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Orgullo 2020

La Junta privatiza y saca a concurso externo las tareas de informes y actuaciones complejas en el asesoramiento jurídico a la ciudadanía

    El sindicato exige a la Consejería de Hacienda que retire la tramitación de este concurso y convoque una oferta de empleo público para la dotación de personal propio, la promoción del actual y la cualificación del mismo. Denuncia que el Gobierno andaluz no ha seguido los procedimientos legales y no ha informado a los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras de esta decisión. “La Junta vuelve a cuestionar la profesionalidad y el trabajo de los funcionarios y funcionarias, y pone en jaque el compromiso que adquirió en sede parlamentaria y en la Mesa General de Negociación, de llevar a cabo la aprobación de la Ley de Función Pública”.

    07/05/2020.
    ¿Cómo te afecta esta privatización?

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    CCOO ha mostrado su total rechazo a la noticia de que la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía trabaja en un concurso para licitar a través de despachos externos profesionales, tareas de informes y actuaciones complejas que hasta el día de la fecha viene realizando la propia Administración. “Esta medida supone una privatización flagrante y directa de servicios que la Junta de Andalucía debería seguir prestando a través de empleados y empleadas públicos puesto que estamos hablando de un instrumento de la Administración andaluza para defender los intereses propios, esto es, el interés del conjunto de los andaluces y andaluzas”.

    Asimismo, el sindicato denuncia que el Gobierno andaluz se ha saltado los procedimientos legales y no ha informado de la medida a los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la Administración Autonómica. “CCOO no ha sido convocada y nos hemos enterado de este planteamiento por los medios de comunicación”, señalan.

    Para el sindicato, esta actuación del Ejecutivo supone “faltar al compromiso” que adquirieron en sede Parlamentaria y en la Mesa General de Negociación de llevar a cabo la aprobación de la Ley de Función Pública, que tiene entre sus objetivos “apostar por el mérito, la capacidad y la formación continua de funcionarios y funcionarias para responder a las exigencias de calidad en los servicios públicos; a la vez que restringir el sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza, bajo los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad”.

    Frente a ello, esta medida del Gobierno, además de volver a cuestionar la profesionalidad y la eficacia del personal público de la Administración, -algo que CCOO rechaza con rotundidad-, supone una dejación de funciones del Ejecutivo andaluz y pone en jaque avanzar en recuperar potestades públicas de los funcionarios cercenando su promoción, carrera profesional y las opciones de fortalecer los servicios públicos a través de ofertas de empleo a la que puedan concurrir miles de personas, entre ellas muchas jóvenes, que vienen preparándose para las mismas durante años.

    El sindicato ha solicitado a la Consejería de Hacienda a través de un escrito, que retire la tramitación de este concurso, y convoque una oferta de empleo público para la dotación de personal propio, la promoción del actual y la cualificación del mismo. “Esta iniciativa privatizadora de la Administración no apuesta por lo que realmente necesita Andalucía, un incremento de personal funcionario para la prestación de los servicios públicos, la cualificación de los empleados y empleadas públicos andaluces, designación de puestos a través del concurso de méritos y oferta de empleo público (OPE)”, apostilla la central.

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