Comisiones Obreras de Andalucía | 24 febrero 2025.

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    Presentadas más de cuarenta enmiendas al anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA): “Tiene elementos regresivos para la Universidad Pública”

      El sindicato exige se modifique el anteproyecto ya que de lo contrario supondría un cambio de modelo y un deterioro profundo del servicio público universitario de educación superior.

      10/10/2024.
      Universidad de Sevilla.

      Universidad de Sevilla.

      Entre los aspectos que más preocupan de la ley, la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha explicado que no se garantiza la solvencia y el sostenimiento económico del sistema público, mientras se contempla la posibilidad de financiar parcialmente, con fondos públicos, a las universidades privadas. “No existe ningún compromiso que asegure el sostenimiento financiero del sistema público, ni la aplicación del 1% del PIB, contemplado en la LOSU, ni ninguna otra medida económica de salvaguarda que garantice la suficiencia financiera del sistema y el desarrollo del mapa de titulaciones”, apostilla el sindicato.

      Asimismo, CCOO ha advertido de que “creemos se producen injerencias en la autonomía universitaria con la nueva conformación del nuevo pleno del Consejo de Coordinación Universitaria en el que estarían presentes las universidades privadas, lo que confrontaría directamente con el principio de autonomía universitaria recogido en la Constitución Española”.

      Otra de las cuestiones que introduce esta norma, según han explicado desde el sindicato, es la de limitar la capacidad de negociación colectiva y la auto organización de las universidades respecto a sus Relaciones de Puestos de Trabajo, sus Ofertas Públicas de Empleo y la movilidad geográfica y funcional de sus plantillas: “Se favorece el desarrollo de un modelo universitario privado que prevalecería sobre el público no garantizándose la imparcialidad en la coordinación del sistema privado respecto al público”.

      De este modo, el sindicato ha denunciado que “se recoge un sistema de inspección que no garantiza su necesaria independencia e imparcialidad al depender directamente de la persona titular de la Consejería de Universidades, igual que ocurre con la Agencia para la Calidad Científica Universitaria de Andalucía; o con el propio Consejo de Coordinación Universitaria, que estarían en las mismas manos”.

      Asimismo, “la nueva ley de universidades proyecta nutrir de profesorado público a las universidades privadas abriendo la posibilidad de compatibilizar el ejercicio profesional del personal de las universidades públicas para que puedan desarrollar sus funciones en las privadas”, argumentan.

      El capítulo de becas es otra de las cuestiones en las que ha puesto el foco CCOO ya que, según manifiestan, “se pretende desarrollar un sistema de becas que incluya a las universidades privadas lo que supondría una subvención indirecta de las mismas, sin tener en cuenta los mecanismos de acceso, por lo que se financiarían los costes universitarios a los más pudientes, fomentándose el elitismo social”.

      CCOO ha planteado más de 40 enmiendas-alegaciones presentadas al anteproyecto de exigiendo que se consideren ya que de lo contrario supondrían un cambio de modelo vendría a deteriorar el servicio público universitario de educación superior.

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