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El sindicato advierte que la reforma propuesta por el Gobierno andaluz de la norma que afecta al tratamiento y gestión de los suelos contaminados a través del uso de técnicas de confinamiento “in situ”, “reproduce textualmente el artículo 22 del Decreto-Ley 2/2020 que fue declarado inconstitucional y generaba un riesgo potencial para el medioambiente y la salud de la ciudadanía andaluza”. Asimismo, CCOO de Andalucía ha advertido que propuesta del Gobierno “no contempla el uso de las mejores técnicas disponibles con las que eliminar y tratar los suelos contaminados” y defiende que estos procesos “vayan acompañados, obligatoriamente, de un programa técnico de control, seguimiento y transparencia”.
Ante la aparición de nuevos brotes de gripe aviar en Andalucía, la federación de Industria de CCOO de Andalucía ha puesto en valor la relevancia económica, social y laboral del sector avícola en la comunidad autónoma, al tiempo que ha subrayado la necesidad urgente de reforzar las plantillas de los servicios públicos de las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, “para hacer frente a esta situación con eficacia y garantías”.
En el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, CCOO de Andalucía ha lamentado “la falta de ejemplaridad del Gobierno andaluz al no poner en marcha un plan de movilidad en sus centros administrativos”. “CCOO lleva años reclamando esta medida, sin que la Administración tome medidas”. La federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato denuncia que el Gobierno de la Junta “sigue vendiendo humo con buenas palabras que nunca se transforman en acciones concretas”.
CCOO de Andalucía ha subrayado en el Parlamento la necesidad de que la futura Ley se centre exclusivamente en la producción ecológica, sin mezclarla con otras modalidades sostenibles, para proteger la seguridad jurídica, el valor en el mercado y la confianza, tanto de personas consumidoras como de productores y productoras. El sindicato ha advertido que “homogeneizar bajo una misma norma realidades con diferentes niveles de exigencia puede suponer un retroceso sectorial y un daño a la imagen y potencial económico del sector ecológico andaluz, líder nacional y europeo con más de 1,3 millones de hectáreas certificadas”.
El Sector de Administración Autonómica de CCOO ha vuelto a reivindicar un Plan de Movilidad Sostenible en la Junta de Andalucía con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El sindicato lleva años reivindicando este plan, sin que la Dirección General de Función Pública abra negociaciones. Desde CCOO consideran que el Gobierno andaluz “debe darse menos golpes de pecho en la defensa del medio ambiente y pasar a los hechos concretos”.
CCOO de Andalucía y la organización ‘Alianza Ibérica por el ferrocarril’ han presentado un plan de servicios para impulsar el ferrocarril en Andalucía bajo la premisa de que ha de convertirse en el núcleo central de las políticas de movilidad sostenible. “España es el único país en el que la apuesta por la alta velocidad ha supuesto el abandono del ferrocarril de proximidad que es el que nos hace la vida más fácil en el día a día y ya es hora de que esté en el foco de las políticas de transporte con más inversión por parte de los gobiernos y una mejor calidad del servicio”.
CCOO de Andalucía señala que la Ley se ha aprobado en Consejo de Gobierno “haciendo caso omiso” a la petición del sindicato de ampliar el plazo para su análisis y que se eliminase el párrafo en el que se asegura que la norma da cumplimiento a una de las medidas del Pacto para el Impulso Social y Económico de Andalucía. “La realidad es que el texto final no ha sido objeto de negociación como mandata el citado Pacto, por lo que el Gobierno andaluz manipula el diálogo social para dar una visión de consenso que no es real”. Además, el sindicato ha adelantado que “a primer golpe de vista se trata de una Ley regresiva y simplista que no afronta los retos medioambientales prioritarios para Andalucía ni da respuesta a su singularidad medioambiental”.
No podemos caer en el error de olvidar la experiencia y las enseñanzas del largo ciclo de sequía que todavía no se ha superado en la totalidad de Andalucía. Denunciamos a los sectores que todavía niegan la evidencia de los efectos del cambio climático que intensifica sequías e inundaciones. La sobreexplotación de los recursos hídricos y el deterioro de la calidad de los ecosistemas acuáticos están en la base de la crisis del agua en Andalucía. La gestión de avenidas e inundaciones necesita un cambio de rumbo en línea con el propio marco legal europeo, estatal y autonómico. Estos cambios se deben realizar con criterios de equidad y transición justa tanto laboral como de mantenimiento del tejido empresarial enraizado en el territorio.
El sindicato se une un año más a la ‘Semana Europea de la Movilidad’ que se celebra del 16 al 22 de septiembre de 2024. CCOO ha mostrado su preocupación por el incremento en el número de accidentes in itinere ocurridos durante el año 2023, alcanzando la cifra de 15.538 accidentes, así como por el consumo de energía dedicada al desplazamiento de la ciudadanía y la población trabajadora, suponiendo un 38% del total de la energía consumida y un 63% de las emisiones de CO2. Frente a ello, apuesta una movilidad sostenible “con la que mejorar la calidad del ambiente y la vida de las personas trabajadoras”.
CCOO de Andalucía ha llevado a cabo unas jornadas en las que durante dos días y de la mano de personas expertas en la materia se ha analizado el papel que la Inteligencia Artificial está teniendo ya y va a tener en el mundo del trabajo desde diferentes perspectivas como la Negociación Colectiva, el género o la salud laboral. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha destacado en su intervención la necesidad de que el sindicato “esté a la vanguardia en esta revolución para velar y garantizar que la Inteligencia Artificial se convierta en una herramienta para extender la democracia, generar nuevos derechos sociales y mejorar los derechos laborales y no en una manera de empeorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”. “Tenemos que evitar que haya perdedores y para eso el sindicato debe y tiene que ser parte activa”.
La Mesa se opone a la venta de agua desde el Altiplano de Granada a la comarca del Almanzora en Almería a través de acuerdos privados. La Ley de Aguas prevé centros de intercambio con garantías ambientales y sociales baja supervisión pública.
El sindicato considera fundamental asociar el mundo del trabajo con la sostenibilidad ambiental. “El propio cambio climático, la degradación de los hábitats naturales y la escasez de recursos nos enfrentan a desafíos significativos que requieren de la participación conjunta de todos los agentes sociales y económicos, administraciones y de la sociedad en general, siendo un hecho notorio el impacto directo e indirecto que tienen las actividades productivas y de servicios sobre el medio ambiente”.
Las organizaciones advierten que la lluvia no ha resuelto la situación de sequía meteorológica y además prevalece la escasez, fruto del desequilibrio entre las altas demandas de agua de sectores productivos y los recursos disponibles. Reclaman la aplicación de los Planes Especiales de Sequía y Planes de Emergencia Municipales para escalonar medidas de reducción de dotaciones tanto en los estadios iniciales como en la desescalada de la sequía. Exigen la aplicación de criterios de justicia social en el reparto de dotaciones, de manera que se garantice la supervivencia de la agricultura familiar y profesional y se palíen los efectos de la destrucción de empleo derivados de la sequía.
Las organizaciones que componen la Mesa Social del Agua denuncia que la disminución del 12% a toda población es injusta porque lleva a la ruina a las pequeñas explotaciones familiares y abogan bancos públicos del agua para un reparto justo y transparente. Defienden una gestión pública del agua, medidas consensuadas y una mayor participación de las organizaciones sociales para garantizar que en el acceso al agua se tengan en cuenta criterios sociales que eviten un perjuicio para la mayoría social. Reclaman reformar la Ley de Aguas para incluir una visión social en aspectos como el régimen concesional, un Pacto por la Agricultura Familiar, una transición justa y un profundo debate social con apoyo científico, cultural y político para lograr acuerdos.
