CCOO de Andalucía y UGT Andalucía han convocado una jornada de lucha para denunciar el genocidio del Estado israelí el próximo miércoles, 15 de octubre, en centros de trabajo privados y públicos de la comunidad andaluza. Durante la misma se llevará a cabo una huelga general de dos horas por turno de trabajo, asambleas y concentraciones. Los sindicatos han explicado que esta jornada tiene, entre sus objetivos, exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza; denunciar la muerte de decenas de miles de personas y dar a conocer al mundo la magnitud de las atrocidades que sufre diariamente el pueblo Palestino; exigir a la comunidad internacional que aplique medidas para prevenir los abusos de fuerza de un Estado sobre otro y garantice la asistencia humanitaria; o exigir la retirada de las sanciones impuestas por las protestas en la vuelta ciclista y otras protestas.

En Andalucía no hay posibilidad de pedir una plaza pública en una residencia, salvo que la persona se pague una privada. “Tanto las públicas como las concertadas están colmatadas”. “Faltan 38.000 plazas para cubrir los objetivos marcados por la OMS”. En los Centros de Participación Activa hay muchas plazas de trabajadores y trabajadoras sin cubrir “lo que perjudica a las personas mayores y contribuye muy poco a solucionar el problema de la soledad no deseada”. La pensión media en Andalucía de 1.177 euros, 134 euros menos que la media nacional, mientras que la pensión contributiva media es de 1.364 euros, lo que quiere decir que una persona en Andalucía cobra 141 euros menos que la media española que es de 1.505 euros.

La secretaria de Política Migratoria de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que deje de hacer demagogia y electoralismo con las personas extranjeras. “No entendemos el argumentario del señor Moreno Bonilla y de otros políticos sobre los movimientos migratorios porque al final lo único que se genera es odio y aversión hacia el diferente”. Frente a ello, el sindicato ha defendido que “lo que tendrían que hacer es ocuparse de las políticas de inclusión social y de integración laboral, que son competencia de la comunidad autónoma, para que se respeten los derechos laborales de las personas extranjeras”.

En Andalucía no hay posibilidad de pedir una plaza pública en una residencia, salvo que la persona se pague una privada. “Tanto las públicas como las concertadas están colmatadas”. “Faltan 38.000 plazas para cubrir los objetivos marcados por la OMS”. En los Centros de Participación Activa hay muchas plazas de trabajadores y trabajadoras sin cubrir “lo que perjudica a las personas mayores y contribuye muy poco a solucionar el problema de la soledad no deseada”. La pensión media en Andalucía de 1.177 euros, 134 euros menos que la media nacional, mientras que la pensión contributiva media es de 1.364 euros, lo que quiere decir que una persona en Andalucía cobra 141 euros menos que la media española que es de 1.505 euros.

Las medidas anunciadas por el Gobierno suponen un avance en derechos y en el cumplimiento de la directiva europea, pero siguen siendo insuficientes para alcanzar el objetivo de una corresponsabilidad efectiva.

CCOO ha lamentado el plante de los gobiernos del PP al Consejo de la Infancia en el que se iba a hablar de la reubicación de las y los menores inmigrantes de Canarias, Ceuta y Melilla. El sindicato ha criticado el “discurso demagógico de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía” y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas “para proteger y cuidar adecuadamente y siempre a los niños y niñas, independientemente de su nacionalidad o de su situación administrativa”. Según los criterios de reparto de los menores que propone el Gobierno central, a Andalucía le correspondería acoger a 796 menores; “sin embargo, la propuesta del Ministerio es de 677”.

Un estudio diagnóstico sobre el funcionamiento de las Unidades de Atención a Personas Trans (UAPT) de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) evidencia importantes carencias estructurales en la atención sanitaria a las personas trans y alerta de la “necesidad urgente” de revisar los protocolos y de un mayor compromiso institucional con la salud transinclusiva. Por ello, esta organización sindical exige a la Junta de Andalucía la actualización de los protocolos sanitarios, formación específica para profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y espacios de atención trans que sean accesibles en todo el territorio andaluz.

La posición de CCOO respecto al Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía presentado ante el Consejo Económico y Social (CES) es, con carácter general, una opinión negativa. “La ley no sólo no aporta los mecanismos necesarios para reducir el actual problema de la vivienda en nuestro territorio sino que, en muchos aspectos, tiene un carácter regresivo y concibe la vivienda más como un bien de mercado que como un derecho social que debe ser garantizado por los poderes públicos”. El sindicato ya criticó que la norma fuese incluida por trámite de urgencia en el CES, “limitando un verdadero procedimiento participativo en una Ley de esa importancia social”.

Se cumplen 55 años de la revuelta de Stonewall contra la persecución, acoso y criminalización de las personas LGTBI+; pero aunque nos pueda parecer que 1969 queda muy lejos en el tiempo, lamentablemente muchas de esas personas siguen sufriendo en 2025 odio, rechazo y violencia por su identidad u orientación sexual. Porque más allá de las normas, de las leyes o de las estrategias, la cultura dominante sigue empeñada en mantener esa discriminación como medio para preservar sus privilegios y su poder.

CCOO de Andalucía exige “soluciones urgentes” al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a la Junta de Andalucía ante el bloqueo de la jubilación parcial del personal laboral público. Esta organización sindical reitera su compromiso con la defensa de la jubilación parcial como instrumento clave de salud laboral, rejuvenecimiento de plantillas y dignidad profesional y “seguirá luchando en todos los frentes” hasta recuperar este derecho.

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación Primero de Mayo de CCOO y la secretaría de Política Social ha publicado su “Observatorio Social de las Personas Mayores”, una foto fija anual de la situación en la que se encuentra el 20% de la población”. Andalucía se sitúa entre las peores comunidades en para un envejecimiento activo saludable con la esperanza de vida más baja, solo por delante de Ceuta y Melilla. El sindicato considera que hay una “nefasta gestión por parte del Gobierno andaluz” y asevera que el decreto de simplificación administrativa “es el decreto de la vergüenza porque, entre otras cuestiones, está convirtiendo a Andalucía en territorio hostil para las personas mayores”. CCOO defiende que los derechos de estas personas se defiendan desde lo público y que “nadie haga caja con ellos convirtiéndolos en un negocio”.

El Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado en febrero se justificó como “necesario” para poner suelo a disposición de las empresas para la construcción de 20.000 viviendas protegidas; pero CCOO defiende que se trata de una norma “claramente ideológica que solo refleja los intereses de las empresas constructoras”. CCOO niega que este Anteproyecto de Ley sea fruto del diálogo y del consenso con la ciudadanía y con el sector ya que “con los sindicatos no se ha consensuado nada a pesar de que hay una mesa para abordarla”. Los datos objetivos de la situación de la vivienda demuestran con contundencia que en Andalucía, que no aplica la Ley estatal, es donde más crecen los precios de la vivienda de todo el Estado, tanto en alquiler como en compra, y que la calificación de vivienda protegida en Andalucía, principalmente, se viene haciendo en promociones con financiación del Estado y de las corporaciones locales.

CCOO de Andalucía ha denunciado “deslealtad” por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales firmantes del Pacto Económico y Social para el impulso de Andalucía. “La Consejera Loles López Gabarro se salta de manera permanente e intencionada el acuerdo suscrito y prueba de ello es que ha acordado exclusivamente con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía) y con miembros de las patronales del sector de la dependencia, la subida del precio/plaza en los centros de día, residencias y el precio/hora de la ayuda a domicilio”.

Desde la entrada en vigor del nuevo reglamento el pasado 20 de mayo, las oficinas de extranjería están enfrentando una carga de trabajo extrema, que ha superado todas las previsiones. En la primera semana de aplicación, se han registrado más de 100.000 expedientes subidos a Mercurio (aplicación informática de extranjería), una cifra que equivale a un mes completo de trabajo en condiciones normales de todas las oficinas de extranjería de España juntas. Este aumento exponencial esta generado una crisis operativa que pone en evidencia las deficiencias estructurales y organizativas de las oficinas de extranjería en España.

Con el nombre, “La Marcha por la Libertad”, cuatro mujeres francesas, entre ellas, Claude Mangin Asfari, esposa del saharaui Naâma Asfari, que cumple una condena de 30 años en Kenitra y al que las autoridades marroquíes no permiten que visite, están recorriendo Francia y España hasta terminar en Marruecos, después de recorrer 3.000 kilómetros de marcha desde su inicio en París, el pasado 30 de marzo.