Comisiones Obreras de Andalucía | 4 julio 2025.

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    Movilizaciones en todas las provincias para reclamar al Gobierno andaluz que “la dependencia no espera”

      Miles de personas denuncian en todas las provincias andaluzas el cambio de modelo que el Gobierno andaluz está propiciando en el Sistema de la Dependencia (asistencial frente al profesionalizado), la falta de recursos públicos y malas condiciones laborales del sector, las trabas y merma jurídica que ha añadido el Decreto de simplificación administrativa, y la nueva orden del copago que impedirá el acceso a muchas familias. Nuria López: “Estamos reclamando un sistema que responda a las necesidades de los más vulnerables, que haga efectivo ese derecho, pero el Gobierno andaluz con la Consejería de Inclusión al frente, parece que tiene otra hoja de ruta: con su nefasta gestión y sus decisiones unilaterales hacer que el sistema colapse, se desgaste y caiga”. Nuria López: “Es indignante que el Gobierno andaluz eche la culpa a las personas trabajadoras del sector, la mayoría mujeres, que tienen que soportar que no se haya creado empleo desde hace más de 17 años, centros con hasta el 27% de plantilla sin cubrir, ritmos extenuantes de trabajo, objetivos de productividad diabólicos, y licitaciones o subcontratas que suponen precarización, bajos salarios e incumplimientos laborales constantes”.

      28/10/2024.
      Nuria López se dirige a las personas asistentes a la concentración por la dependencia en Sevilla

      Nuria López se dirige a las personas asistentes a la concentración por la dependencia en Sevilla

      Miles de personas se han concentrado en todas las capitales andaluzas para reclamar que “La dependencia no espera”, en defensa del sistema, de la calidad del servicio y de las condiciones de empleo en el sector.

      La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López que ha participado en la movilización convocada en Sevilla, junto al secretario general de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu ha subrayado que el sistema de atención a la dependencia fue creado para proteger a las personas dependientes, con calidad, de manera profesionalizada y desde lo público. Un sistema que iba en la doble dirección, porque a la vez de dotar de nuevos derechos a la ciudadanía, contribuía a crear empleo dando trabajo actualmente a más de 95.000 personas en Andalucía, la mayoría mujeres.

      Pero para CCOO es lamentable que se estén dando pasos con graves consecuencias como la privatización a través de las prestaciones vinculadas, que genera desigualdad en función de la capacidad económica; la vuelta a un modelo asistencialista que no genera empleo y que mantiene a las mujeres como cuidadoras, impidiendo su desarrollo profesional y dejándolas en la invisibilidad a cambio de una escasa ayuda; o un Decreto de simplificación administrativa adoptado de manera unilateral, que pone más trabas a las personas solicitantes, oculta listas de espera, además de eliminar algunas garantías jurídicas como por ejemplo reclamar en mitad del proceso de reconocimiento del grado de dependencia.

      Por ello, la secretaria general ha reclamado “un sistema que responda a las necesidades de los más vulnerables, que haga efectivo ese derecho, pero el Gobierno andaluz con la Consejería de Inclusión al frente, parece que tienen otra hoja de ruta: con su nefasta gestión y sus decisiones unilaterales, hacer que el sistema colapse, se desgaste y caiga”.

      Clarificadores son los datos oficiales que muestran como Andalucía presenta una situación extremadamente alarmante con más de 60.000 personas en listas de espera y 609 días para que se conceda el derecho y la ayuda. Andalucía es la comunidad con las mayores listas de espera de España y a esto se le une que faltan 7.000 plazas en las residencias públicas y más de 1.500 plazas en los centros de día solo para acabar con las listas de espera, provocando que 12.000 personas fallecieran en Andalucía en 2023 sin saber si les habían concedido el derecho o la ayuda.

      A esto se le añade que, según López “es indignante que el Gobierno andaluz eche la culpa a las personas trabajadoras del sector, la mayoría mujeres”, que tienen que soportar que no se haya creado empleo público desde hace más de 17 años (ninguno en la Agencia de la Dependencia -ASSDA, con delegaciones provinciales desmanteladas, y centros residenciales con hasta el 27% de la plantilla sin cubrir), con ritmos extenuantes de trabajo, objetivos de productividad diabólicos (llamadas de duración de minuto y medio en teleoperadores que provoca situaciones de ansiedad continuas), y licitaciones o subcontratas, especialmente en la ayuda a domicilio, que suponen precarización, bajos salarios e incumplimientos laborales constantes, que sobrecargan a las trabajadoras y ponen en riesgo su salud y sus vidas.

      A todo ello se suman unas ratios “raquíticas”, que además se incumplen, en las residencias sobrecargando a las trabajadoras mediante la realización de tareas de otras categorías profesionales.

      Especialmente beligerante ha sido la líder sindical con la nueva orden de copago que pretende aprobar el Gobierno andaluz y que supondría un incremento de la aportación que hacen las personas dependientes y sus familias, y que en muchos casos podría suponer una subida de más del 60%. Un ejemplo de ello: si la aportación de una familia es de 100 euros, a partir de esa orden podría ser de 160 euros, lo que sin duda impedirá que muchas familias no puedan asumir ese gasto y se deje en la cuneta a personas que lo necesitan. “Esto es una trampa para las familias, un retroceso para el derecho de las personas dependientes, la quiebra de la profesionalización del sector y la destrucción de empleo especialmente en las zonas rurales. Eso es pan para hoy, y hambre para mañana”, insiste la secretaria general.

      Por todo ello el sindicato ha desplegado propuestas concretas para resolver esta situación, las cuales lleva intentando negociar con el Gobierno andaluz desde que firmó el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía en marzo de 2023, y que en numerosas ocasiones la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha ninguneado, llevando el sistema a la situación alarmante a la que se encuentra en estos momentos.

      Las diversas movilizaciones han sido apoyadas por numerosas organizaciones sociales políticas y sociales como PSOE, IU, Sumar, FACUA, Marea Blanca, la Plataforma por la Mayoría Social de Andalucía, Asociaciones de Vecinos y de personas pensionistas, además de otras tanto de ámbito andaluz como provincial.

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