Comisiones Obreras de Andalucía | 16 abril 2024.

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    PERSONAL TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (PTIS)

    La Inspección de Trabajo da la razón a CCOO y señala que es ilegal la contratación por parte de empresas privadas del personal técnico de integración social

      La Inspección de Trabajo de Cádiz ha constatado como ilegal la denuncia que el sindicato ha reiterado en múltiples ocasiones sobre la cesión de la contratación del personal técnico de integración social (PTIS) y de interpretación de lengua de signos (ILSE). Pese a esto, el sindicato ha señalado la actitud “intransigente” del Gobierno andaluz que busca “blindarse” por medio del nuevo Decreto 231/2021 de 5 de octubre, contrario al criterio de la justicia y de la Inspección de Trabajo.

      26/10/2021.
      Foto: Pexels

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      CCOO de Andalucía celebra que la Inspección de Trabajo de Cádiz avale la ilegalidad de ceder a las empresas privadas la contratación del personal técnico de integración social (PTIS) y de interpretación de lengua de signos (ILSE). Según ha denunciado la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, el Gobierno andaluz busca “blindar” su acción a este respecto, considerada ilegal por la justicia y ahora por la Inspección de Trabajo, con la aprobación de un nuevo Decreto, el 231/2021 de 5 de octubre, y “degrada” a este personal a la categoría de “trabajadores de segunda”.

      Según ha explicado la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, el dictamen de la Inspección considera que “se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de las trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.”

      CCOO considera “un éxito” esta actuación de la Inspección de Trabajo y espera que a raíz de esta resolución se resuelvan favorablemente de los procesos judiciales que están abiertos en la actualidad: “con este Decreto la Administración contradice lo que dice la Ley de Educación de Andalucía en relación a que el servicio que ofrece el personal técnico de integración social es un servicio estructural de la parte educativa y no complementario, y por tanto la contratación debe ser con empleo público gestionado por la Consejería. Es obvio el propósito de este Gobierno y de la propia Consejería: quiere normalizar la gestión privada en la escuela pública, dejando en manos de empresas estos servicios imprescindibles de atención educativa destinados a un colectivo ya de por sí excluido: la infancia con necesidades especiales (NEAE)”.

      Actualmente, el servicio que estos profesionales dan al alumnado es gestionado en su mayor parte por empresas privadas, unos 842 son personal propio de la Junta y alrededor de 1.400 están contratados por empresas privadas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

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