Comisiones Obreras de Andalucía | 18 junio 2025.

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    CCOO de Andalucía exige a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía responsabilidades en relación a la deficiente gestión del Bono Alquiler Joven

      De los 68,4 millones de euros que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinó a Andalucía para el llamado Bono alquiler joven (BAJ) de la convocatoria del año 2022, solo ha comprometido el 53,1% (36,31 millones de euros) y reconocido el 36% (24,64 millones de euros) a 31 de marzo de 2024, según se recoge en un informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha llevado a cabo. Asimismo, CCOO de Andalucía denuncia que “los primeros pagos recibidos se hayan producido un año y medio después del inicio del período de arrendamiento subvencionado”.

      16/06/2025.
      Vivienda Fuente: Wikimedia

      Vivienda Fuente: Wikimedia

      La convocatoria de la ayuda al alquiler joven 2022, de aplicación en todas las comunidades y ciudades autónomas excepto País Vasco y Navarra, tuvo una dotación total de 400 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, correspondiéndole a Andalucía el 17,1%. Una iniciativa estatal destinada a compensar las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre el colectivo de personas jóvenes, quienes presentan serios problemas de emancipación (el 65% de los jóvenes de entre 18 y 34 años viven con sus padres) ante el desorbitado crecimiento de los precios del alquiler, y la falta de políticas públicas en materia de vivienda que permitan desarrollar el derecho Constitucional y Estatutario a una vivienda digna y accesible.

      En Andalucía, pese a esa grave situación, a 31 de marzo de 2024 sólo se han resuelto el 51,3% de las 17.288 solicitudes del Bono del Alquiler Joven, quedando el 23,2% en tramitación y el 25,5% sin iniciar si quiera, por insuficiencia de crédito (esto se ha dado por ejemplo en provincias donde se han recibido más solicitudes de las esperadas, como el caso de Sevilla y Málaga, con índices de resolución del 18,7% y 38,7% de las solicitudes recibidas).

      Según un informe de fiscalización llevado a cabo por la Cámara de Cuentas de Andalucía, el plazo medio de resolución es de 11,6 meses desde la presentación de la solicitud, excediendo el plazo máximo de seis meses establecido en las bases reguladoras. Asimismo, el tiempo adicional necesario para resolver las solicitudes pendientes se estima en 11 meses, a lo que hay que añadir el plazo medio de pago que es de 1,7 meses desde la resolución.

      Esto ha supuesto, según denuncia CCOO de Andalucía, que “los primeros pagos recibidos se hayan producido un año y medio después del inicio del período de arrendamiento subvencionado”.

      De hecho, el sindicato ha explicado que en las conclusiones del informe se recoge que “existe una gestión ineficaz por parte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía debido al bajo nivel de ejecución de los créditos y la limitada resolución de las solicitudes de la convocatoria, evidenciando deficiencias en su planificación y seguimiento”.

      Estamos pues, en palabras de CCOO “ante una planificación en materia de vivienda que carece de diagnósticos y estadísticas oficiales sobre el contexto o realidad del alquiler y la población potencialmente objetivo de las ayudas, en especial de las dirigidas a personas jóvenes y con escasos recursos, además de presentar debilidades en la definición y cuantificación de objetivos e indicadores”.

      El informe también recoge que la Comisión de Seguimiento del Plan Vive en Andalucía 2020-2030 se constituyó con un retraso superior a dos años sin respetar la periodicidad bianual de las reuniones. “No se han publicado los balances de ejecución de los años 2022 y 2023. No se han revisado los objetivos del Plan tras la aprobación del Bono Alquiler Joven ni se ha desarrollado el Sistema de Información de la Vivienda de Andalucía (SIVA)”.

      CCOO Andalucía ha criticado y rechazado de manera contundente “la actitud pasiva, despreocupada e irresponsable del Gobierno andaluz ante la ayuda al alquiler de vivienda para jóvenes, teniendo en cuenta la situación de emergencia social que la vivienda está provocando”.

      Cabe recordar, como ha apuntado el sindicato que en Andalucía el salario medio de las personas jóvenes menores de 30 años es de 10.350 euros al año, lo que supone 8.000 euros anuales menos que la media total. A ello se le une una baja estabilidad en las contrataciones, ya que solo el 36,8% de las y los jóvenes menores de 30 años han trabajado los 12 meses del año 2023, mientras que la media total lo hace en un 67% de los casos.

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