El sindicato advierte que la situación de alarma ha provocado importantes cambios en la actividad económica y en el empleo, y exige que el Gobierno tome medidas para asegurar que nadie se quede sin permiso de trabajo y sin ingresos. Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que articule medidas en coordinación con los países de origen, para que las personas migrantes residentes en España atrapados en otros países puedan regresar a sus hogares y a sus empleos. Instamos al Gobierno a abrir una negociación urgente con los sindicatos y empresarios para buscar la regularización extraordinaria de las personas trabajadoras del sector agrario que se encuentran en la economía sumergida de muchas provincias andaluzas.

La Administración no está aplicando las medidas mandatadas por el Gobierno central en estos centros de internamiento. “Ni se están realizando los test PCR para trabajadores y usuarios ni se les ha garantizado el suministro de EPIs. CCOO reclama a la Consejería que tome ya decisiones operativas para estos centros y, de manera prioritaria y en la mayor brevedad posible, haga llegar el material de prevención adquirido.

El sindicato pidió la pasada semana al Gobierno de la Junta de Andalucía que “fijara la Renta Mínima de Inserción como una prioridad entre sus medidas de urgencia, al mismo nivel que las medidas que ha implementado para las empresas”. Hoy el Gobierno autonómico ha dado luz verde a un decreto ley con actuaciones administrativas urgentes económicas y sociales, entre las que se cuenta la aceleración de concesión de la Renta Mínima y de ayudas extraordinarias para el alquiler.

Las personas con menos recursos se están viendo perjudicadas doblemente por la crisis del COVID-19. Por eso, el sindicato reclama al Gobierno andaluz que “agilice los mecanismos y destine más recursos a proteger a estas personas a través de la Renta Mínima de Inserción Social”. El sindicato pide, asimismo, la prórroga automática de las prestaciones en vigor.

Ambas organizaciones han afirmado que “la situación de estos asentamientos, que ya era insostenible antes de la aparición de la pandemia del coronavirus, necesita ahora una respuesta rápida y contundente por parte de las administraciones para realojar a estas personas. Se trata de proteger su salud”.

Ambos sindicatos han remitido una carta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en la que avisan del peligro que puede suponer que, en una situación de confinamiento domiciliario, estas trabajadoras tengan que acudir mañana lunes a miles de domicilios de toda Andalucía donde trabajan con personas, en su mayor parte mayores y que están comprendidas dentro de la población de riesgo del virus. CCOO y UGT denuncian, además, que estas trabajadoras no cuentan con equipos de protección individual (EPI) adecuados a esta situación.

Dentro del programa “Difusión de los derechos socioeconómicos y laborales de las personas con discapacidad”, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, CCOO ha editado una serie de materiales adaptados para personas con discapacidad intelectual, que pueden descargarse en los enlaces que se encuentran a continuación.

El desafío reside en regular de una manera segura, eficaz y ágil dichos flujos de personas para, al mismo tiempo, promover en los países de origen circunstancias y condiciones aptas para el desarrollo socioeconómico y laboral de sus habitantes y que les permita elegir la migración de una manera voluntaria y no de una forma forzada como sucede en la actualidad.

El sindicato condena el ataque contra el centro de acogida de menores de Madrid y exige una investigación urgente y prioritaria, así como que se ponga a disposición de la justicia tanto al autor o autores como a los inductores.

El sindicato pide al Gobierno central la puesta en marcha de medidas, en el marco del diálogo social, que nos permita establecer una situación financiera equilibrada para la seguridad social en el menor tiempo posible. La apuesta por el empleo de calidad y salarios dignos y la derogación de la reforma laboral y de aquellos aspectos más sustanciales que impiden lo haya, son elementos clave para fortalecer el sistema público de pensiones. Por la vía de ingresos también se puede fortalecer el sistema si no se hacen “regalos empresariales como la tarifa plana, si se combate la economía sumergida y se lucha contra el abuso de la contratación temporal”.

El 16 de noviembre es el Día Internacional para la Tolerancia. Este día, más que nunca, es preciso hacer un llamamiento público a la convivencia frente a los discursos del odio y el fanático rechazo al “otro”, que exaltan las diferencias naturales, ya sea contra las mujeres, los inmigrantes o contra cualquier colectivo, y confrontar las falsedades vertidas desde algún partido político y algunos voceros de tertulias mediáticas.