Comisiones Obreras de Andalucía | 1 julio 2025.

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    CCOO rechaza el Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía: “Es regresivo y concibe la vivienda más como un bien de mercado que como un derecho social”

      La posición de CCOO respecto al Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía presentado ante el Consejo Económico y Social (CES) es, con carácter general, una opinión negativa. “La ley no sólo no aporta los mecanismos necesarios para reducir el actual problema de la vivienda en nuestro territorio sino que, en muchos aspectos, tiene un carácter regresivo y concibe la vivienda más como un bien de mercado que como un derecho social que debe ser garantizado por los poderes públicos”. El sindicato ya criticó que la norma fuese incluida por trámite de urgencia en el CES, “limitando un verdadero procedimiento participativo en una Ley de esa importancia social”.

      30/06/2025.
      Bloque de viviendas

      Bloque de viviendas

      CCOO ha dejada clara su postura respecto al Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía presentado ante el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía. “Nuestra opinión es negativa porque la Ley no sólo no aporta los mecanismos necesarios para reducir el actual problema de la vivienda en nuestro territorio sino que, en muchos aspectos, tiene un carácter regresivo y concibe la vivienda más como un bien de mercado que como un derecho social que debe ser garantizado por los poderes públicos. Entendemos que no va a resultar un instrumento útil para incrementar el parque de vivienda social de Andalucía y que no ofrece medidas de apoyo ni políticas activas para garantizar el derecho a la vivienda a las andaluzas y andaluces”.

      Asimismo, el sindicato ha recordado su rechazo al procedimiento seguido ya que la norma fue incluida por trámite de urgencia en el CES, “limitando un verdadero procedimiento participativo en una Ley de esa importancia social”.

      En cuanto al contenido de la norma, CCOO ha explicado que “el propio título de la Ley no hace ninguna referencia al derecho a la vivienda de la ciudadanía, que debiera recogerse en el título, ya que su finalidad ha de ser la de dotar a las andaluzas y andaluces de una oferta de viviendas suficiente y asequible para avanzar en hacer efectivo un derecho reconocido en nuestra Constitución. La eficacia de este derecho depende de la actuación de los poderes públicos y ese, y no otro, debería ser el objeto de la Ley”.

      Desde el sindicato se defiende la idea de que “para garantizar este derecho a la vivienda es imprescindible impulsar la oferta de vivienda a precio asequible y establecer líneas de ayudas públicas tanto a la compra como al alquiler”.

      En ese sentido, la organización ha aseverado que “esta Ley no desarrolla un sistema estable de ayudas públicas y el anteproyecto no contempla absolutamente ningún tipo de cobertura presupuestaria para todas las medidas que es preciso abordar”.

      Por otro lado, la Ley andaluza no recoge, según la central sindical, “medidas importantes contempladas en la Ley Estatal 12/2023 como la regulación de los parques públicos para evitar la venta a fondos de inversión, un porcentaje mínimo de reserva de suelo para vivienda en alquiler, establecimiento de límites al precio del alquiler o regulación de zonas tensionadas”.

      Igualmente, la norma presenta “otras carencias fundamentales como la limitación del endeudamiento que las familias andaluzas deben destinar a la vivienda; un diagnóstico previo y objetivo de la situación actual; no se marca como objetivo acercarse a la media europea de viviendas sociales; no regula la vivienda turística; no se hace ninguna referencia a los metros cuadrados mínimos por persona; no se incorpora ninguna medida de declaración de zonas tensionadas o limitación del precio del alquiler y no contempla medidas contra la especulación. Asimismo, se incorporan medidas muy insuficientes para luchar contra el chabolismo, contra el fenómeno de viviendas vacías o de acción positiva dirigidas a colectivos vulnerables”.

      CCOO ha manifestado que en el seno del Consejo “ha sido imposible lograr consenso sobre materias de especial importancia, por lo que el dictamen emitido refleja este disenso y recoge las posturas de las partes”.

      Así, por parte de CCOO se rechaza la propuesta de la CEA de incorporar a la Ley un incremento indiscriminado de edificabilidad y densidad así como la declaración de emergencia habitacional que permita arbitrar un régimen excepcional tendente a la máxima desregulación en esta materia. “Nos genera también mucha preocupación el posible uso para vivienda de suelos dotacionales destinados a equipamiento básico que contempla la Ley. Se trata de suelos destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población esenciales para el desarrollo social”.

      En cuanto a la duración del régimen de protección y descalificación de la vivienda protegida, el sindicato entiende que “la Ley debe regular los plazos y no dejarlos al albur de los planes de vivienda sin limitación alguna y proponemos una duración mínima del régimen de protección de 30 años e indefinida y permanente para las viviendas protegidas promovidas con financiación pública o sobre suelo cedido por una Administración Pública.

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