Comisiones Obreras de Andalucía | 27 julio 2025.

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    CCOO exige a la Junta de Andalucía más seguridad y condiciones laborales dignas en los centros de menores infractores de Sevilla

      El Sindicato ha recordado al delegado territorial Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla, que la precariedad estructural de estos centros es la causa directa de los graves riesgos de seguridad que enfrentan sus trabajadores y trabajadoras. En este sentido, CCOO ha denunciado el altísimo número de bajas laborales que se registran entre estos profesionales y la inaceptable normalización de las amenazas y agresiones que sufren diariamente en el ejercicio de sus funciones. Por e

      25/07/2025.
      Reunión de representatantes de CCOO con el delegado de Justicia de la Junta de Andalucía en Sevilla.

      Reunión de representatantes de CCOO con el delegado de Justicia de la Junta de Andalucía en Sevilla.

      CCOO ha mantenido una reunión con el delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla, para exigir medidas inmediatas que garanticen la seguridad y unas condiciones laborales dignas en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de la provincia, servicios externalizados, pero bajo responsabilidad última de la administración autonómica.

      Durante la reunión, CCOO ha denunciado que la precariedad estructural de estos centros es la causa directa de los graves riesgos de seguridad que enfrentan sus trabajadores y trabajadoras. A juicio del Sindicato, esta situación crítica es resultado de años sin inversión suficiente, de externalización de estos servicios esenciales y de no exigir medidas de seguridad efectivas. La gravedad de la situación de este colectivo se ha hecho evidente con hechos trágicos recientes: el asesinato de una auxiliar educativa en Badajoz (marzo 2025) y la grave agresión a una educadora social en Bilbao. Estos sucesos no son casos aislados, sino que demuestran las graves carencias del sistema y la vulnerabilidad inaceptable que soporta el personal diariamente.

      CCOO ha incidido de forma particular en la crítica situación que se vive en los centros que aplican la medida judicial de internamiento en modalidad terapéutica. En estos centros, destinados a la reinserción social de menores con graves problemas de salud mental y adicciones, el desgaste emocional y físico del personal de atención directa (educadores y educadoras sociales y auxiliares de control educativo) es extremo. Esta realidad, unida a los bajos salarios, dificulta enormemente la contratación y retención de personal cualificado, generando una situación de colapso funcional.

      El Sindicato ha denunciado el altísimo número de bajas laborales que se registran entre estos profesionales y la inaceptable normalización de las amenazas y agresiones que sufren diariamente en el ejercicio de sus funciones. Ante esta situación de emergencia, CCOO exige a la Junta de Andalucía, como administración competente, que asuma plenamente su responsabilidad. Resulta imperativo que, ante la previsible prórroga de los pliegos de licitación para la mayoría de centros de reforma juvenil el próximo año, la Junta exija a las empresas concesionarias la aplicación íntegra e inmediata del V Convenio de Reforma y Justicia Juvenil a partir de 2026, y ejerza una fiscalización rigurosa de su labor mediante inspecciones regulares y efectivas en los centros.

      Asimismo, el Sindicato reclama la implementación de medidas básicas e inaplazables para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. Entre ellas, la adecuada regulación imperativa de ratios mínimas de personal de atención directa adecuadamente formado por menor atendido, y de personal de seguridad, especialmente en aquellos centros con perfiles de jóvenes de mayor complejidad y riesgo. Esta regulación debe incorporar una evaluación realista de la peligrosidad inherente a estos puestos de trabajo.

      Y es que, a juicio de CCOO, la administración autonómica tiene en sus manos no solo la responsabilidad, sino también la capacidad, de dotar a los CIMI de recursos suficientes y de priorizar el bienestar de la infancia en situación de conflicto con la ley, así como la dignificación urgente de las condiciones laborales de quienes los atienden.

      Ángela Díaz, delegada de CCOO y presidenta del comité de empresa del CIMI Los Alcores, el único centro de internamiento terapéutico para menores en la provincia, ha explicado el malestar de las plantillas: "Trabajamos en condiciones de extrema dificultad, con menores que requieren atención especializada y medicación supervisada por profesionales sanitarios, careciendo de los recursos necesarios para garantizar tanto su seguridad como la nuestra".

      En este sentido, Díaz exigió medidas inmediatas que garanticen la integridad física y psicológica del personal educativo, el pleno respeto a los derechos fundamentales de los jóvenes internados y, de manera específica, el refuerzo urgente del turno de noche, actualmente infradotado de personal para atender las necesidades de este perfil de menores.