La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación Primero de Mayo de CCOO y la secretaría de Política Social ha publicado su “Observatorio Social de las Personas Mayores”, una foto fija anual de la situación en la que se encuentra el 20% de la población”. Andalucía se sitúa entre las peores comunidades en para un envejecimiento activo saludable con la esperanza de vida más baja, solo por delante de Ceuta y Melilla. El sindicato considera que hay una “nefasta gestión por parte del Gobierno andaluz” y asevera que el decreto de simplificación administrativa “es el decreto de la vergüenza porque, entre otras cuestiones, está convirtiendo a Andalucía en territorio hostil para las personas mayores”. CCOO defiende que los derechos de estas personas se defiendan desde lo público y que “nadie haga caja con ellos convirtiéndolos en un negocio”.

El Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado en febrero se justificó como “necesario” para poner suelo a disposición de las empresas para la construcción de 20.000 viviendas protegidas; pero CCOO defiende que se trata de una norma “claramente ideológica que solo refleja los intereses de las empresas constructoras”. CCOO niega que este Anteproyecto de Ley sea fruto del diálogo y del consenso con la ciudadanía y con el sector ya que “con los sindicatos no se ha consensuado nada a pesar de que hay una mesa para abordarla”. Los datos objetivos de la situación de la vivienda demuestran con contundencia que en Andalucía, que no aplica la Ley estatal, es donde más crecen los precios de la vivienda de todo el Estado, tanto en alquiler como en compra, y que la calificación de vivienda protegida en Andalucía, principalmente, se viene haciendo en promociones con financiación del Estado y de las corporaciones locales.

CCOO de Andalucía ha denunciado “deslealtad” por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales firmantes del Pacto Económico y Social para el impulso de Andalucía. “La Consejera Loles López Gabarro se salta de manera permanente e intencionada el acuerdo suscrito y prueba de ello es que ha acordado exclusivamente con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía) y con miembros de las patronales del sector de la dependencia, la subida del precio/plaza en los centros de día, residencias y el precio/hora de la ayuda a domicilio”.

Desde la entrada en vigor del nuevo reglamento el pasado 20 de mayo, las oficinas de extranjería están enfrentando una carga de trabajo extrema, que ha superado todas las previsiones. En la primera semana de aplicación, se han registrado más de 100.000 expedientes subidos a Mercurio (aplicación informática de extranjería), una cifra que equivale a un mes completo de trabajo en condiciones normales de todas las oficinas de extranjería de España juntas. Este aumento exponencial esta generado una crisis operativa que pone en evidencia las deficiencias estructurales y organizativas de las oficinas de extranjería en España.

Con el nombre, “La Marcha por la Libertad”, cuatro mujeres francesas, entre ellas, Claude Mangin Asfari, esposa del saharaui Naâma Asfari, que cumple una condena de 30 años en Kenitra y al que las autoridades marroquíes no permiten que visite, están recorriendo Francia y España hasta terminar en Marruecos, después de recorrer 3.000 kilómetros de marcha desde su inicio en París, el pasado 30 de marzo.

CCOO de Andalucía recuerda que “venimos de un periodo muy difícil, con un resurgimiento del discurso retrógrado machista, xenófobo y Lgtbifóbico, alimentado especialmente por la derecha y extrema derecha, cuyos discursos y políticas son una amenaza directa a los derechos conquistados por las mujeres y por el colectivo LGTBI, durante décadas de lucha”. En Andalucía las infracciones penales e incidentes por delitos de odio calificados por orientación sexual e identidad de género (hechos conocidos) han aumentado en el último periodo registrado (2022), pasando de 36 infracciones en el año 2020 a 64 registradas en el año 2021 y a 68 en el año 2022 (+6,25% de subida interanual).

El servicio, que es gratuito y está subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Delegación de Almería, está en funcionamiento desde el 15 de mayo de 2025 hasta noviembre de 2025, en las sedes del sindicato en Almería y El Ejido.

Las pensiones son la base de la renta de más de un millón y medio de personas en Andalucía y después del proceso de negociación que empezó en 2021 y ha culminado en 2024 entre CCOO, UGT y el Gobierno central, con el apoyo parcial de la patronal CEOE, se ha llevado a cabo una reforma profunda del sistema que ha corregido los recortes que se hicieron en 2012 por el Gobierno del PP. 

Este plan permitirá la contratación de más de 100.000 personas en municipios rurales de Andalucía, destinada a proyectos de obras y servicios de interés general. CCOO ha recordado que este plan de empleo fue negociado por los sindicatos en su momento ligado al subsidio agrario para compensar el bajo nivel de empleo que genera el sector agrario en algunas zonas y para evitar también la despoblación. CCOO y UGT han solicitado la organización de unas jornadas estatales con la participación de todos los actores implicados en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para evaluar y seguir la evolución del programa, así como para establecer nuevas directrices tras las modificaciones aprobadas en el nuevo Real Decreto que regula el Plan.

El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para poner suelo público a disposición de las empresas constructoras para la construcción de 20.000 viviendas protegidas es “absolutamente insuficiente, ineficiente y no da respuesta urgente porque las primeras viviendas no estarían hasta 2028”. El sindicato advierte que la medida va a permitir a las constructoras seleccionar a los compradores y compradoras sin necesidad de que estén incluidos en los registros de demandantes sin el más mínimo control público para acceder a una vivienda protegida. CCOO denuncia el cambio de los límites de renta para acceder a la vivienda protegida, de manera que pueden acceder las rentas altas y muy altas, superando incluso los 98.000 euros al año. “Hasta el presidente de la Junta de Andalucía podría acceder a una VPO”.

El secretario general de la federación de Pensionistas de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, ha calificado de “éxito” las concentraciones convocadas por CCOO y UGT en todas las provincias andaluzas para expresar su rechazo a la decisión del Ministerio de Hacienda de dejar a una gran parte de las y los pensionistas que cotizaron a las antiguas mutualidades, sin derecho a percibirlas en su totalidad este año.

CCOO de Andalucía ha exigido a los diputados y diputadas del PP elegidos en Andalucía para el Congreso que expliquen por qué han votado en contra de la subidas de las pensiones, del ingreso mínimo vital, del bono eléctrico, de las ayudas para el pago del agua y la electricidad, de la prohibición de los desahucios, de las subvenciones al transporte, o de las ayudas a la DANA. “El Gobierno del PP vuelve a arremeter contra los andaluces y andaluzas al apoyar políticas de recortes y sacrificio para las personas trabajadoras y para la ciudadanía en general haciéndolas cada vez más pobres”. Ante esta situación, habrá movilizaciones en toda España el próximo domingo 2 de febrero.

CCOO de Andalucía ha rechazado el acuerdo suscrito por el Gobierno andaluz con UGT y CSIF para mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía. “Se ha hecho fuera del diálogo social, no se han tenido en cuenta las propuestas de CCOO y el fondo del acuerdo está muy lejos de ser útil para resolver los problemas del personal de los servicios públicos autonómicos de dependencia y del sistema de dependencia en su conjunto”. Según ha aseverado el sindicato “el acuerdo está plagado de declaraciones de buenas intenciones, pero sin concreción real en muchos temas de manera que, entre otras cuestiones, no se garantiza una ampliación de plantillas, con dotación suficiente, que supla de verdad las necesidades del sistema; o se plantean refuerzos que dependen de la disponibilidad presupuestaria, sin concreción en los presupuestos para 2025”.

CCOO de Andalucía ha denunciado una nueva externalización del Gobierno andaluz de una agencia pública. Se trata de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que gestiona en torno a 50.000 viviendas en régimen de arrendamiento para aquellas viviendas a las que pueden acceder las personas con mayores riesgos de pobreza o exclusión social. “Desde el año 2014, AVRA ha sufrido una reducción del empleo público de casi un 19%, con 114 efectivos menos en todas las provincias andaluzas; y desoyendo las continuas demandas de CCOO, no solo no ha llevado a cabo la contratación de nuevo personal para el desarrollo de las funciones inherentes a la Agencia, sino que ha decidido externalizar determinadas funciones mediante la contratación de servicios de refuerzo por un Importe de licitación superior a los 7 millones de euros”.

En una jornada organizada por el Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Sistema de Cuidados en Andalucía, CCOO ha dejado claro que “en el sindicato trabajamos para constituir un eje vertebrador de derechos e igualdad en lo referente al sistema de cuidados, en general, y de los servicios sociales, en particular; algo que ha de hacerse desde una participación activa y con diálogo permanente con la Consejería de Inclusión Social”. En ese sentido, CCOO ha advertido que ese diálogo “es inexistente”. “La Consejería evita la participación de las organizaciones sociales en el diseño y el control del desarrollo de la Ley de Servicios sociales y socava la democracia participativa”, apostilla el sindicato.