Visita este enlace: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Visitar este enlace: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/Franjashorarias.jpg

Visitar este enlace: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/2020_04_26_COVID19_Salidas_ninos.pdf

Visitar este enlace: https://madrid.ccoo.es/noticia:480055--Medidas_de_prevencion_para_la_desescalada_en_comercio_4_5_2020_&opc_id=ad059b75766b8c75f7ef6404dbd38804

Visitar el siguiente enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Pueden salir los menores de 14 años en la franja horario de 12:00 a 19:00 horas con estas condiciones:

• Máximo 3 menores acompañados de una persona adulta y bajo su supervisión

• Máximo a un kilómetro del domicilio habitual y durante 1 hora

• Podrán llevar juguetes pero no los compartirán. Tampoco utilizarán juguetes (incluidos columpios, etc) que se encuentren en la vía pública

• No podrán ir a parques infantiles, de recreo, etc., cerrados por el estado de alarma actual

Solo está permitida la movilidad para ir al trabajo, hacer la compra en un supermercado o tienda de alimentación, echar gasolina, acudir al estanco o para ir a entidades financieras y de seguros. También puedo acudir a quioscos de prensa, librerías, papelerías, farmacias, lavanderías, droguerías, ópticas y tiendas de productos ortopédicos, así como los establecimientos especializados en equipos tecnológicos y de telecomunicaciones o comida para mascotas podrán abrir al público.

Tras la modificación del RDL 8/2020 que se realiza por el RD 465/2020 de fecha 18 de marzo también puedo acudir a clínicas y centros veterinarios.

Se puede igualmente sacar a animales de compañía pero exclusivamente para la realización de sus necesidades.

Están también justificados los desplazamientos para la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Además, el veto a circular no se limita solo a vías públicas, sino que se amplía a cualquier espacio de uso público, como las playas, por ejemplo.

• Andando, en bici o moto, no siendo obligatorio llevar mascarilla

• En transporte público siendo obligatoria la utilización de mascarillas

A tener en cuenta:

• En un turismo de 4/5 plazas, podrán viajar un máximo de 2 personas

• En vehículos de hasta 9 plazas (incluida la del conductor) que tengan tres filas, podrán viajar un máximo de 3 personas

• Nunca más de una persona por fila de asientos.

Estas distancias no se aplican si residen en el mismo domicilio.

• Situarse en diagonal para mantener la mayor distancia posible y garantizar la distancia física de seguridad

• Se recomienda el uso de la mascarilla.

Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes.

Sí, tras la modificación del RDL 8/2020 que se realiza por el RD 465/2020 de fecha 18 de marzo, un adulto puede ir al supermercado o farmacia con menores siempre que sea el único que está a su cuidado. El resto de desplazamientos con los menores no se permite máxime los parques y áreas deportivas y de recreo permanecerán cerrados, al igual que los cines, los museos o los parques de atracciones.

También puede acompañar a los más mayores al médico en el mismo supuesto.

En esa situación usted continuará percibiendo su salario y, por tanto, no tiene que solicitar nada en el SEPE ni inscribirse como demandante de empleo. Su contrato de trabajo no se ve alterado por esta medida.

A día de hoy no se exige llevar ningún justificante ni certificado de la empresa que habilite a la persona trabajadora para desplazarse al trabajo. Ni las autoridades lo están requiriendo, ni se obliga por ninguna norma. No obstante sería recomendable solicitarlo a la empresa para mayor seguridad. Eso sí, los agentes “podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias"; es decir, nos pueden pedir DNI y preguntar a dónde nos dirigimos, o cualquier otro extremo.

Si se solicita por parte de la persona trabajadora dicho certificado recomendamos contenga al menos: nombre y apellido de la persona trabajadora, empresa y dirección del centro de trabajo y horario laboral, con sello o firma de representante de la empresa.

Sí. Las sanciones oscilan entre 100 y 600.000 euros o prisión de tres meses hasta un año, según la gravedad de la infracción.

La empresa deberá realizar las labores de limpieza como venía siendo habitual, si bien es recomendable reforzar la limpieza de superficies, pasamanos, pomos, teclados, etc. Igualmente se debe intentar sustituir los agentes de limpieza habituales por otros de mayor eficacia. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes. La lejía con agua es eficaz. Es aconsejable usar la dilución recién preparada. Hay que fijarse en la concentración de lejía que señala la etiqueta del producto:

* Lejía comercial de 50 g/l: añadir 25 ml de lejía en 1 litro de agua. Equivale a una cuchara y media sopera de lejía por litro de agua.

* Lejía comercial de 40 g/l: añadir 30 ml de lejía en 1 litro de agua. Dos cucharas soperas.

Si se confirma algún caso de contagio por coronavirus en el centro de trabajo, que consecuentemente se necesitará la limpieza en profundidad del espacio de trabajo donde haya permanecido la persona contagiada.

El “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 08.04.2020” señala como colectivos de riesgo: 

• Personas con diabetes.

• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión.

• Enfermedad pulmonar crónica.

• Inmunodeficiencia.

• Cáncer en fase de tratamiento activo.

• Embarazo.

• Mayores de 60 años

La persona trabajadora que pertenezca a uno de estos colectivos tiene que informar de su condición al servicio médico del servicio de prevención de su empresa, para, en su caso, declararle persona trabajadora especialmente sensible.

El servicio de prevención elaborará un informe en el que deje constancia la condición de colectivo de riesgo, el escenario de riesgo de exposición y las medidas de prevención necesarias. El servicio de prevención ante la imposibilidad de adaptación del puesto de trabajo, o de protección adecuada que evite el contagio o de reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al SARS-CoV-2 deberá elaborar un informe que entregará a la persona trabajadora.

Con el informe, el médico/a de atención primaria procederá al estudio individual del caso y si lo considera extiende la baja como enfermedad común, utilizando unos códigos predeterminados, a similitud de los casos de positivos o de cuarentena. De este modo, el INSS lo traslada a la mutua para que proceda al pago de la prestación como contingencia profesional.

En el Anexo IV y V del "Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19)08.04.2020" se incluye una GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS Y CUANDO NO LO SON. Consultar en:
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

No, los médicos/as de atención primaria del sistema público de salud extienden la baja por enfermedad común, salvo para aquellos trabajadores/as en los que el sistema público de salud sea su mutua.

En el parte de baja se incluyen unos códigos predeterminados de identificación de la enfermedad.

El INSS, cuando recibe el parte de baja da traslado de esta información a las entidades colaboradoras con la Seguridad Social, es decir a las mutuas, para que procedan al pago de la prestación económica como si fuese contingencia profesional. Esto supone que se abona a la persona trabajadora el 75% de la base reguladora de la contingencia profesional, en lugar del 60 % de la base reguladora por contingencia común que correspondería por enfermedad común.

No hace falta. El/la profesional médico del sistema público de salud de atención primaria emite la baja por contingencia común con unos códigos específicos de enfermedad.

El INSS recepciona todas las bajas que emiten los sistemas públicos de salud por medios telemáticos.

Con la información recibida por el INSS, para los casos que corresponda (quien padece cuarentena y las personas especialmente sensibles sin posibilidad de cambio de puesto), se da traslado a la mutua que corresponda para que articule el pago como contingencia profesional.

No hay que ir a la mutua. Es el INSS quien se comunica telemáticamente con las entidades colaboradoras, con el fin de organizar el pago de la prestación económica.

En este caso, tanto la baja como el alta y el seguimiento asistencial (cuando corresponda) corren a cargo del sistema público de salud.

Los plazos de atención y seguimiento se han establecido, en principio, entre 5 y 30 días, acorde a la clasificación de procesos que establece el RD 625/2014.

El primer parte de confirmación no excederá del plazo de 7 dí́as naturales y los sucesivos no más de 14 días naturales posteriores.

La edad, embarazo o cualquier otra situación de vulnerabilidad establecida en el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 08.04.2020” supone una situación de riesgo, por lo que las personas son más vulnerables a los efectos del Covid-19.

Si el servicio de prevención de riesgos laborales informa de que no hay alternativa preventiva, correspondería la baja si así lo determina el médico de atención primaria individualmente para cada caso.

Cualquier combinación de vulnerabilidad (por ejemplo más de 60 años y e hipertensión) hace que sea más recomendable la baja, cuando hay ausencia de medidas preventivas que garanticen la protección de la persona trabajadora.

Las personas trabajadoras con COVID-19 o en situación de aislamiento decretado por las autoridades sanitarias, tienen la consideración de personas de baja (Incapacidad Temporal) en una situación asimilada a accidente de trabajo (a los solos efectos económicos).

Desde el 7 de abril además los casos de contagio, periodos de aislamiento o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19, cuando se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se calificará como accidente de trabajo.

Es decir que, con carácter general ,se supone que las personas trabajadoras contagiadas, en aislamiento preventivo decretado por las autoridades sanitarias o con restricciones para acudir a su centro de trabajo, tienen derecho a cobrar una prestación del 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja.

En los casos en los que se considere accidente de trabajo será a todos los efectos: cobro de la prestación, recargo de prestaciones, ayudas diversas, etc.

A través del criterio 4/2020 sobre aplicación del Real decreto 6/2020 se reconoce la retroactividad para aquellos periodos de aislamiento o contagio que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2020, es decir con anterioridad al 10 de marzo.

En aquellos casos sin diagnosticar en los cuales la empresa envía a la persona trabajadora a casa para realizar la cuarentena por prevención y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias(llamar al teléfono de atención sanitaria, etc), no se considerará a la persona trabajadora en situación de baja y por tanto la empresa, en la medida de lo posible, deberá:

Exonerar de trabajar a la persona trabajadora mediante permiso retribuido documentado para evitar el contagio entre las personas trabajadoras de la plantilla, dada la existencia de una causa concreta temporal y justificada.

Facilitar la adopción de medidas que permitan la realización del trabajo desde el domicilio (teletrabajo) de manera temporal debiendo alcanzarse un acuerdo y no pudiendo imponerse unilateralmente y, en todo caso, no puede suponer unas condiciones laborales inferiores. La empresa debe aportar todas las herramientas necesarias para el trabajo en casa.

En el momento que sea diagnosticado como positivo en coronavirus por las autoridades sanitarias la baja será como situación asimilada a accidente de trabajo en la prestación económica, o como accidente de trabajo a todos los efectos(en caso de que sea por causa exclusiva del desempeño de trabajo) y se considerará desde el momento del inicio del aislamiento.

Serán emitidos siempre por el médico del Servicio Andaluz de Salud (nunca por las Mutuas), tanto en los casos de aislamiento como de enfermedad por contagio. Para que el Médico de Atención Primaria pueda proceder a emitir un parte de baja laboral ya sea por aislamiento preventivo o por enfermedad, es preciso que éste sea indicado por parte de la Autoridad Sanitaria en Salud Pública.

Al tratarse de una situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente a los solos efectos de la prestación económica de incapacidad temporal, la empresa NO TIENE QUE EMITIR parte de accidente de trabajo en estas situaciones de IT por periodos de aislamiento o contagio por el virus COVID-19.

Dado que la persona trabajadora se encuentra en aislamiento en la mayoría de los casos, no es necesario su desplazamiento al centro de salud. Tras llamar al número habilitado por la Junta de Andalucía, tras la visita de los médicos de urgencia a domicilio a las personas trabajadoras en aislamiento preventivo deberán comunicar por correo electrónico a los facultativos de Atención Preventiva y a la Inspección de Servicios Sanitarios qué personas trabajadoras pueden recibir la prestación para que se haga efectiva. Estas bajas las comunica el sistema público de salud al INSS y éste se encargará de la comunicación a la mutua a efecto de pagos.

Con carácter general la duración estimada será entre 5 y 30 días naturales(procesos de corta duración conforme al RD 625/2014) a criterio del médico. El parte de baja y los de confirmación podrán ser emitidos sin la presencia física de la persona trabajadora.

Desde el día en que se determine el aislamiento o la enfermedad, con independencia de que el parte de baja se emita con posterioridad a esa fecha.

Es imprescindible encontrarse en situación de alta en la Seguridad Social en la fecha en la que se determine la enfermedad o el aislamiento. Si bien, no hace falta tener ningún periodo cotizado previamente.

Será del 75% de la base reguladora (base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior al hecho causante) y siempre a cargo del Sistema de Seguridad Social.

Sí, pero solo en el caso de que el convenio colectivo de referencia de la persona trabajadora incluya una cláusula por la que la empresa complementa la prestación en la cuantía que establezca o hasta sumar su sueldo completo.

Sí, a cargo de la empresa y de la persona trabajadora, en los mismos términos que en cualquier situación de incapacidad temporal.

Toda la asistencia sanitaria la realiza el Sistema Andaluz de Salud.

Un ERTE es una suspensión de los contratos de carácter temporal, aunque también se puede traducir en una reducción de la jornada. Lo regula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Por su parte, el expediente de regulación de empleo o ERE está definido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET) como “despido colectivo”.

Si te ves afectado por alguno de ellos contacta para asesoramiento con el sindicato.

Los ERTEs se pueden alegar por:

• Causas económicas, técnicas, como son los cambios en los métodos de producción; causas organizativas, cuando se producen como consecuencia de cambios en los sistemas y métodos de trabajo del personal o el modo de organizar la producción; y causas productivas, como el caso en que se dan variaciones en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende comercializar. En estos casos, se deberá realizar un periodo de negociaciones con la representación sindical de un mínimo de 15 días.

• Por causa de fuerza mayor; Se entiende por fuerza mayor: los incendios, terremotos, inundaciones o a cualquier otra causa que dimane de un hecho externo ajeno a la actividad de la empresa, siendo esa situación imprevisible e inevitable. Conforme al nuevo RD podrían acogerse las empresas que tengan pérdidas por causa directa derivadas de las medidas adoptadas por el gobierno, esto es:

• Se vean obligadas a suspender o cancelar sus actividades, por cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y de la movilidad de personas o mercancías.

• Tengan falta de suministros que impidan gravemente continuar con la actividad.

• Y en situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados. En estos procedimientos no es necesario desarrollar el periodo de consultas pero la representación sindical ostenta la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento.

Sí, todas las personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan cotizado el periodo mínimo necesario para ello.

La actual regulación sobre las bajas asimiladas a accidente de trabajo solo valen para los casos de aislamiento o contagio por coronavirus decretadas por las autoridades sanitarias, es decir, para cuando te obligan a aislarte o estás enfermo. El ERTE, por otro lado, es una medida que pone la empresa ante una situación de crisis que afecta a su actividad, y se traduce en una suspensión de contrato por motivos de fuerza mayor. No es que se pueda elegir entre uno u otro.

Independientemente, la baja no consume paro y el ERTE sí.

No son dos opciones. Responde a dos casuísticas distintas.

• Se inicia mediante solicitud de la empresa, dirigida a la Autoridad laboral, acompañando informe relativo a vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y la documentación acreditativa de la situación y simultánea comunicación a la representación legal de las personas trabajadoras (RLT), quienes ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento. En los casos de empresas con más de un centro, los comités intercentros también tendrán competencias para ello.

Cuando la empresa tenga más de un centro de trabajo, esta podrá presentarlo centro a centro y en este caso será conforme al apartado anterior, o podrá presentar un solo expediente por todos los centros en cuyo caso ha de entenderse que, la condición de parte interesada también podrá realizarse con los sindicatos más representativos, incluidos los representativos sectoriales que tengan representación en las RLT. Cuando no exista RLT en las empresas afectadas, serán los sindicatos más representativos o una comisión nombrada por las personas trabajadoras.

La autoridad laboral podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que lo emitirá en el plazo improrrogable de 5 días (en el supuesto de que recabe informe de la Inspección de Trabajo, entendemos que este plazo debe de ser suspensivo). Por tanto la RLT deberá dirigirse como parte interesada a la autoridad laboral para exponer su informe sobre el procedimiento.

• Resolución de la Autoridad Laboral, que será expedida en el plazo de 5 días y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa.

• Comunicación de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

Solo serán de aplicación a los expedientes presentados a partir del día 18 de marzo de 2020 y conforme a la disposición adicional sexta las empresas que se acojan a las mismas están obligadas a garantizar el empleo durante seis meses.

• La iniciativa de la empresa debe estar fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y debe ser comunicada previamente a la autoridad laboral, por escrito a la RLT, ó en su defecto a los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a efectos de constituir una “comisión representativa”, en el plazo máximo improrrogable de 5 días. El número máximo de miembros de la comisión negociadora será el imprescindible para garantizar la representación y proporcionalidad de los citados sindicatos. De no conformarse la comisión representativa anterior, dicha comisión estará integrada por 3 personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores (elegidos democráticamente por mayoría).

• El periodo de consultas con la RLT o la “comisión representativa” no deberá exceder del plazo máximo de 7 días.

• El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días (en el supuesto de que recabe informe de la Inspección de Trabajo, entendemos que este plazo debe de ser suspensivo).

• Transcurrido el período de consultas, la empresa comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si existe acuerdo, trasladará una copia del mismo. En caso contrario, remitirá a la autoridad laboral y a la RLT la decisión final adoptada.

La decisión final de la empresa puede impugnarse bien individualmente por las personas trabajadoras afectadas, bien colectivamente por la RLT, así como por la autoridad laboral cuando el acuerdo alcanzado se ha hecho mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, iniciándose el cómputo de los plazos para ejercitar la reclamación, cuando se deje sin efecto el estado de alarma, estando los plazos procesales suspendidos en virtud del RD que lo decreta.

Solo serán de aplicación a los expedientes presentados a partir del día 18 de marzo de 2020 y conforme a la disposición adicional sexta las empresas que se acojan a las mismas están obligadas a garantizar el empleo durante seis meses.

No existe en la actual normativa ningún tipo de regla o criterio que sirva para determinar qué trabajadores pueden ser incluidos en un ERE o ERTE. En este sentido la normativa únicamente obliga a la empresa a que en el escrito de comunicación de apertura del período de consultas, consigne los siguientes extremos:

• Especificación de las causas que justifican el procedimiento.

• Número y clasificación profesional de las trabajadoras y trabajadores afectados.

• Número y clasificación profesional de las personas trabajadoras empleadas de forma habitual en el último año.

• Período previsto para la ejecución de las medidas.

• Criterios tenidos en cuenta para la designación de las personas trabajadoras afectadas.

Para garantizar el retorno al puesto de trabajo tras la aplicación del ERTE, desde CCOO exigimos que debe afectar a toda la plantilla, tanto fijos como temporales, a tiempo completo o parcial.

La relación laboral ni la antigüedad se ve modificada, no se trata de una extinción aunque no se tiene derecho a percibir finiquito por este motivo.

El ERTE es un caso de suspensión,la relación laboral no se encuentra finalizada, sino suspendida, por lo que la empresa no tiene que dar de baja a la persona trabajadora.

La persona afectada por un ERTE puede trabajar ya sea por cuenta ajena o cuenta propia, pero en este caso deberá comunicar esta situación ante el organismo correspondiente para que se paralice la prestación por desempleo puesto que no sería compatible.

En el supuesto de que la persona trabajadora se encuentre en situación de baja por maternidad o baja por paternidad, no le afectarán las medidas correspondientes al ERTE hasta que no se produzca su reincorporación, de manera que seguirá cobrando la prestación correspondiente.

Tienes que estar dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social. No se exige un período mínimo de cotización al desempleo, todos los afectados podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan cotizado el periodo mínimo necesario para ello.

Tienes que inscribirte en el SAE

Si nunca has estado registrada o registrado como demandante de empleo en el SAE debes darte de alta llamando por teléfono

Si, por el contrario, ya has estado alguna vez registrado como demandante de empleo puedes inscribirte a través de la web o de la app móvil.

No, este cobro no se tendrá en cuenta en el periodo de cálculo de posibles prestaciones futuras, será como si no se hubiera producido. Por ejemplo, si uno de los trabajadores afectado por un ERTE tuviera que pedir el desempleo dentro de un año, se considerará que no “ha gastado” esta prestación durante el ERTE por coronavirus.

El SEPE ha elaborado una hoja informativa en la que se detalla los pasos a seguir para cumplimentar la solicitud de prestación por desempleo por suspensión o reducción de jornada (ERTEs) consecuencia del COVID. La solicitud se presenta por la empresa de forma colectiva en nombre de sus trabajadores y trabajadoras.

El SEPE(Servicio Publico de Empleo Estatal):

• Reconocerá la prestación por desempleo aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

• Las personas trabajadoras no consumirán el tiempo de desempleo derivado de esta situación a los efectos de los períodos máximos de percepción establecidos.

Igualmente se reconoce un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:

1. La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.

2. La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

Si estas de baja y te incluyen en el ERTE, solo te afectará cuando vuelvas a estar de alta.

Si estas de vacaciones cuando aplican el ERTE, dejas de disfrutarlas y comienzan a aplicarte el ERTE.

Mientras se está de ERTE no se genera ni vacaciones, ni la parte proporcional de las pagas extras.

No todas. Sólo están exoneradas de la cuota a cargo de la empresa aquellas empresas incursas en un ERTE reconocido como de Fuerza Mayor por causa de Covid19. En estos casos, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y/o trabajadoras la exoneración alcanza el 100% de las cuotas a cargo de la empresa, y si la empresa tiene 50 o más trabajadores y/o trabajadoras la exoneración alcanza el 75% de las cuotas.

El resto de ERTE, incluidos los ERTE derivados de COVID19 reconocidos por causa económica, técnica, productiva u organizativa, no están exonerados del pago de las cotizaciones empresariales. De manera que estas empresas deben cotizar por el 100% de las cuotas a su cargo.

En cualquier caso se realizará una exoneración a las empresas siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad

Será la empresa la que se haga cargo de la cotización correspondiente al 25% de la base de cotización que por acuerdo con la RLT se haya alcanzado, te pagará la propia empresa para complementar tu prestación.

En el caso de que sea un ERTE con suspensión total de actividad:

Lo que procede es una suspensión temporal de la prestación puesto que el riesgo ha cesado, y se percibirá la prestación por desempleo correspondiente, una vez finalizado el ERTE y se produjera la reincorporación, si se sigue manteniendo el riesgo se reanudaría el cobro de la prestación por riesgo.

En el caso de que sea un ERTE con reducción de jornada

En estos casos, se puede compatibilizar la prestación por riesgo con la prestación por desempleo correspondiente, en la parte proporcional a la jornada que se vea reducida.

La regulación es la misma en el caso de que se trata de riesgo por lactancia.

En este caso la prestación de la Seguridad Social que se tiene por este motivo también cesa en el caso de que la persona trabajadora que ostente dicha reducción se vea afectada por el ERTE y pasará por tanto a percibir el desempleo, deberá comunicarlo por tanto también Dirección Provincial de la Seguridad Social.

Debe estar afectado por la declaración del estado de alarma y el coronavirus.

En el caso de que se te haya hecho un ERTE ordinario tendrás que:

• Estar en situación legal de desempleo.

• Inscribirse como demandante de empleo (por teléfono SAE o por la app), mantener dicha inscripción mientras esté percibiendo la prestación y cumplir el compromiso de actividad que se incluye en la solicitud.

• Para percibir prestación contributiva, tiene que haber trabajado y cotizado al desempleo al menos 360 días, dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo y no haber utilizado las cotizaciones de dicho periodo para una prestación anterior.

• Si ha cotizado un periodo inferior a 360 días, podrá percibir el subsidio por desempleo si, además de cumplir el resto de requisitos exigidos, no tiene rentas superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional vigente, sin tener en cuenta la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

• No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse, salvo que su contrato se haya suspendido o se haya reducido su jornada diaria de trabajo.

• No realizar una actividad por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, salvo compatibilidad establecida por un programa de fomento de empleo.

• No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

• En caso de suspensión del contrato, esta debe estar acordada en el correspondiente procedimiento, ser temporal y estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, o de fuerza mayor.

• En caso de reducción de jornada de trabajo, esta debe haber disminuido temporalmente entre un 10 y un 70%, con una reducción análoga del salario, ser acordada en el correspondiente procedimiento y estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

En el supuesto de reducción de jornada que de lugar a desempleo parcial (sólo durante unas horas al día), el consumo de la prestación generada se producirá por horas y no por días. A tal fin el porcentaje consumido será equivalente al de reducción de jornada.

Por ejemplo, si como consecuencia del ERTE tu jornada de trabajo se ha reducido un 50% la cuantía de la prestación contributiva por desempleo será del 50% a la que me hubiese correspondido en caso de desempleo a jornada completa. Si este ERTE afectase al mes de marzo de 2020, tendrías derecho a percibir la prestación de desempleo durante 16 días* (15,5 días que equivalen al 50% de los 31 días que tiene este mes).

En el supuesto de reducción de jornada que de lugar a desempleo parcial (durante algunos días de la semana), el consumo de la prestación generada también se producirá por horas y no por días.

Cuando el periodo de suspensión de trabajo afecta exclusivamente a determinados días laborables del mes, a efectos del pago y consumo de la prestación por desempleo, dichos días laborables se multiplican por el coeficiente 1,25.

Así pues, en estos casos, por cada día de suspensión que se perciba prestación de desempleo, se consume un día de derecho.

Dicho coeficiente se aplicará sobre el total de los días laborables del mes, sin que en ningún caso la suma de los días a percibir por el trabajador en concepto de salarios y de prestaciones por desempleo pueda superar los días naturales de dicho mes

Por ejemplo, si como consecuencia del ERTE, tienes suspendida tu relación laboral durante 2 días alternos a la semana (miércoles y viernes) en marzo de 2020, esto supone un total de 8 días, aplicando el coeficiente del 1,25 los días de pago de la prestación se verían aumentados en 10 días de pago y consumo de prestación (8 días x 1,25 = 10).

En el caso de ERTES por Coronavirus, la regulación establece que su duración se podrá extender tanto tiempo como dure la situación de alarma, sin límite específico.

En el caso de ERTES ordinarios, por causas económicas, productivas u organizativas, la regulación permite utilizar esta figura para reducir la jornada anual entre un 10% y un 70%, por tanto, las empresas que opten por suspender completamente su actividad laboral podrían mantener esta situación un máximo de 8,4 meses.

Durante todo el tiempo que se mantenga la suspensión completa de actividad laboral, podrás percibir la prestación contributiva de desempleo completa.

Por ejemplo, si como consecuencia del ERTE tienes suspendida su relación laboral durante todo el mes de marzo, esto es, un total de 31 días, la prestación contributiva de desempleo la percibirás durante 31 días en los que tenga suspendido el contrato de trabajo.

Sí, es compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo que como consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de regulación temporal de empleo, pudiera tener derecho a percibir.

Durante la permanencia del estado de alarma el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en lo previsto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, esto es que se ve afectada por un expediente de regulación de empleo.

En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo que tramite la empresa, ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectará a la persona trabajadora beneficiaria de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.

A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el expediente de regulación temporal de empleo. Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.

Dado que mantiene otro trabajo a tiempo completo se da una situación de incompatibilidad que no le permite acceder a las prestaciones por desempleo. No tendrá derecho a la prestación por desempleo mientras continúe esa situación.

Sí, ya que se reconoce el derecho a la protección contributiva por desempleo a las personas afectadas por estos ERTEs aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo para ello.

El SEPE ha emitido una instrucción con fecha 6 de abril en la que se explica a las empresas que en estos casos deben identificar los expedientes utilizando como nombre de los archivos el Código Cuenta Cotización del centro de trabajo, con sus quince dígitos (EJEMPLO: 011101123456789).

El registro adecuado del ERTE resulta un trámite necesario que posibilita a los trabajadores/as afectados el acceso a las prestaciones de desempleo.

El SEPE ha emitido una instrucción con fecha 6 de abril en la que se explica que las empresas deben incluir en los ERTE sólo a los trabajadores en activo en la fecha de la suspensión o reducción de jornada y no a los que estén en IT, maternidad, paternidad, excedencia o situaciones similares.

Si en los siguientes días hubiera nuevas incorporaciones de trabajadores para un mismo centro de trabajo, se remitirán envíos sucesivos, siempre y cuando no se incluya en ellos a personas sobre las que ya se informó en un envío anterior.

Para realizar modificaciones sobre información ya remitida y procesada la empresa deberá ponerse en contacto con la Dirección Provincial del SEPE competente en cada caso, en función del domicilio del trabajador de que se trate.

El ERTE por fuerza mayor se entenderá prorrogado hasta la nueva fecha de fín del estado de alarma. La prestación de las personas trabajadoras en un ERTE por fuerza mayor se ampliará de oficio por el SEPE sin que empresa ni personas trabajadoras tengan que hacer ningún trámite.

Sí que puede acceder a la prestación por desempleo, pero de la cantidad a percibir se le descontará la parte proporcional al tiempo que trabaja en el contrato que mantiene.

Podrá acceder a la prestación por desempleo por el contrato afectado por la suspensión o reducción de jornada siempre que el trabajo en el servicio doméstico sea a tiempo parcial. En ese caso se le deducirá del importe de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado en el contrato de empleados de hogar que mantiene.

No tiene que reanudar su prestación, sino que podrá percibir una nueva durante el tiempo en que su contrato se encuentre suspendido por el Covid-19, sin consumir la anterior. Si en el futuro volviera a quedarse en desempleo, a fin de determinar su derecho, se actuará como si ahora no se le hubiera reconocido este. Podrá reanudar la prestación que en su día suspendió o, en su caso, solicitar una nueva.

Se le reconocerá una prestación contributiva por desempleo, y la percibirá mientras se mantenga su contrato suspendido o reducida su jornada por esta causa. El subsidio interrumpido podrá reanudarlo cuando se vuelva a encontrar en situación legal de desempleo, salvo que entonces tenga derecho a una prestación contributiva.

Sí, dejará de cobrar la RAI a tiempo parcial y empezará a cobrar la prestación contributiva por desempleo durante el tiempo en que se encuentre afectado por la medida.

La prestación regulada en el Real Decreto-Ley 8/2020 es extraordinaria y aplicable solo a personas que vean suspendido su trabajo o reducida su jornada a causa de un ERTE derivado del Covid-19. Si usted no se encuentra en este supuesto extraordinario deberá haber cotizado un mínimo de 360 días, en los 6 últimos años, para acceder a una prestación contributiva por desempleo. Sin embargo, es posible que pueda acceder a un subsidio por cotizaciones insuficientes.

No, su base reguladora será el promedio de las bases del periodo inferior a 180 días que ha trabajado al amparo de la relación laboral suspendida o reducida como consecuencia del COVID-19.

Si por las horas que todavía trabajaba le conceden un permiso retribuido recuperable, será la empresa la responsable de abonarle el salario correspondiente a las mismas, y usted tendrá que recuperar esas horas de trabajo antes de finalizar el año. El SEPE le abonará las prestaciones que corresponden a las horas no trabajadas en aplicación de la reducción de jornada que le hicieron.

Como persona trabajadora no tengo que solicitar nada, la prestación por desempleo se hará de oficio entre empresa y SEPE. Será la empresa quien, a través de una solicitud colectiva, envíe la información al SEPE de todos sus trabajadores afectados por el ERTE causado por la crisis económica del Covid-19.

1. Darte de alta en SAE (teléfono o app)

2. Solicitar cita al SEPE para iniciar tú el expediente para la prestación (internet si tienes certificado digital o Cl@ve, o bien pidiendo cita previa) o rellena el formulario de pre-solicitudpara las prestaciones por desempleo para personas trabajadoras que han finalizado su contrato o han sido despedidas, no para las afectadas por ERTE que puedes encontrar en la Sede Electrónica del SEPE

3. Esperar que te responda el SEPE para valorar tu expediente

Como persona trabajadora no tengo que solicitar nada, se prorroga automáticamente

Se le atenderá lo antes posible, poniéndose en contacto con usted un gestor, si hiciera falta para recabar alguna información. No se debe presentar la solicitud más de una vez porque eso solo serviría para que se colapsara el sistema, ya de por sí saturado.

Si ya tenía cita previa asignada no tiene que solicitar una nueva ahora. Efectivamente, un gestor del SEPE se pondrá en contacto con usted vía telefónica o bien por correo electrónico, si disponemos de ese dato en nuestros registros.

Es un derecho individual, de conciliación a todos los efectos. Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran las circunstancias excepcionales con la reducción proporcional de su salario, salvo por las peculiaridades que se exponen a continuación, esta reducción especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores así como por el resto de normas que atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que acceden a los derechos establecidos en estos preceptos.

Tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma:

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora. El decreto indica consanguinidad, no afinidad, lo cual incluye estrictamente padre y madre, hijos o hijas, abuelos y abuelas, hermanas y hermanos, nietos y nietas. Cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales:

• Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.

• Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.

• Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse, siempre teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19:

1. A la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo.

2. A cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada,

3. cambio de centro de trabajo,

4. cambio de funciones,

5. cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100% el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa. En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida.

Dicho derecho ha elevado hasta el 100% el permiso, pero con la pérdida salarial proporcional a la reducción. Por lo cual no ha solucionado el problema de conciliación, toda solicitud de reducción de jornada lleva la proporcional pérdida de salario.

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación del presente artículo serán resueltos por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

De este modo, no hay modificación legal al respecto, en caso de que no se atienda a la persona trabajadora en su solicitud será necesaria la reclamación, habida cuenta que los plazos procesales tanto para el arbitraje como judiciales están suspendidos, con lo que el tiempo de atender a las necesidades concretas no podrá ser atendida en el momento oportuno.

En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

La empresa está obligada a cumplir con los protocolos de seguridad en cuanto al número de personal en cada turno, distancia de seguridad entre ellas/os y las correspondientes medidas de seguridad e higiene y, en base a ello, puede hacer cambios en las jornadas.

En ese caso, dicho cambio ha de ser notificado por escrito y expresando concretamente que será únicamente durante el tiempo que dichas medidas de seguridad se establezcan como obligatorias. Una vez finalizadas, la persona trabajadora retornará al régimen de su jornada de trabajo habitual.

No. Todas las demandas de empleo permanecerán en alta y se renovarán automáticamente. Esta situación se mantendrá mientras dure el estado de alarma.

Si nunca has estado registrada o registrado como demandante de empleo en el SAE debes darte de alta llamando por teléfono.

Si, por el contrario, ya has estado alguna vez registrado como demandante de empleo puedes inscribirte a través de la web o de la app móvil

Sí, también en estos casos, y en el subsidio, se han suspendido los plazos en la presentación de solicitudes.

Además, del 27 de febrero al 31 de diciembre de 2020, el Real Decreto-Ley 5/2020 prevé la posibilidad de acceder con 20 jornadas reales al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura

Sí, el RDL 8 2020 reconoce el derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad para personas trabajadoras autónomas

Cualquier trabajador o trabajadora por cuenta propia inscrita en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de emergencia o cuya facturación este mes caiga un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.

No, para solicitar esta prestación, no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización exigido para otras prestaciones, sólo es necesario estar de alta en alguno de los regímenes y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales.

Con esta ayuda podrás recibir una cuantía de, no menos de, 660€ y previsiblemente quedes exento o exenta de pagar tu cuota.

La gestión para la prestación extraordinaria por cese de actividad corresponderá a la mutua que la persona trabajadora por cuenta propia tenga contratada

Sí, siempre que hayas cotizado por desempleo, y se te reconoce las mismas medidas que para trabajadores afectados por un ERTE.

Sí, siempre que hayas cotizado por desempleo, y se te reconoce las mismas medidas que para trabajadores afectados por un ERTE.

El trabajo por cuenta propia es incompatible con las prestaciones o subsidios por desempleo. Si se encontrara dado de alta como trabajador autónomo en la fecha en la que quede afectado por la medida o en la fecha en la que le nacería el derecho, no tendría derecho pues no se encontraría desempleado.

Sí, tienes derecho a prestación por desempleo o subsidio, siempre que cumplas con el tiempo mínimo exigido.

En este caso tienes que solicitar tú la prestación, puedes hacerlo por internet si tienes certificado digital o Cl@ve, o bien pidiendo cita previa, el personal del SEPE se pondrá en contacto contigo.

El SEPE ha habilitado en su Sede Electrónica un formulario de pre-solicitud para las prestaciones por desempleo para personas trabajadoras que han finalizado su contrato o han sido despedidas, no para las afectadas por ERTE.

En muchas ocasiones van a necesitar la valoración de nuestro expediente desde la oficina SEPE, con datos personales y concretos. El procedimiento es solicitar cita y esperar la llamada del personal técnico que llevará tu expediente.

Como sabemos estamos en una situación excepcional, son miles de expediente que se debe gestionar por las trabajadoras y los trabajadores del SEPE, que en primer lugar debe trabajar en situación que garantice su salud, por lo que podemos suponer que están desbordados, pero en la medida de los recursos disponibles se irán poniendo en contacto con cada una de las citas, garantizando el servicio.

Se están tomando medidas para reforzar el servicio telefónico y abrir nuevos canales de tramitación.

No, las prestaciones por desempleo o subsidios durante este período permanecerá en alta sin necesidad de acudir a su Oficina a renovarla.

En el caso del subsidio se prorrogarán automáticamente transcurrido los seis meses.

Sí, se te repondrá la prestación por desempleo hasta 90 días, pide cita en el SEPE y se pondrán en contacto contigo.

Si las trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos están dentro de un ERTE de fuerza mayor o de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se incluirán en la solicitud colectiva. Si la empresa no ha presentado un ERTE ante la autoridad laboral, cada persona trabajadora deberá solicitar su prestación individualmente.

No, ese procedimiento es excepcional y está solo dirigido a las empresas que se han acogido a un ERTE de suspensión o de reducción de jornada. La empresa sí que deberá emitir los certificados de empresa para esas personas trabajadoras.

SÍ, podrá percibir la prestación contributiva por desempleo, y cuando vuelva a encontrarse desempleado o desempleada involuntariamente y solicite la reanudación de la prestación que se le reconozca ahora, se le volverá a poner al cobro lo que se le haya pagado, con un máximo de 90 días, como si no lo hubiera percibido.

Si tiene periodo cotizado suficiente dentro de los seis años anteriores que no haya utilizado para el reconocimiento de un derecho anterior, puede cobrar de nuevo el paro. Solicite a la empresa la emisión de un certificado de empresa en el que haga constar la imposibilidad de reincorporación como consecuencia del coronavirus. Cuando vuelva a encontrarse desempleado o desempleada involuntariamente, si solicita la reanudación de la prestación que se le reconozca ahora, se le volverá a poner al cobro lo que se le haya pagado, con un máximo de 90 días, como si no lo hubiera percibido.

Sí, puede continuar cobrando el paro. Para ello, solicite a su empresa un certificado de empresa en el que haga constar la imposibilidad de reincorporarse como consecuencia del coronavirus. Si agotara el paro y continuara por este motivo sin poder incorporarse a su puesto de trabajo, una vez cumplido el plazo de espera de un mes, podrá obtener el subsidio por desempleo, siempre que cumpla todos los requisitos para ello. Y, cuando vuelva a encontrarse desempleado o desempleada involuntariamente, se le volverá a poner al cobro lo que se le pague ahora, con un máximo de 90 días, como si no lo hubiera percibido.

Si tiene algún derecho a protección por desempleo suspendido o periodo cotizado al desempleo suficiente dentro de los seis años anteriores que no haya utilizado para el reconocimiento de un derecho anterior, solicite. Debe remitirse al SEPE el certificado de empresa en el que se haga constar la imposibilidad de reincorporación como consecuencia del coronavirus. Cuando vuelva a encontrarse desempleado o desempleada involuntariamente, si solicita la reanudación de la prestación que se le reconozca ahora, se le volverá a poner al cobro lo que se le haya pagado, con un máximo de 90 días, como si no lo hubiera percibido.

Pueden acceder a este subsidio extraordinario derivado del COVID19 aquellas empleadas del hogar que estén dadas de alta antes del 14 de marzo y que a partir de esa fecha (14 de marzo) hayan sido despedidas, o su actividad profesional haya sido suspendida por la persona empleadora, total o parcialmente.

El subsidio deberá solicitarse presentando el formulario disponible en la sede electrónica (SEPE) debidamente cumplimentado. https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html

La solicitud se acompañará de la declaración responsable firmada por la persona o personas empleadoras, en la que se confirme que los datos consignados por la persona trabajadora en la solicitud sobre la relación laboral que les une son ciertos.

La declaración responsable del empleador o titular del hogar familiar acredita y declara que la persona trabajadora ha dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en el domicilio del empleador con motivo de la crisis sanitaria.

En el supuesto de despido, para acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos para acceder al subsidio deberá aportarse junto a la solicitud, bien la carta de despido, bien la comunicación del desistimiento de la persona empleadora, o bien la documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. En este caso no será necesario aportar la declaración responsable de la persona empleadora.

El subsidio supondrá el 70% de la base reguladora, es compatible con otras actividades siempre que no se supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 950 euros mensuales.

Son causas de incompatibilidad:

a) Ser beneficiario del subsidio por incapacidad temporal.

b) Haber disfrutado del permiso retribuido recuperable por el que se regula un permiso para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

c) La realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena iniciadas con posterioridad a la solicitud del subsidio extraordinario por falta de actividad cuando la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de las actividades sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

En este caso la cuantía del subsidio se calculará tomando en consideración todas las relaciones laborales que se han visto afectadas por despido o suspensión de la actividad. En cada uno de estos contratos se aplicará la fórmula del 70% de la base reguladora que, a su vez, está referenciada en la base de cotización del mes anterior, y se sumarán todas ellas para establecer la cuantía total de la prestación que nunca superará el Salario Mínimo Interprofesional, excluidas las pagas extraordinarias (950 euros/mes).

A partir de la fecha en que se produzca la reducción total o parcial de la actividad, o a partir del día en que se extinga la relación laboral.

A estos efectos, se entenderá por fecha efectiva de nacimiento del derecho la que conste en la declaración responsable suscrita por el empleador cuando el hecho causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad Social en el caso de extinción de la relación laboral.

Hay que tener en cuenta que durante la percepción del subsidio no habrá cotización a la Seguridad Social.

Una vez presentada la solicitud y a la vista de los datos y de la documentación presentada y una vez comprobados todos los requisitos formales se dictará resolución expresa y notificará el reconocimiento o denegación del derecho al subsidio.

La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Una vez aprobado, detalla la resolución, se cobrará los días 10 de cada mes durante todo el tiempo que dure la medida.

Puedes acceder a este subsidio excepcional si tu contrato temporal se ha extinguido con posterioridad al 14 de marzo y este tenía una duración prevista de, al menos, dos meses de duración. Se incluyen los contratos de interinidad, formativos y de relevo, así como los contratos de puesta a disposición de las personas trabajadoras en empresas de trabajo temporal (ETT). Tendrás igualmente que acreditar que tus ingresos son inferiores al 75% del SMI y, que los de la unidad familiar dividida entre sus miembros son inferiores al 75% del SMI.

La cuantía es del 80% del IPREM (430 euros) y, en principio, la prestación será de un mes por la situación extraordinaria del estado de alarma, aunque puede ser ampliable.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establecerá en el plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor del RDL 11/2020 (2 de abril), el procedimiento para la tramitación de solicitudes, que determinará los formularios, sistema de tramitación (presencial o telemático) y los plazos para su presentación.

No. Este derecho es incompatible con cualquier otra prestación por desempleo o social (como renta mínima o salario social).

Al tratarse de un trámite necesariamente presencial, no es posible realizar esta petición en los lugares habituales, dada la situación de emergencia sanitaria. No obstante, en cuanto se recupere la normalidad, será posible realizar todas las que sean precisas.

Asimismo, se señala que el principio de no devolución será garantizado para aquellos que deseen solicitar protección internacional en territorio nacional durante esta situación (ver respuestas a pregunta 2 y 5).

Cuando se recupere la normalidad, se reasignarán las citas que no han podido hacerse efectivas durante estas semanas, una vez que se valore y decida la mejor manera de realizar esta reorganización. Se publicará información al respecto en la página https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html

Se recuerda, asimismo, que la validez de la documentación acreditativa de haber manifestado la voluntad de solicitar protección internacional, el “resguardo de presentación de solicitud de protección internacional” (resguardo blanco) y de ostentar la condición de solicitante de protección internacional (tarjeta roja) queda prorrogada en tanto se prolongue esta situación de emergencia sanitaria, siempre que la documentación caduque durante este periodo o que, habiendo caducado con anterioridad, se dispusiese de cita para renovarla también durante este periodo de estado de alarma.

Cuando se retome la actividad normal, desde la Subdirección General de Protección Internacional/Oficina de Asilo y Refugio se pondrán en contacto con todas las personas solicitantes cuya cita haya sido cancelada para reasignarla. Por lo tanto, no es preciso realizar ningún trámite al respecto.

La Subdirección General de Protección Internacional/Oficina de Asilo y Refugio continúa trabajando de manera no presencial, con limitaciones. No es necesario realizar ningún trámite adicional.

Si es preciso presentar algún tipo de documentación o alegaciones a un expediente concreto, se ruega que se realice únicamente a través del registro electrónico.

Si se desea consultar alguna cuestión puntual, se puede contactar a través de las direcciones genéricas habituales, así como, en último caso, a través de oar@interior.es; es importante subrayar que en esta dirección no se pueden responder dudas sobre cita previa para trámites que realiza Policía Nacional, tales como formalización de la solicitud o renovación de documentación.

Las personas que deseen solicitar su acceso a los recursos de acogida, al no ser posible realizar la manifestación de voluntad de protección internacional en este momento, deberán dirigirse directamente a las entidades de primera acogida de cada provincia, donde deberán firmar una declaración responsable de la intención de continuar con el procedimiento de solicitud cuando se reanude la actividad ordinaria.

Se considera “contacto estrecho”:

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a una persona probable o confirmada mientras presentaba síntomas.

• Cuando se ha permanecido a una distancia menor de dos metros de un caso probable o confirmado durante un tiempo continuado (dependerá de cada caso y del criterio de las autoridades o facultativos). Por ejemplo:

• Han permanecido en un lugar común de trabajo,

• Son miembros de la familia que viven en el mismo domicilio,

• Han participado en una reunión.

• Todos los ocupantes que hayan viajado juntos en coche.

• Han viajado juntos en tren, avión, o autobús. En estos casos serán los pasajeros situados en un radio de dos asientos.

Se considera “contacto casual” aquellos que no cumplen los criterios de contacto estrecho, pero realizan sus actividades laborales en el mismo lugar físico que un caso confirmado. Los Servicios de Vigilancia Epidemiológica son los que realizan esta investigación y clasifican los contactos a partir de un caso ya identificado.

Las personas cuyos contratos temporales, de al menos 2 meses, se hayan extinguido después de la entrada en vigor del estado de alarma, el 15 de marzo, y no contasen con ningún otro tipo de prestación. Podrán cobrar durante un mes, el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal y supondrá el 80% del valor del Indicador Múltiple Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 440 euros.

Su cobro es incompatible con cualquier otro subsidio de desempleo, con la percepción de cualquier renta mínima u otras ayudas.

Usted no se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, por lo que no tendrá derecho a la prestación contributiva prevista en dicha norma. Infórmese sobre la posibilidad de acceder a la renta activa de inserción en www.sepe.es.