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CCOO pide una Ley de agricultura y ganadería que garantice empleo de calidad y los derechos de las personas agricultoras asalariadas

  • El sindicato reclama que la Ley recoja la propuesta de CCOO de condicionar el acceso e importe de las ayudas al mantenimiento de empleo de calidad o la responsabilidad social de la empresa y lamenta que no contemple a la “persona agricultora asalariada” como parte de la Norma pese a que en torno a 500.000 personas trabajan en la agricultura y en la ganadería en nuestra tierra
  • CCOO reivindica una mayor participación de los agentes económicos y sociales más representativos en el desarrollo de la Ley y propone al respecto crear el Consejo Agroalimentario Andaluz como verdadero órgano de participación, asesoramiento y seguimiento

17/09/2018.
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En Andalucía en torno a 500.000 personas trabajan por cuenta ajena en el sector de la agricultura y la ganadería, de ahí que CCOO abogue por un proyecto alternativo para el campo andaluz que derogue la Ley 8/1984 y permita avanzar en derechos laborales, aunando además sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Ante el Proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, el sindicato ha reconocido que se trata de un documento en el que ha participado muy activamente con el fin de lograr una Ley integradora y vertebradora en términos de empleo, modernización e innovación. En ese sentido, CCOO ha saludado en términos generales el proyecto de Ley, que aboga por acabar con la discriminación entre hombres y mujeres y busca dar un impulso a la juventud en el sector.

En cambio, el sindicato ha reclamado la inclusión en el documento de una de las propuestas sindicales de condicionar el acceso e importe de las ayudas a la estabilidad y calidad del empleo generado por la empresa y ha apuntado que “echa en falta” que la Norma contemple la figura de la persona agricultora asalariada, incluyendo tanto a los agricultores y agricultoras activos como al personal trabajador por cuenta ajena. Sobre estos últimos, CCOO ha reivindicado que la Ley reconozca los derechos laborales básicos del personal contratado, asegurando que se cumpla la normativa laboral y las condiciones establecidas en los convenios de aplicación.

Por otra parte, el sindicato demanda que los agentes socioeconómicos andaluces tengan mayor representatividad en los órganos destinados a planificar y desarrollar las políticas agrarias, lamentando en este sentido la ausencia de estos en el ‘Consejo Asesor Agrario de Andalucía’. Sobre esta cuestión, CCOO ha propuesto en su comparecencia parlamentaria que el Consejo Agroalimentario Andaluz se cree como un verdadero órgano de participación, asesoramiento y seguimiento de estas políticas.

Entre las reivindicaciones planteadas por el sindicato se encuentran igualmente que el sector forestal tenga cabida en la Norma, la apuesta por mantener tierras agrarias de titularidad pública fomentando opciones que permitan su rentabilidad manteniendo esa titularidad, que se dé una trazabilidad social en la cadena alimentaria donde se incluyan aspectos y condiciones laborales y que haya un impulso y promoción de los laboratorios públicos del sector frente a los privados.

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