El sindicato ha organizado una asamblea virtual para explicar el acuerdo de pensiones recientemente firmado. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha puesto en valor un acuerdo de “importancia vital” para la organización y para la clase trabajadora, y ha aseverado que es la “clave de bóveda para seguir avanzando hacia un modelo de estado social más justo e igualiario”. El secretario general de CCOO Sevilla, Carlos Aristu ha destacado que se trata de un acuerdo “buscado y necesario que nace del diálogo social”. La secretaria de Política Social y Migraciones del sindicato, Rosa Berges, y el secretario de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, Carlos Bravo, han explicado los pormenores del contenido del acuerdo.

Las organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, junto a las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME, han alcanzado un principio de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social en materia de reforma del sistema de pensiones.

CCOO de Andalucía se ha manifestado en contra de la propuesta de subida del precio/plaza que ha hecho la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y no descarta desarrollar movilizaciones: “la subida planteada es del 2,6% para los centros residenciales y de día, algo totalmente insuficiente para cubrir los costes de los centros y para que se puedan mejorar los salarios de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres y que en algunas categorías están en el límite del Salario Mínimo Interprofesional”.

El sindicato denuncia que el Gobierno andaluz vuelve a utilizar la fórmula del Decreto-Ley para tomar decisiones al margen del diálogo y participación de los agentes económicos y sociales, en aspectos de vital importancia en materia de dependencia, como es la modificación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a la prestación para las personas dependientes, con el argumento de que hay que reducir las listas de espera. “El problema de las listas de espera no es el procedimiento, sino la incapacidad de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de gestionar las prestaciones sobre el Sistema por la falta de recursos humanos y materiales en las Delegaciones territoriales de la Consejería, y por la falta de un sistema de financiación estable de los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos.

Tras el incendio ocurrido la semana pasada en un asentamiento en Palos de la Frontera (Huelva), donde más de 400 personas lo perdieron todo, el sindicato lamenta el fallecimiento de dos personas en un nuevo incendio ocurrido esta madrugada en la localidad de Lucena del Puerto (Huelva). El sindicato lleva años exigiendo a las administraciones que tomen medidas para ofrecer una solución de vivienda digna a estas personas y evitar que la situación se vuelva a repetir.

La Federación de Industria de CCOO de Andalucía ha vuelto a denunciar la situación de las personas que viven en los asentamientos y reitera la necesidad de que las administraciones se impliquen y den una solución urgente para evitar que se vuelvan a repetir incendios como el que tenido lugar en Palos de la Frontera. “Algunas de estas personas trabajan de forma irregular, la mayoría en empresas del sector agrario, y por ello desde el sindicato exigimos una actuación contundente de la inspección de trabajo para que denuncien a estas empresas que cometen fraude en la contratación, que tratan a las personas como mercancía, poniendo en riesgo sus vidas sin importar sus condiciones de vida y laborales”.

La población extranjera en Andalucía supone el 8% del total y en 2019 se concedieron 14.000 nacionalidades, lo que supone un repunte importante, mientras los permisos de residencia en el 65% de los casos son de personas procedentes de la Unión Europea, se localizan sobre todo en Málaga y Almería. En 2020 se produjo una caída importante de la ocupación en Andalucía, si bien en el caso de las personas extranjeras se ha mantenido, principalmente porque trabajan en actividades esenciales, sobre todo en la agricultura. En cambio, CCOO-A aclara que “pese a haberse mantenido la ocupación, estas personas trabajadoras sufren niveles de precariedad más altos que la media e importantes situaciones de irregularidad”. El informe recoge que el salario medio de las personas extranjeras, según datos de 2019, es el 58% del salario medio de las personas españolas, de manera que no llega a los 10.000 euros anuales. “Esto supone una brecha salarial del 42%”, apostilla la organización.

La Iniciativa Ciudadana Europea 'Right to Cure', una coalición de más de 200 organizaciones europeas de la sociedad civil de 14 países europeos, ha alcanzado las primeras 100.000 firmas.

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía y los sindicatos CCOO y UGT han mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP que no ha dado respuesta a la petición, para trasladarles una propuesta de modificación de la Renta Mínima de Inserción para Andalucía (RMISA), ante las dificultades de acceso a la prestación con el objetivo de mejorar la cobertura económica manteniendo los planes de inserción sociolaboral, facilitar y agilizar los trámites para que permita la compatibilidad y complementariedad con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), puesto que al dirigirse al mismo tipo de personas en situación de alta vulnerabilidad se solapan.

El sindicato valora el anuncio del Presidente de la Junta de Andalucía de que el próximo presupuesto contempla la subida del precio/hora de la ayuda a domicilio. “El trabajo sindical ha sido un factor decisivo y aunque no ha concretado de cuánto será la subida, abre el camino a la mejora de los salarios”. La central señala que también se ha confirmado la creación de la mesa de diálogo social sobre dependencia, que abre una vía a poder negociar aspectos importantes del sistema que afectan directamente al empleo y a su calidad.

En esta pandemia son diversos los sectores del trabajo que se han descubierto como esenciales y uno de ellos, sin duda, es el sector de la dependencia. Hablamos de un sector que ayuda a las personas dependientes usuarias de recursos como la ayuda a domicilio, centros residenciales, centros de día o de noche. Y es grave tener que denunciar que, en un contexto como el actual, estamos ante un sector tan esencial como precario.

El sindicato reclama la mejora de las condiciones laborales, la actualización del precio plaza de 13 a 18 euros/hora, una mejora de las ratios, la reposición garantizada de las bajas laborales, el mantenimiento de la reserva de las plazas en centros residenciales, centros de día-noche, centros ocupacionales, un incremento presupuestario para 2021 y negociar estas y otras cuestiones en el marco del diálogo social. Es hora de devolverle a las personas que trabajan en el sector de la dependencia todo lo que han dado en esta crisis, pero no en forma de aplausos sino de mejoras laborales y condiciones dignas.

El sindicato advierte que la modificación de la normativa quita competencias a los ayuntamientos y diputaciones y no clarifica para nada ni ayuda a que las listas de espera en dependencia disminuyan. CCOO explica que el “atasco” en el sistema de la dependencia no está en el inicio del trámite gestionado por los entes locales o provinciales que es lo que se quiere modificar, sino en la tramitación posterior, con expedientes acumulados y que corresponde a la Junta de Andalucía.

El sindicato insta al Gobierno central a que plantee propuesta “de calado y con las luces largas puestas” que permitan garantizar el futuro de las pensiones en España. Entre las medidas que propone el sindicato está incentivar la contratación de personas trabajadoras jóvenes por medio de un plan de empleo estatal, perseguir la precariedad y la contratación en fraude que sufren estas personas, y una fiscalidad justa y progresiva. Afirman que “tenemos que ver exactamente cómo se concreta esta medida, pero desde luego creemos que los problemas de cotización y del mundo del trabajo en España no pasan por alargar la edad de jubilación y bonificar a quienes deciden posponerla, porque eso supone penalizar a las personas trabajadoras que se ven obligadas a jubilarse anticipadamente por enfermedades profesionales o por actividades laborales de alto desgaste o en desempleo”.