Comisiones Obreras de Andalucía | 6 abril 2025.

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    CCOO advierte que el decreto ley de vivienda del Gobierno andaluz es insuficiente e ineficaz: “Vende viviendas de humo a la juventud para regalar suelo a las constructoras”

      El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para poner suelo público a disposición de las empresas constructoras para la construcción de 20.000 viviendas protegidas es “absolutamente insuficiente, ineficiente y no da respuesta urgente porque las primeras viviendas no estarían hasta 2028”. El sindicato advierte que la medida va a permitir a las constructoras seleccionar a los compradores y compradoras sin necesidad de que estén incluidos en los registros de demandantes sin el más mínimo control público para acceder a una vivienda protegida. CCOO denuncia el cambio de los límites de renta para acceder a la vivienda protegida, de manera que pueden acceder las rentas altas y muy altas, superando incluso los 98.000 euros al año. “Hasta el presidente de la Junta de Andalucía podría acceder a una VPO”.

      25/02/2025.
      Vivienda. Fuente: Freepik

      Vivienda. Fuente: Freepik

      CCOO de Andalucía se ha mostrado muy crítica con el decreto ley de vivienda aprobado por el presidente de la Junta de Andalucía para la construcción de 20.000 viviendas protegidas, calificando la medida de “insuficiente e ineficaz”. “No incluye medidas urgentes, ya que la primeras viviendas estarán como muy pronto en 2028 y mientras seguiremos con subidas insoportables del alquiler y de los precios de compra”.

      Asimismo, el sindicato ha advertido que se trata de una norma con la que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla “nos vende humo a costa del bolsillo de los andaluces y andaluzas porque en realidad lo que pretende esta medida es regalar el suelo propiedad de la Junta de Andalucía a las empresas constructoras cuando dispone de una herramienta propia para construir vivienda de protección pública como es la AVRA que le permitiría mantener la propiedad tanto del suelo como de las viviendas y así ir creando un parque público de vivienda con precios asequibles”.

      En ese sentido, la central sindical ha explicado que el decreto ley “solamente incluye medidas para favorecer el negocio de las constructoras a las que además le van a permitir seleccionar a los compradores y compradoras sin necesidad de que estén incluidos en los registros de demandantes; es decir, sin el más mínimo control público para acceder a vivienda protegida, cargándose los registros municipales de demandantes”.

      Otro punto que ha criticado CCOO es el cambio de los límites de renta para acceder a la vivienda protegida, de manera que puedan acceder las rentas altas y muy altas, que es lo que le interesa a la patronal de la construcción, superando incluso los 98.000 € al año. “Hasta el presidente de la junta Andalucía podría acceder a una VPO con este cambio, mientras hay más de 135.000 personas en los registros de demandantes con ingresos que no llegan a 35.000 euros”.

      Frente a ello, la organización sindical considera que “las únicas medidas urgentes que se pueden tomar son el control de la vivienda turística, la regulación de las zonas tensionadas, el control de los precios del alquiler, así como medidas para poner en el mercado viviendas vacías con medidas que ya aplican en otras comunidades autónomas, de manera que se puedan poner de forma rápida a disposición de las personas que más lo necesitan”.

      Por otra parte, CCOO ha puesto de manifiesto que “el discurso interesado y pseudo ideológico del Partido Popular sobre la ocupación, que es prácticamente inexistente, ha levantado una barrera para que los pequeños propietarios pongan viviendas en alquiler porque genera un miedo que no se palía con las promesas de políticas contra la inquiocupación que los propietarios saben que son imposibles de aplicar en la realidad. El PP vende humo, otra vez”.

      El sindicato ha señalado que el decreto ley no responde a ninguna medida incluida en el Pacto para el Impulso Económico y Social de Andalucía y que no ha sido objeto de diálogo social a pesar de haberse producido varias reuniones. “Ni siquiera hemos tenido conocimiento del texto previamente y vemos como el PP toma medidas sin negociar con nadie, exclusivamente con la patronal, saltándose el Parlamento y volviendo a medidas que ya fracasaron en los años 90, y que nos llevaron a la crisis inmobiliaria de la que todavía prácticamente no hemos salido”.

      “Con este decreto ley se evidencia, una vez más, la incapacidad del Gobierno andaluz para sacar una ley de vivienda en los más siete años que lleva gobernando que dé solución a los problemas reales de la sociedad andaluza”, argumenta el sindicato.