El sindicato insta al Gobierno central a que plantee propuesta “de calado y con las luces largas puestas” que permitan garantizar el futuro de las pensiones en España. Entre las medidas que propone el sindicato está incentivar la contratación de personas trabajadoras jóvenes por medio de un plan de empleo estatal, perseguir la precariedad y la contratación en fraude que sufren estas personas, y una fiscalidad justa y progresiva. Afirman que “tenemos que ver exactamente cómo se concreta esta medida, pero desde luego creemos que los problemas de cotización y del mundo del trabajo en España no pasan por alargar la edad de jubilación y bonificar a quienes deciden posponerla, porque eso supone penalizar a las personas trabajadoras que se ven obligadas a jubilarse anticipadamente por enfermedades profesionales o por actividades laborales de alto desgaste o en desempleo”.

Ante las recientes noticias relativas a la remodelación del Gobierno andaluz, así como a posibles traspasos de competencias en materia migratoria desde la actual Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía; las entidades sociales y sindicatos abajo firmantes consideramos que esta decisión, en caso de confirmarse por el Gobierno Andaluz, marcaría una tendencia clara hacia un modelo de política migratoria autonómica más enfocada hacia la seguridad y el control, perdiendo centralidad la integración, la convivencia y la cohesión social que deben ser los pilares fundamentales que sustenten la política migratoria de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el contexto español y europeo.

La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (REMISA) ha de jugar en Andalucía un papel complementario al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellas personas que están pasando por una situación de vulnerabilidad. Reclama la subida de los precios públicos que la Consejería de Igualdad paga a las empresas de atención a la dependencia. “Con los precios que paga, los trabajadores y trabajadoras no llegan ni al salario mínimo”. Pide la dinamización de todos los instrumentos que tiene la Ley de Servicios Sociales para que en Andalucía tenga un papel catalizador, así como coordinación entre Igualdad y Salud en cuanto al nuevo modelo de atención socio sanitario.

El sindicato exige una solución para los miles de personas que viven en los asentamientos y advierte que, “en cualquier momento, puede producirse una catástrofe humana”. Reclama a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central que desarrollen sus competencias con un auténtico Plan que contenga actuaciones concretas, negociado a través de una mesa de diálogo con los agentes sociales y las organizaciones sociales que actúan es este ámbito para la plena inclusión de las personas extranjeras en la sociedad andaluza.

CCOO-A, UGT-A y la Mesa del Tercer Sector (que aglutina a numerosas ONGs) como miembros de la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, han solicitado a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una mesa de diálogo con objeto de analizar y realizar un documento de propuesta sobre la coexistencia del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inclusión Social de Andalucía y la compatibilidad y/o complementariedad de las mismas.

CCOO ha solicitado una reunión con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para que prorrogue las medidas excepcionales en materia de financiación en el servicio de ayuda a domicilio como mínimo hasta finales del mes de junio. Asimismo, esta organización sindical pide a la Administración andaluza que aplique estas medidas de apoyo a las residencias de personas mayores ante la dificultad actual para reponer usuarios, lo que repercute negativamente en las plantillas de los centros.

Esta medida supone “conquistar un nuevo derecho” para las personas en situación de mayor riesgo de pobreza y pone en valor una medida que “para Andalucía es decisiva” ante las “grandes dificultades de la Junta para gestionar la renta mínima de inserción” en una comunidad autónoma con 10 de los 15 municipios con mayor tasa de paro de todo el país. Para CCOO este es el camino que muestra “la política útil que en tiempos de incertidumbre, donde las personas trabajadoras ven tambalearse certezas sobre su empleo, otorga protección a los sectores más vulnerables. De la anterior crisis salimos con pobreza, austeridad y desigualdad. De esta salimos con un Ingreso Mínimo Vital” que, en Andalucía beneficiará a más de 217.000 familias, el 25,59% del total de potenciales beneficiarios del país.

El nuevo “Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad” del Gobierno de Andalucía, al que va a destinar 17 millones de euros para crear una tarjeta monedero dirigida a familias en situación de pobreza con la que podrán comprar determinados alimentos y material de higiene que establecerá la propia Junta, “recuerda demasiado a las tarjetas de racionamiento, que estigmatizan a las personas y no aporta ninguna novedad". Los sindicatos apuestan porque se agilice la concesión de la renta mínima de inserción e incrementar su importe, así como por la cooperación con los ayuntamientos en la gestión de las diferentes ayudas. “Esta medida es un caramelo envenado para las ONG”, puntualizan.

CCOO de Andalucía ha remitido una carta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en la que ponen de manifiesto que, de las medidas propuestas por el sindicato para proteger a personas trabajadoras y usuarias de los servicios de dependencia frente a la COVID-19, “no solo, no se han escuchado, es que el Gobierno de la Junta ha hecho todo lo contrario, dejando en una situación de desprotección a estos trabajadores y a los usuarios”. El sindicato critica la descoordinación de la administración autonómica a la hora de establecer los servicios esenciales en la ayuda a domicilio, que está generando diferencias en la aplicación esos servicios esenciales, lo que puede estar propiciando un incremento preocupante del contagio, tanto del personal como de la población usuaria.

El sindicato advierte que la situación de alarma ha provocado importantes cambios en la actividad económica y en el empleo, y exige que el Gobierno tome medidas para asegurar que nadie se quede sin permiso de trabajo y sin ingresos. Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que articule medidas en coordinación con los países de origen, para que las personas migrantes residentes en España atrapados en otros países puedan regresar a sus hogares y a sus empleos. Instamos al Gobierno a abrir una negociación urgente con los sindicatos y empresarios para buscar la regularización extraordinaria de las personas trabajadoras del sector agrario que se encuentran en la economía sumergida de muchas provincias andaluzas.

La Administración no está aplicando las medidas mandatadas por el Gobierno central en estos centros de internamiento. “Ni se están realizando los test PCR para trabajadores y usuarios ni se les ha garantizado el suministro de EPIs. CCOO reclama a la Consejería que tome ya decisiones operativas para estos centros y, de manera prioritaria y en la mayor brevedad posible, haga llegar el material de prevención adquirido.

El sindicato pidió la pasada semana al Gobierno de la Junta de Andalucía que “fijara la Renta Mínima de Inserción como una prioridad entre sus medidas de urgencia, al mismo nivel que las medidas que ha implementado para las empresas”. Hoy el Gobierno autonómico ha dado luz verde a un decreto ley con actuaciones administrativas urgentes económicas y sociales, entre las que se cuenta la aceleración de concesión de la Renta Mínima y de ayudas extraordinarias para el alquiler.

Las personas con menos recursos se están viendo perjudicadas doblemente por la crisis del COVID-19. Por eso, el sindicato reclama al Gobierno andaluz que “agilice los mecanismos y destine más recursos a proteger a estas personas a través de la Renta Mínima de Inserción Social”. El sindicato pide, asimismo, la prórroga automática de las prestaciones en vigor.