El número total de personas pensionistas en Andalucía es de 1.481.016 personas, de las que el 49% (725.169) son mujeres. La pensión media en 2022 fue de 884,85 euros mensuales mientras que la pensión media en febrero de 2023 ha sido de 969,31 al mes. Eso supone un incremento de 84,46 euros mensuales (9,5% más), gracias a las medidas recogidas en el acuerdo de pensiones. Este acuerdo recoge las necesidades que tiene nuestro sistema de Seguridad Social y mejora sustancialmente sus ingresos con medidas que el sindicato venía defendiendo para salvaguardar el gran pilar del modelo de bienestar.

El sindicato considera “absolutamente insuficiente” la subida de precios públicos para los servicios concertados de atención a la dependencia y no comparte la subida presentada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. CCOO viene pidiendo una subida del 25% “que permita una mejora de la calidad del empleo y de la calidad de la atención”. La central recuerda que “el origen del problema está en los recortes que llevó a cabo el Gobierno del PP cuando el actual presidente de la Junta era precisamente el Secretario de Estado de Servicios Sociales”. “Ahora tiene una nueva oportunidad de cambiar esa situación, con la apertura de una mesa de negociación real para abordar una subida adicional a lo planteado en este año.

El sindicato ha criticado la modificación llevada a cabo por el Gobierno en relación a la Renta Mínima (REMISA), ya que “reduce de forma drástica el número de posibles personas beneficiarias al hacerla incompatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la ayuda a la infancia”. “Esta modificación deja a la Renta Mínima como una prestación residual, como reconoce la misma Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, al establecer la cifra en 6.000 familias beneficiarias”. CCOO considera que “se desaprovecha una oportunidad para mejorar las rentas de las familias y personas vulnerables, acercando el sistema de rentas mínimas de Andalucía, al que disfrutan las comunidades autónomas más avanzadas del Estado”.

La federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía y UGT han convocado concentraciones en todas las provincias andaluzas por una atención a la dependencia de calidad y unas residencias dignas. Con más de 1.500.000 de personas mayores de 65 años en Andalucía, lo que supone el 18% de la población, las políticas dirigidas a los mayores (salud, dependencia y servicios sociales) son esenciales y deberían estar en el centro de la agenda del Gobierno andaluz.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) denuncia que las empresas Clece y Macrosad continúan adeudando a miles de trabajadoras del sector de la Dependencia en Andalucía los atrasos que les pertenece por la aplicación de su convenio colectivo. Ante esta situación, esta organización sindical pone a disposición del personal de este sector herramientas para pueda reclamar lo que le corresponde y ha iniciado movilizaciones para obligar a estas dos empresas a cumplir con el convenio estatal firmado en solitario por CCOO.

El servicio de CCOO de Andalucía es gratuito y está subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Estará en funcionamiento desde el 1 de diciembre hasta finales de julio en las sedes del sindicato en Almería y de El Ejido.

La Audiencia Nacional ha dado la razón al sindicato en el conflicto que mantenía con la patronal y los centros de atención especializada y los centros especiales de empleo incluidos en el ámbito del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad deberán revisar al alza los sueldos. Tras el fallo del tribunal, CCOO ha solicitado la convocatoria de la Mesa Negociadora, con carácter de urgencia, para poner fin al conflicto, adecuar las tablas salariales tal y como recoge la sentencia y continuar negociando el XVI Convenio Colectivo. En Andalucía, puede suponer la mejora de unos 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector, mayoritariamente mujeres, “muchas con discapacidad reconocida y trabajo precario”.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea; y la secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, se han reunido con el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, y otros miembros de su gabinete para conocer el protocolo de actuación planteado por el Gobierno de España para dar una solución de vivienda digna a las personas trabajadoras inmigrantes que habitan en asentamientos de zonas agrícolas de Huelva “y trabajar codo con codo con el Gobierno para acabar con una realidad que relega a estas personas trabajadoras a situaciones de vida infrahumanas”.

El sindicato ha valorado la iniciativa de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 de disponer un protocolo para dar soluciones de vivienda digna a las personas trabajadoras extranjeras que viven en los asentamientos chabolistas de Lepe y Moguer (Huelva): “esta iniciativa ha permitido sacar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de su inactividad en este asunto, que ahora va a rebufo del Gobierno central”. Por otra parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López ha anunciado que el sindicato pedirá una reunión con el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, en la que “podamos conocer el contenido de este protocolo y poder trasladarle las propuestas que CCOO tiene y que lleva defendiendo desde hace una década”.

Ante el anuncio del secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, de que Gobierno y Junta de Andalucía firmarán un protocolo de acción para la puesta en marcha de soluciones para los trabajadores y trabajadoras temporeros de los municipios de Lepe y Moguer, CCOO de Andalucía ha exigido a Santiago y al Gobierno andaluz, participar en el diseño, en el control y seguimiento de los Planes que se elaboren. “CCOO de Andalucía lleva más de 10 años exigiendo soluciones y haciendo propuestas para el realojo de las personas trabajadoras y sus familias en Huelva y en otras zonas de Andalucía donde los asentamientos chabolistas son, incluso, más antiguos”. El sindicato, que ha calificado la medida de “positiva”, matiza que es “insuficiente ante la magnitud del problema”, al tiempo que solicita que se amplíe a otras provincias como Almería, “donde el chabolismo es incluso mayor que en Huelva”.

En Andalucía, son en torno a 54.000 trabajadores y trabajadoras las personas afectadas por este convenio, en su mayoría mujeres, de las que 30.000 trabajan en ayuda a domicilio y 24.000 en residencias y centros de día. No debemos olvidar que estas personas desarrollan sus funciones en condiciones de precariedad y temporalidad, a la que se unen unos bajos salarios y la falta de reconocimiento social, a pesar de la importancia de la labor que desempeñan.

La Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo, CCOO Andalucía, UGT Andalucía, Comité Español de ACNUR Andalucía, UNICEF Comité Andalucía y Comité Español de UNRWA Andalucía han presentado esta mañana en Sevilla el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación 2022. Se trata de una propuesta, consensuada entre los agentes citados, que buscar fijar una línea de base para la política pública de cooperación de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, y que desde ahora se abre a la adhesión de todas las entidades sociales andaluzas y partidos políticos.

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT, la organización de consumidores FACUA y los Colegios Profesionales de Trabajo Social, Educación Social y de Psicología, representados en el Consejo de Servicios Sociales, han rechazado el Proyecto del Plan Estratégico de Servicios Sociales presentado por la Consejería de Igualdad y han instado a revisarlo y negociarlo con las organizaciones. “Parte de un análisis con muchas deficiencias técnicas y de contenido, e incumple claramente la Ley de Servicios Sociales al dejar fuera a los servicios sociales especializados”.

La propuesta del Gobierno andaluz de subida de los precios públicos para las residencias y centros de día de personas con discapacidad en un 6% y para mayores del 5%, “es totalmente insuficiente para mejorar la calidad de estos servicios que forman parte del Sistema de Atención a la Dependencia”. La subida del 20% que proponen los sindicatos estaría acorde con la subida que ha hecho el Gobierno del Estado del precio mínimo garantizado del 20,4% en 2021 y del 13,6% para 2022. “La subida es clave para desbloquear la negociación del Convenio Colectivo del sector de la Dependencia”.