La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía han mantenido reuniones con los grupos del arco parlamentario progresista para trasladarles sus demandas en el marco de las movilizaciones que tendrán lugar el 1 de octubre con motivo del Día de las Personas Mayores. Las tres formaciones han mostrado su respaldo a las demandas sindicales para un envejecimiento digno y la mejora de la situación de la dependencia y las pensiones.

La federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía y Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía han dado a conocer las movilizaciones que tendrán lugar el próximo 1 de octubre con motivo del Día del Mayor. En la comunidad andaluza, este colectivo alcanza las 1.600.000 personas —el 19,6% de la población—, con previsiones de llegar al 40% en el año 2050. El secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, ha denunciado las desigualdades que padece la población mayor, donde la esperanza de vida se sitúa en 82,4 años, por debajo de la media española, y la pensión media andaluza es 133 euros mensuales inferior a la media estatal.

El sindicato ha instado al Gobierno andaluz a aprovechar la inyección de fondos estatales para dar un vuelco definitivo a la gestión de la dependencia en la comunidad. “El aumento de la financiación estatal va a suponer una válvula de oxígeno para las comunidades autónomas, en general, que llegará a cumplir con el objetivo del 50 % de la financiación acordada en su momento”. CCOO ha explicado que “en el caso andaluz, esta medida supone un extra de 957 millones de euros que se añaden a lo que ya estaba previsto para 2026 y 2027”. “Ahora el Gobierno andaluz ya no tiene excusa para seguir liderando los peores datos de dependencia a nivel estatal con la retahíla de la infrafinanciación”.

La secretaria de Migraciones de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, destaca que la organización sindical ha tramitado más de 800 expedientes en la comunidad y reclama al empresariado contratos estables y de calidad.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha denunciado que el Servicio de Atención a las Personas que Ofrecen Acogimiento y Adopción y el Servicio de Acompañamiento al Acogimiento Familiar y la Adopción dejarán de prestarse a partir del 30 de junio por decisión del Gobierno andaluz. Este servicio público, financiado con fondos europeos, está gestionado de forma externalizada por entidades como INSERTA, Cruz Roja, APRONI, ALDAIMA, APRAF-A e INFANIA, algunas de las cuales ya han iniciado expedientes de regulación de empleo. El sindicato ha advertido de que la finalización de esos contratos supondrá el despido de 112 profesionales y un deterioro de la atención a las familias y a los menores.

Los sindicatos denuncian que casi treinta personas fallecen diariamente esperando la prestación a la dependencia y que en Andalucía el tiempo para resolver un expediente es de 477 días cuando la Ley establece un máximo de 180. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, han reclamado a los partidos políticos que concurren a las elecciones y al Gobierno que salga de las urnas un plan de choque urgente presupuestado en unos 550 millones de euros adicionales a los presupuestos vigentes que contemple la contratación inmediata de 460 profesionales, el aumento de 2.637 plazas en las residencias y recursos para que los centros de participación activa tengan un mayor horario de apertura para combatir la soledad no deseada.

Los sindicatos denuncian que casi treinta personas fallecen diariamente esperando la prestación a la dependencia y que Andalucía duplica con creces los 180 días que marca la ley para recibir este derecho. Ante esa realidad, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, ha exigido al Gobierno andaluz un plan de choque urgente que pasa por la contratación inmediata de 460 profesionales que, junto a la inversión en infraestructuras suponen una inyección presupuestaria de 575 millones adicionales a las cuentas vigentes. "O se coge el toro por los cuernos o vamos a vivir un auténtico drama”, ha advertido.

CCOO, UGT, FACUA y la Red vecinal andaluza han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de una vivienda digna y asequible en Andalucía con el objetivo de garantizar el derecho a un hogar y frenar la actual emergencia habitacional. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que "planteamos una derogación completa de la ley andaluza del Gobierno andaluz que entró en vigor en el año 2026 porque no es seria, porque no es realista y porque fomenta la especulación". La dirigente sindical ha pedido a los partidos que concurren a las elecciones que “hagan suya esta propuesta para solucionar el problema de la vivienda que ahoga y asfixia a las familias de todo tipo, porque la vivienda se ha convertido en un mercado y se especula con ella continuamente”.

CCOO de Andalucía ha organizado en Málaga unas jornadas en las que ha reclamado al Gobierno andaluz un plan de migración e inclusión que facilite el proceso de regularización de las personas migrantes de nuestra comunidad autónoma. “En muchos casos, por no tener una situación jurídicamente normalizada, estas personas sufren situaciones de abuso y explotación, por lo que el proceso de regularización es una oportunidad para darles normalidad administrativa a su situación y acabar con los abusos”.

CCOO de Andalucía ha mantenido una reunión con Cáritas en la que esta última le ha hecho entrega del informe “Exclusión y desarrollo social en Andalucía 2025”, elaborado por la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA). Durante la misma, las organizaciones han coincidido en su preocupación por la situación de precariedad y vulnerabilidad que viven los andaluces y andaluzas donde 23 de cada 100 personas, según el informe, viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social. CCOO ha reclamado al Gobierno andaluz mayor inversión en Políticas Activas de Empleo y Formación como elemento primordial para sacar a las 65.883 personas paradas en Andalucía que nunca han tenido un empleo anterior y ha criticado la normativa andaluza en materia de protección social, “que hizo incompatible la RMISA con el IMV a nivel estatal".

La secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha destacado que el incremento de la pensión media de jubilación ha supuesto más de 700 euros anuales para las personas pensionistas de la comunidad autónoma. El sindicato ha recordado que las pensiones mínimas han subido entre un 7% y un 11,4%, lo que protege especialmente a las mujeres, quienes representan el 90,4% de las pensiones de viudedad en Andalucía.

CCOO de Andalucía ha pedido al Gobierno andaluz que comience a trabajar “con carácter urgente” en un nuevo plan integral para la inclusión de las personas inmigrantes que cuente obligatoriamente con un compromiso presupuestario real para ser efectivo, “algo que no ocurrió con el anterior que finalizó en 2025”. El sindicato ha criticado que “mientras las trabajadoras y trabajadores europeos ocupan las categorías profesionales más altas, quienes proceden de fuera de la UE son relegados a los puestos menos cualificados” y ha puesto el foco en la segunda generación de inmigrantes en Andalucía que “en muchos casos tienen peores empleos que su padre o su madre”. Ante esa realidad, CCOO ha puesto en valor el actual proceso de regularización. “Es una oportunidad para sacar a miles de personas de la economía sumergida”.

El sindicato valora el proceso para acabar con la explotación laboral y aflorar la economía sumergida, pero advierte que el colapso de las oficinas de Extranjería en Andalucía pone en riesgo su efectividad.

CCOO ha denunciado la situación de la dependencia en Andalucía con más de 41.000 personas esperando recibir la prestación, a las que se suma una estimación de más de 100.000 usuarias y usuarios que han solicitado una revisión de grado o de su Programa Individual de Atención (PIA) y siguen a la espera de respuesta. A ello se suma, como ha reseñado el sindicato las “carencias” del servicio, “con falta de personal de estructura en los equipos de valoración y en teleasistencia o la falta de plazas en las residencias”. CCOO critica que ante esa realidad “los presupuestos del Gobierno andaluz para 2026 consolidan un modelo de gestión basado en la privatización y la precarización y son una oportunidad perdida que no ofrece soluciones reales al grave problema estructural que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en la comunidad andaluza”.

Como en los años anteriores, el objetivo de este servicio es asistir a las personas inmigrantes en la realización de los trámites administrativos necesarios para la solicitud de diferentes permisos relacionados con extranjería (permisos de residencia y trabajo, reagrupación familiar, nacionalidad, etc.) así como la asistencia y acompañamiento jurídico a las personas usuarias en caso necesario, que serán derivadas a la Asesoría Jurídica de CCOO en Almería, donde serán atendidas, igualmente de forma gratuita, por personal letrado.