CCOO-A, UGT-A y la Mesa del Tercer Sector (que aglutina a numerosas ONGs) como miembros de la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, han solicitado a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una mesa de diálogo con objeto de analizar y realizar un documento de propuesta sobre la coexistencia del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inclusión Social de Andalucía y la compatibilidad y/o complementariedad de las mismas.

CCOO ha solicitado una reunión con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para que prorrogue las medidas excepcionales en materia de financiación en el servicio de ayuda a domicilio como mínimo hasta finales del mes de junio. Asimismo, esta organización sindical pide a la Administración andaluza que aplique estas medidas de apoyo a las residencias de personas mayores ante la dificultad actual para reponer usuarios, lo que repercute negativamente en las plantillas de los centros.

Esta medida supone “conquistar un nuevo derecho” para las personas en situación de mayor riesgo de pobreza y pone en valor una medida que “para Andalucía es decisiva” ante las “grandes dificultades de la Junta para gestionar la renta mínima de inserción” en una comunidad autónoma con 10 de los 15 municipios con mayor tasa de paro de todo el país. Para CCOO este es el camino que muestra “la política útil que en tiempos de incertidumbre, donde las personas trabajadoras ven tambalearse certezas sobre su empleo, otorga protección a los sectores más vulnerables. De la anterior crisis salimos con pobreza, austeridad y desigualdad. De esta salimos con un Ingreso Mínimo Vital” que, en Andalucía beneficiará a más de 217.000 familias, el 25,59% del total de potenciales beneficiarios del país.

El nuevo “Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad” del Gobierno de Andalucía, al que va a destinar 17 millones de euros para crear una tarjeta monedero dirigida a familias en situación de pobreza con la que podrán comprar determinados alimentos y material de higiene que establecerá la propia Junta, “recuerda demasiado a las tarjetas de racionamiento, que estigmatizan a las personas y no aporta ninguna novedad". Los sindicatos apuestan porque se agilice la concesión de la renta mínima de inserción e incrementar su importe, así como por la cooperación con los ayuntamientos en la gestión de las diferentes ayudas. “Esta medida es un caramelo envenado para las ONG”, puntualizan.

CCOO de Andalucía ha remitido una carta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en la que ponen de manifiesto que, de las medidas propuestas por el sindicato para proteger a personas trabajadoras y usuarias de los servicios de dependencia frente a la COVID-19, “no solo, no se han escuchado, es que el Gobierno de la Junta ha hecho todo lo contrario, dejando en una situación de desprotección a estos trabajadores y a los usuarios”. El sindicato critica la descoordinación de la administración autonómica a la hora de establecer los servicios esenciales en la ayuda a domicilio, que está generando diferencias en la aplicación esos servicios esenciales, lo que puede estar propiciando un incremento preocupante del contagio, tanto del personal como de la población usuaria.

El sindicato advierte que la situación de alarma ha provocado importantes cambios en la actividad económica y en el empleo, y exige que el Gobierno tome medidas para asegurar que nadie se quede sin permiso de trabajo y sin ingresos. Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que articule medidas en coordinación con los países de origen, para que las personas migrantes residentes en España atrapados en otros países puedan regresar a sus hogares y a sus empleos. Instamos al Gobierno a abrir una negociación urgente con los sindicatos y empresarios para buscar la regularización extraordinaria de las personas trabajadoras del sector agrario que se encuentran en la economía sumergida de muchas provincias andaluzas.

La Administración no está aplicando las medidas mandatadas por el Gobierno central en estos centros de internamiento. “Ni se están realizando los test PCR para trabajadores y usuarios ni se les ha garantizado el suministro de EPIs. CCOO reclama a la Consejería que tome ya decisiones operativas para estos centros y, de manera prioritaria y en la mayor brevedad posible, haga llegar el material de prevención adquirido.

El sindicato pidió la pasada semana al Gobierno de la Junta de Andalucía que “fijara la Renta Mínima de Inserción como una prioridad entre sus medidas de urgencia, al mismo nivel que las medidas que ha implementado para las empresas”. Hoy el Gobierno autonómico ha dado luz verde a un decreto ley con actuaciones administrativas urgentes económicas y sociales, entre las que se cuenta la aceleración de concesión de la Renta Mínima y de ayudas extraordinarias para el alquiler.

Las personas con menos recursos se están viendo perjudicadas doblemente por la crisis del COVID-19. Por eso, el sindicato reclama al Gobierno andaluz que “agilice los mecanismos y destine más recursos a proteger a estas personas a través de la Renta Mínima de Inserción Social”. El sindicato pide, asimismo, la prórroga automática de las prestaciones en vigor.

Ambas organizaciones han afirmado que “la situación de estos asentamientos, que ya era insostenible antes de la aparición de la pandemia del coronavirus, necesita ahora una respuesta rápida y contundente por parte de las administraciones para realojar a estas personas. Se trata de proteger su salud”.

Ambos sindicatos han remitido una carta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en la que avisan del peligro que puede suponer que, en una situación de confinamiento domiciliario, estas trabajadoras tengan que acudir mañana lunes a miles de domicilios de toda Andalucía donde trabajan con personas, en su mayor parte mayores y que están comprendidas dentro de la población de riesgo del virus. CCOO y UGT denuncian, además, que estas trabajadoras no cuentan con equipos de protección individual (EPI) adecuados a esta situación.

Dentro del programa “Difusión de los derechos socioeconómicos y laborales de las personas con discapacidad”, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, CCOO ha editado una serie de materiales adaptados para personas con discapacidad intelectual, que pueden descargarse en los enlaces que se encuentran a continuación.

El desafío reside en regular de una manera segura, eficaz y ágil dichos flujos de personas para, al mismo tiempo, promover en los países de origen circunstancias y condiciones aptas para el desarrollo socioeconómico y laboral de sus habitantes y que les permita elegir la migración de una manera voluntaria y no de una forma forzada como sucede en la actualidad.