Comisiones Obreras de Andalucía | 19 julio 2025.

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    CCOO insiste en la necesidad de una gestión transparente y separada del patrimonio del suelo en Andalucía con reglas específicas para su protección y uso social

      CCOO muestra su preocupación por la gestión del patrimonio del suelo público para pagos en especie y permutas, según se recoge en el Anteproyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El sindicato defiende que la ley debe delimitar que el patrimonio del suelo, gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), “se constituya como un patrimonio autónomo con reglas específicas para su protección y uso social”. “Esta diferenciación es clave para evitar externalizaciones, privatizaciones o usos que puedan no responder a los intereses sociales y urbanísticos de la ciudadanía”.

      18/07/2025.
      Palacio de San Telmo

      Palacio de San Telmo

      En la aprobación del dictamen sobre el anteproyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía elaborado por el Consejo Social y Económico de Andalucía, CCOO ha expresado su interés y preocupación ante el reciente anteproyecto de Ley que tiene como objetivo principal adaptar la normativa vigente, que data de 1986, a los cambios organizativos, tecnológicos y competenciales que ha experimentado la región en las últimas décadas.

      El sindicato ha destacado la importancia de garantizar una gestión “transparente, participativa y socialmente responsable de los bienes y derechos públicos, y orientada al bienestar social”. En este sentido, ha señalado la preocupación por la gestión del patrimonio del suelo, reiterando su postura respecto a la importancia de garantizar una gestión clara, transparente y diferenciada del patrimonio del suelo en el marco del reciente anteproyecto de Ley que busca actualizar el régimen jurídico del patrimonio de Andalucía.

      “Desde CCOO consideramos fundamental que la ley establezca de manera expresa que el patrimonio público de suelo sea gestionado como un patrimonio independiente y separado del resto de los bienes y derechos de la administración autonómica”, apunta el sindicato.

      Sobre esta cuestión, la central ha puntualizado que “el articulado del anteproyecto no especifica claramente esta separación, lo que puede generar confusiones y riesgos en la gestión y protección de estos bienes tan estratégicos para el desarrollo social y urbano de la región”.

      Del mismo modo, CCOO ha señalado la preocupación por la potenciación de la figura jurídica de las permutas para facilitar la actividad económica privada, “sin las suficientes garantías de valoración objetiva y de equivalencia”. Además, el sindicato subraya que “la posibilidad de pagar contratos de obra con inmuebles o derechos sobre los mismos de titularidad de la administración que licite el contrato debe ser excepcional, transparente y fiscalizada para evitar la descapitalización del patrimonio público”.

      El sindicato ha insistido en que la ley debe delimitar que el patrimonio del suelo, gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), “se constituya como un patrimonio autónomo con reglas específicas para su protección y uso social”. En opinión de CCOO, “esta diferenciación es clave para evitar externalizaciones, privatizaciones o usos que puedan no responder a los intereses sociales y urbanísticos de la ciudadanía. Además, una gestión diferenciada facilitaría un control más efectivo, garantizando que los bienes de suelo se destinen a fines sociales, como la vivienda social, la urbanización de zonas y otros proyectos que beneficien a la comunidad”.

      Por ello, CCOO ha reclamado que la normativa “incluya mecanismos claros para la gestión del patrimonio del suelo, con participación activa de los sindicatos y órganos de control, asegurando la transparencia, la protección de los derechos laborales y el cumplimiento de la función social del patrimonio público; así se ha propuesto la creación de órganos de participación que garanticen la voz de las y los empleados públicos en la toma de decisiones”.

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