La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha dicho en una entrevista en la Cadena SER que la crisis del COVID-19 “ha evidenciado los problemas de la economía andaluza” y ha llamado al Gobierno andaluz y al empresariado a apostar por un nuevo modelo basado en el empleo de calidad y con derechos. “Las crisis no siempre pueden pagarlas los trabajadores y las trabajadoras”, ha aseverado. En ese sentido, la dirigente critica que “en Andalucía llueve sobre mojado debido a las altas tasas de paro que sufrimos, la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios” por lo que ve imprescindible, “resetear nuestra economía con una remodelación de fondo. “Hay que diversificar la economía apostando por sectores estratégicos como la industria, y por un turismo que genere empleo estable y de calidad”, puntualiza.

El sindicato critica que el anuncio del Gobierno andaluz “está plagado de contradicciones” y llama a una reunión urgente para abordar los términos en los que se van a llevar a cabo las contrataciones. “Se ha dicho que la contratación se hará a través de la bolsa única cuando ni siquiera se han publicado los listados de personas admitidas y excluidas; el salario neto que perciben las personas de la categoría laboral a la que estarían adscritas esas contrataciones son muy inferiores; no se ha aclarado de qué categorías profesionales se van a seleccionar a las personas trabajadoras ya que en el personal laboral no existe ninguna específica de auxiliar de playa; y dudamos de que la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía esté actualmente en condiciones de ofrecer la formación anunciada”, explican desde CCOO-A.

CCOO critica que la Consejería de Turismo, Administración Local, Regeneración y Justicia de la Junta de Andalucía haya decidido incorporar a los Juzgados y Tribunales a más del 60% del personal de Justicia, incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y sin adecuar la inmensa mayoría de los órganos judiciales para respetar el distanciamiento necesario entre trabajadores y trabajadoras, tanto entre ellos como con el resto de personas que acuden a los Juzgados.

Para CCOO, bajo el pretexto de la “simplificación normativa” subyace un interés por desregular la planificación, ordenación y gestión urbanística: “todas las medidas en materia de suelo con destino a vivienda protegida quedan derogadas, por lo que ya no se reservará un 30% de suelo para viviendas protegidas”. Además, según señala la organización sindical, entre los aspectos novedosos que plantea la norma, llama la atención “el papel destacado que se le otorga al suelo rústico, sobre el que se dice que los tejidos urbanos deben integrarse en este tipo de territorio. Es decir, se va a usar el suelo rústico para funciones residenciales”, algo que sienta las bases para una segunda oleada de la “cultura del pelotazo urbanístico”.

La secretaría de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO ha editado el documento “Movilidad sostenible para ir y volver del trabajo en situación de COVID-19”, en el que destaca la importancia de los desplazamientos en transporte público en condiciones seguras y recoge distintas recomendaciones para afrontar la actual fase de desescalada hasta llegar a la fase de normalidad. "Este virus lo paramos unidos, también, con una movilidad sostenible en los desplazamientos para ir y volver del trabajo", apuntan desde el sindicato.

El sindicato lamenta que el titular de la Consejería de la que dependen las Universidades andaluzas, Rogelio Velasco, ignore la petición de convocatoria de la Mesa General de las Universidades Públicas de Andalucía.

Los sindicatos consideran que la aprobación “exprés”, y aún dentro del estado de alarma del Decreto sobre clasificación de establecimientos hoteleros representa “una apuesta clara por la imposición y la unilateralidad en materia turística, que solo busca satisfacer la presión de lobbies empresariales y que obvia la necesidad actual del sector, que es construir consensos para potenciar una imagen de destino seguro, con establecimientos plenamente adaptados en materia sanitaria”. Desde CCOO de Andalucía y UGT Andalucía anticipan que analizarán en detalle el Decreto aprobado y las posibles acciones que puedan acometerse frente al mismo.

Es “contradictorio” que el art 4.1 del Decreto 9/2020 por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI recoja entre las funciones la de favorecer la perspectiva laboral, y que al mismo tiempo excluya a los sindicatos de dicho órgano cuando son las y los representantes de las personas trabajadoras quienes tienen el contacto permanente con los centros de trabajo.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha solicitado a la Consejería de Salud y Familias que tome las medidas necesarias para que, en el menor plazo posible, los equipos sanitarios y de protección individual frente al Covid-19 sean fabricados en Andalucía para asegurar su abastecimiento en cantidad suficiente y con una calidad certificada y de confianza. Esta organización sindical pide también a la Administración andaluza que en el caso del material tecnológico de alta complejidad se inste al ámbito nacional e incluso europeo a garantizar su producción y distribución.

El plan no garantiza las medidas de protección suficientes y el sindicato desmiente que se hayan realizado test masivos a los funcionarios y funcionarias de Justicia, como ha declarado el Gobierno andaluz. El sindicato denuncia que se aplica el mismo tipo de desescalada a toda Andalucía, sin relacionarla con las fases en la que se encuentre cada provincia: “Málaga y Granada en fase 0 y sus Juzgados y Tribunales fase 1”, critica. La incorporación de los funcionarios y funcionarias no se hace con criterios sanitarios y rechaza la participación de los comités de salud laboral y de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales.

En estos momentos es más necesario que nunca apoyar a nuestros municipios costeros para que se reactiven pero la iniciativa del Gobierno andaluz presenta deficiencias porque esas ayudas son insuficientes en opinión de la central, y obligan a los ayuntamientos a completar los salarios de las personas contratadas, que además lo hacen sin proceso de selección, por lo que en muchos casos esos contratos acabarán en fraude de Ley. Además, CCOO reclama que se defina con claridad que esas contrataciones no van a sustituir puestos estructurales de la plantilla del propio ayuntamiento, o empresa municipal.

Para el sindicato, deben garantizarse medidas específicas definidas por las autoridades sanitarias ante unas pruebas presenciales en las que se canta, se hace uso de la voz proyectada, se utilizan instrumentos de viento o se realizan ejercicios corporales.

El sindicato denuncia que tras 25 años de su aprobación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se está aplicando en la educación andaluza con la efectividad que requiere, un hecho que la actual pandemia del Covid-19 está evidenciando.

El sindicato pone en valor el trabajo que los delegados y delegadas del sindicato están haciendo para dar respuesta a las necesidades y consultas laborales surgidas a causa de la crisis del coronavirus y asevera que CCOO está vigilante para que se garantice que los ERTE se den en condiciones ajustadas a la norma y con el menor perjuicio posible los trabajadores y trabajadoras. "Priorizaremos medidas que no supongan una merma de las condiciones laborales ni retributivas, como la cláusula de mantenimiento de empleo, el complemento de la prestación por desempleo hasta el 100% del salario, la adaptación de la jornada laboral mediante concreciones horarias, o el adelanto de las cuantías de las prestaciones por desempleo ante un posible retraso en su cobro".

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) mantiene que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061) ha reducido en el mes de mayo las horas de atención de enfermería del servicio de Salud Responde en más de un 20% en plena crisis sanitaria. De hecho, durante seis horas al día este servicio solo cuenta con una enfermera para todas las llamadas de Andalucía, a lo que se añade “la desatención” por parte de la Dirección de las peticiones de información de las enfermeras para desarrollar su actividad.

La Confederación Comercio Andalucía, en representación del pequeño y mediano comercio, las asociaciones de personas consumidoras FACUA Andalucía y AL- ANDALUS y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, como principales agentes sociales y económicos del comercio andaluz, han presentado hoy un pronunciamiento conjunto, ante la coyuntura que tiene que afrontar el sector en la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, reclamando al Gobierno de la Junta que abandone la vía de la unilateralidad y la imposición, abriendo un proceso de diálogo para alcanzar una Alianza en defensa del comercio andaluz, que apueste por buscar mecanismos que, ante la actual pandemia, permita que no se destruya tejido empresarial y empleo, garantice la seguridad de personas consumidoras y plantillas y permita competir en iguales condiciones a los diferentes formatos comerciales.

El sindicato hace un llamamiento al Gobierno autonómico para que no siga “de brazos cruzados” y, dentro de las competencias autonómicas, busque “soluciones a los problemas de los andaluces y andaluzas en el marco del Dialogo Social”. “Es más necesario que nunca que el Gobierno escuche, a los representantes de los trabajadores y trabajadoras y a la patronal andaluza”, ha señalado el sindicato, porque “urge una respuesta compartida. No hay tiempo que perder para proteger a las personas trabajadoras y sus empleos, a las empresas y a la economía andaluza, que se encuentran fuertemente dañada por esta crisis sanitaria”. CCOO de Andalucía afirma que esta crisis “deja más que patente que donde priman las políticas neoliberales y los mercados, los ciudadanos y ciudadanas son más débiles”. Por eso, entre las propuestas destaca reforzar los servicios públicos, “que son los que han demostrado ser indispensable y ser el verdadero salvavidas de la ciudadanía”, garantizar la salud de las personas trabajadoras, establecer mecanismos de protección para aquellas personas que han perdido el empleo o que no disponen de recursos para satisfacer sus necesidades básicas.

Tras esta crisis sanitaria, laboral, social y económica de magnitud insospechada no podemos volver al sistema que teníamos que se ha mostrado inoperante, insuficiente e insostenible, tenemos la oportunidad de configurar un modelo social y económico nuevo, donde prime el bien común y la escala de prioridades no la marque el consumo indiscriminado, donde se revaloricen todos estos trabajos y otros muchos que generan un aporte importante a la riqueza y al PIB de nuestro país. Un modelo sostenible con el medio ambiente y un reconocimiento de toda actividad laboral de forma más justa. Un modelo igualitario.

Los pasos venideros obligarán a impulsar un plan de reactivación económica de largo recorrido que recupere el empleo y los salarios y que afronte la siguiente emergencia a la que tendremos que entregar todos nuestros esfuerzos: la social y la económica. El próximo periodo requerirá de grandes consensos y generosidad para superar este trance. El Gobierno tendrá que poner en el centro propuestas políticas en pos del bien común y la parte empresarial debe contribuir a ello. Es la hora de la corresponsabilidad y de la fraternidad.

Nadie sabe con exactitud cuál será la magnitud de esta crisis y el impacto que produzca en la economía y en nuestras vidas, pero las primeras consecuencias ya las tenemos en nuestra comunidad autónoma, que concentra el 45,8% de la subida del paro en toda España.

Puedes consultarnos y/o denunciar escribiéndonos a sdefensa@and.ccoo.es; o acudiendo a tu sede de CCOO más cercana.

La secretaria de la Mujer, Yolanda Carrasco, explica qué es un plan de Igualdad, a quién beneficia y por qué las empresas deben dotarse de ellos.