, unos servicios mínimos de obligada presencia en los Juzgados y Tribunales andaluces cercanos al 20 % de las plantillas. El sindicato recuerda que en Andalucía trabajan unos 8.000 funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia.

López Marín considera necesario que se dispongan medidas sanitarias y económicas, pero también sociales y laborales: “son momentos especiales que requieren cooperación y coordinación y así se lo hemos trasladado al presidente de la Junta de Andalucía. Hay que garantizar el empleo de las personas que ya se están viendo afectados por esta situación, por eso pedimos responsabilidad a la empresa y el apoyo del Gobierno para que no se pierda empleo ante esta situación”. El Sistema Andaluz de Salud (SAS) es un pilar fundamental para resolver eficazmente esta situación, por eso el sindicato ha trasladado la necesidad de reforzar la Atención Primaria, la atención domiciliaria, urgencias y los servicios de atención telefónica (Salud Responde, 061 y Emergencias 112).

El sindicato recuerda que en estos centros, donde se atienden en Andalucía a 15.000 personas discapacitadas gravemente afectadas, se está prestando servicio a personas altamente vulnerables al COVID-19 sin contar con equipos de protección, un riesgo tanto para personas usuarias como para trabajadores y trabajadoras.

La secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO-A, Nuria Martínez Barco, denuncia en la Cadena SER que las trabajadoras y trabajadores de la dependencia no cuentan en muchos casos con medidas de protección ante el coronavirus. Son un colectivo laboral que debe contar especialmente con estas medidas, debido a su trabajo continuo con población de riesgo, como las personas mayores.

Ambos sindicatos han remitido una carta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en la que avisan del peligro que puede suponer que, en una situación de confinamiento domiciliario, estas trabajadoras tengan que acudir mañana lunes a miles de domicilios de toda Andalucía donde trabajan con personas, en su mayor parte mayores y que están comprendidas dentro de la población de riesgo del virus. CCOO y UGT denuncian, además, que estas trabajadoras no cuentan con equipos de protección individual (EPI) adecuados a esta situación.

Estas son las medidas económicas y de salud pública implantadas por el Gobierno central. Documento: Boletín Oficial del Estado (BOE)

La enfermedad ocasionada por el virus COVI-19 deberá catalogarse como “enfermedad común” a los efectos de las prestaciones de Seguridad Social, salvo que se pruebe que la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.

Infografía sobre la nueva prestación de la Seguridad Social para los trabajadores/as afectados por el coronavirus

Guía editada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad.

Los trabajadores y trabajadoras que puedan verse sometidos a periodos de aislamiento preventivo tendrán la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias comunes. El sindicato ha participado del contenido del documento “Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus”, del Ministerio de Sanidad, que estará en continua revisión. Establecer barreras físicas con los clientes, siempre que sea posible; adoptar medidas para la limpieza frecuente de las instalaciones, especialmente de las superficies que quedan al alcance de las manos, o ventilar diariamente las instalaciones y espacios comunes, entre las recomendaciones en el centro de trabajo.