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Comisiones Obreras de Andalucía | 27 septiembre 2021.

CCOO-A considera “innecesaria y peligrosa” la modificación realizada por la Junta de Andalucía de la Ley de Servicios Sociales

    El sindicato advierte que la modificación de la normativa quita competencias a los ayuntamientos y diputaciones y no clarifica para nada ni ayuda a que las listas de espera en dependencia disminuyan. CCOO explica que el “atasco” en el sistema de la dependencia no está en el inicio del trámite gestionado por los entes locales o provinciales que es lo que se quiere modificar, sino en la tramitación posterior, con expedientes acumulados y que corresponde a la Junta de Andalucía.

    28/09/2020.
    El colapso en dependencia no es achacable a la plantilla sino a la falta de financiación

    El colapso en dependencia no es achacable a la plantilla sino a la falta de financiación

    La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-A, ha alertado sobre la modificación que ha hecho la Junta de Andalucía de la Ley de Servicios Sociales a través del Decreto Ley 24/2020 por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan medidas de empleo y servicios sociales, como consecuencia de la situación generada por el coronavirus.

    Según advierte el sector de administración local de la FSC, esta modificación esencial quita competencias a los ayuntamientos y diputaciones y “rompe” la columna vertebral del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, haciendo desaparecer y diluyendo la puerta de entrada al sistema.

    CCOO apunta que con este cambio se pone aún más en peligro el sistema, “porque modifica lo que funciona, sin clarificar cual será la nueva tramitación, cuáles pueden ser las vías de inicio del procedimiento, o dónde y por quién se realizará el Programa Individual de Atención (PIA), así como la propuesta de revisión del mismo”. Como explica el sindicato, “esto es de suma importancia, ya que el PIA, elaborado desde los Servicios Sociales Comunitarios, es el que permite a la familia decidir cuál es el recurso que mejor se adecua a las necesidades de la persona dependiente, por ser los trabajadores y trabajadoras sociales municipales los profesionales más cercanos a las familias”.

    Por otra parte, el sindicato deja claro que “el atasco en el sistema de la dependencia no está en el inicio del trámite gestionado por las Entidades Locales que es lo que se quiere modificar, sino en la falta de financiación y de suficientes plazas en los servicios para acabar con la lista de espera de más de 65.000 personas ya valoradas, y en los expedientes acumulados y que corresponde gestionar a la Junta de Andalucía”. “Si la intención es que los expedientes se inicien directamente en la administración de la Junta, -añade la central-, creemos que se puede colapsar aún más por la falta de recursos humanos en las delegaciones de la Junta de Andalucía, a la vez que se dificultaría la solicitud de las prestaciones al obligar a las personas a acudir a las delegaciones provinciales para hacer los trámites”.

    Igualmente, la central “espera” que dicha gestión no se externalice o privatice, “porque entonces además peligrarían puestos de trabajo público, que son los que conocen y atienden desde la cercanía a las familias y personas dependientes”; o que “lo que es peor aún”, se esté intentando ocultar las listas de espera, y dejar en la indefensión a las personas dependientes.

    La central ha criticado que el Gobierno andaluz utilice la excusa del Covid-19 para la modificación de la Ley y lo haga además sin contar con los agentes económicos y sociales ni con la FAMP y sin tener en cuenta el verdadero debate, sobre qué falla y dónde, para que existan largas listas de espera en la dependencia, y se dificulte el acceso al sistema a las personas dependientes.

    CCOO-A ha hecho un llamamiento al legislativo andaluz, a toda la oposición, así como a la FAMP para que frenen “este cambio radical de la ley sin el procedimiento adecuado y se aborde el dialogo para ayudar a la dependencia a salir de la inmovilidad en la que se encuentra, garantizando los puestos de trabajo existentes y reforzando los servicios sociales comunitarios”.

    Por otro lado, el sindicato ha criticado que no se aclare qué va a pasar con los créditos correspondientes al refuerzo de los servicios sociales comunitarios para el desarrollo de competencias en materia de dependencia que van destinados a los municipios con población superior a 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales. Estos créditos, que ascienden a 10.290.871 euros, se destinan al refuerzo del personal encargado de realizar, entre otras funciones, la gestión de solicitudes de inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que es la función que se recorta con el nuevo decreto, “por lo que desconocemos si dicha cuantía se va a perder cuando más falta hace el servicio”.