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    25N - Por ti, por mi y por todas las compañeras

    Tras ser firme la sentencia del TSJA

    Los tribunales dan la razón a las 'Kellys'

      17/04/2018.
      Reclamación de CCOO Servicios

      Reclamación de CCOO Servicios

      El sindicato de CCOO de Servicios de Málaga ha instado a la Inspección de Trabajo a que levante acta de infracción de normas laborales y de Seguridad Social a 44 establecimientos hoteleros de la provincia por tener externalizado el departamento de pisos y no aplicar el convenio provincial de hostelería.

      La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya es firme, por lo que el sindicato ya ha solicitado una reunión con el jefe de la Inspección en Málaga, Alfonso Conejo.

      Esta sentencia afecta a 550 trabajadoras y 6.926 camas hoteleras. Por localidades, Málaga capital está a la cabeza con 17 establecimientos hoteleros, Fuengirola y Mijas con cinco cada una; Benalmádena, seis; Marbella, con cuatro; Torremolinos, Nerja y Estepona, dos cada uno; y uno de Rincón de la Victoria.

      Con fecha 19 de abril de 2017, el TSJA dictó sentencia donde se especifica el artículo 3 del convenio colectivo de Hostelería de Málaga, que alude a que las actividades desarrolladas por camareras de pisos, personal de restaurante, cocina y recepción, cualquiera que sea la empresa para la que presten sus servicios, "les serán de aplicación las condiciones previstas en el presente convenio colectivo".

      En este sentido, la empresa multiservicios del hotel Vincci Posada de Málaga interpuso un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que, sin embargo, no ha sido admitido a trámite por lo que se confirma la sentencia del TSJA.

      Denunciamos que en muchas ocasiones se está utilizando a trabajadoras que desempeñan funciones de camarera de pisos sin que se les aplique el convenio de hostelería de Málaga, sino que se les aplica el de empresas multiservicios, incumpliendo por tanto lo preceptuado en el artículo 3 del citado convenio.

      Estas empleadas sufren explotación laboral y semi esclavitud en pleno siglo XXI, lo que acarrea graves perjuicios económicos y sociales a estas empleadas puesto que al externalizar el servicio de una manera precaria y fraudulenta se paga el salario mínimo interprofesional de 825,53 euros brutos, incluidas las pagas extras, lo que supone un 51,77 por ciento menos que si se le aplicara el convenio sectorial.

      Todo ello supone en términos anuales un ahorro para estas empresas de cerca de cinco millones y medio de euros, que dejan de percibir estas trabajadoras subcontratadas en precario. A ello, ha puntualizado, se suma la pérdida de los puntos sociales del convenio de hostelería de Málaga --dos días de descanso, pago de festivos, recargo de la incapacidad temporal, día de asuntos propios, etcétera-- puesto que las empresas de empresa multiservicios tan solo tienen los mínimos del Estatuto de los Trabajadores.

      El convenio provincial de hostelería garantiza un salario bruto en un hotel de cuatro estrellas de 1.711 euros, un 48,7 por ciento más. Además, la externalización del departamento de pisos supone un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que las trabajadoras cotizan por unos salarios inferiores a los que realmente corresponderían cotizar.

      La diferencia de cotización es de 500 euros menos dependiendo de la jornada contratada. Esto supone anualmente que la Seguridad Social deja de ingresar más de tres millones de euros, con las consecuencias negativa para las prestaciones de desempleo, incapacidad temporal y las futuras pensiones.

      Todo esto está ocurriendo en un contexto económico de una bonanza turística sin precedente. Además supone una competencia desleal para cientos de establecimientos hoteleros que cumplen con la legislación vigente en materia laboral.

      Por todo ello, y una vez la sentencia es firme, desde el sindicato solicitamos levantar actas de infracción, que se investiguen los hechos y, tras incoar el acta, se sancione a las empresas para que se les obligue a ajustarse a derecho.

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