Comisiones Obreras de Andalucía | 28 marzo 2024.

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    CCOO acuerda la actualización del Protocolo de acoso laboral por razón de sexo y por discriminación para los empleados y empleadas públicos

      La Mesa General de la Función Pública de Andalucía, en la que está representada CCOO como sindicato mayoritario, ha suscrito el acuerdo de actualización del Protocolo de 2014 sobre acoso a los empleados y empleadas públicos de la Junta de Andalucía.

      14/02/2020.
      Momento de la firma

      Momento de la firma

      El acuerdo suscrito lo es de mejora y actualización del Protocolo de prevención y actuación ante el acoso laboral sexual, por razones de sexo u otra discriminación ya firmado en 2014, dando respuesta a parte de las reivindicaciones históricas de CCOO en relación al acoso que pueden sufrir los trabajadores y trabajadoras de la administración pública de la Junta de Andalucía.

      El Área Pública de CCOO informa que este acuerdo de actualización del protocolo supone un avance en tanto que, al publicarse en BOJA, lo hace más vinculante desmantelando los discursos negacionistas de la discriminación de género cuyos máximos exponentes son el acoso sexual en el trabajo y la violencia machista, y que quiere ocultar la extrema derecha, socia del gobierno andaluz y al que parte de la derecha da cobertura.

      Según informa Diego Molina, Coordinador del Área Pública de CCOO de Andalucía, es necesario la puesta en marcha de protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, en este caso para las empleadas públicas, una reivindicación que debe tomar cuerpo igualmente en los convenios colectivos de empresa como uno de los mecanismos, aunque no único, para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. “Disponer de protocolos que eviten la discriminación por razón de raza, orientación sexual o discapacidad, entre otras cuestiones, resulta igualmente fundamental en una sociedad que debe velar por la igualdad y la equidad social”, asevera Molina.

      CCOO valora que este protocolo busque garantizar la protección de las personas empleadas en la administración pública y el respeto a sus derechos fundamentales como lo son la igualdad y la no discriminación, principios que recogen nuestra Constitución y la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea.