Comisiones Obreras de Andalucía | 3 enero 2026.

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    CCOO de Andalucía califica como una mera declaración de intenciones el II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad del Gobierno andaluz

      El sindicato denuncia un modelo asistencialista que destina el 90,97% de los 546,6 millones de euros a subvenciones y consolida la segregación laboral al dedicar solo el 6,77% del presupuesto al mercado ordinario. Del mismo modo, ha indicado que la calendarización de este II Plan, con el año prácticamente terminado, conlleva graves inconvenientes en términos de ejecución real de las políticas públicas y advierte de que las medidas incorporadas no podrán desarrollarse con fuerza hasta 2026, lo que reduce el impacto efectivo del primer año de vigencia

      29/12/2025.
      Pedrsonas trabajadora en silla de ruedas. Foto: Marcus Aurelius

      Pedrsonas trabajadora en silla de ruedas. Foto: Marcus Aurelius

      CCOO de Andalucía ha calificado como una mera declaración de intenciones la aprobación del II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad 2025-2028. El sindicato ha lamentado que el texto no aterrice en propuestas estructurales que den salida al bajo peso en la inserción laboral de este colectivo en la Comunidad Autónoma. Actualmente, ni una tercera parte de estas personas consigue estar activa en el mercado laboral, lo que acentúa un riesgo de pobreza y exclusión social que supera el 44%.

      El sindicato ha indicado que la calendarización de este II Plan, con el año prácticamente terminado, conlleva graves inconvenientes en términos de ejecución real de las políticas públicas y advierte de que las medidas incorporadas no podrán desarrollarse con fuerza hasta 2026, lo que reduce el impacto efectivo del primer año de vigencia. Esta situación ha implicado una pérdida de ritmo en la ejecución presupuestaria y una pérdida de oportunidades de empleo durante el presente año 2025.

      El modelo presentado por el Gobierno andaluz mantiene, según CCOO, un carácter asistencialista donde el 90,97% del presupuesto total de 546,6 millones de € se canaliza vía subvenciones. Estas ayudas se dirigen principalmente al mantenimiento del empleo en Centros Especiales de Empleo (CEE), sin establecer mecanismos vinculantes y ambiciosos para el tránsito al mercado ordinario. Esta falta de incentivos reales dificulta la inclusión efectiva en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

      CCOO de Andalucía ha denunciado que el mantenimiento de un presupuesto masivo para el empleo protegido, que alcanza el 61,4%, frente al residual 6,77% para el ordinario, supone la consolidación de un modelo de segregación laboral. El sindicato ha alertado sobre la falta de medidas de control para que los Centros Especiales de Empleo cumplan con su finalidad de inclusión. En este sentido, han señalado los incumplimientos en las contrataciones no vinculadas a los Convenios Colectivos de referencia.

      La organización ha reclamado la inclusión de una cláusula social que evite la picaresca de aplicar salarios inferiores en el empleo protegido. "La dinámica actual del mercado laboral provoca que solo 1 de cada 5 personas con discapacidad consiga llegar al mercado ordinario", ha subrayado el sindicato que añade que “el plan actual no garantiza un cambio de tendencia real frente a la discriminación que sufre el colectivo”.

      A pesar de valorar la inclusión de la legitimación sindical y la perspectiva de género en el Plan, CCOO considera insuficiente el presupuesto destinado a estos retos estratégicos y ha denunciado que la partida para el asesoramiento en formación y contratación de mujeres con discapacidad es de solo 118.281,84€, apenas el 0,022% del presupuesto total. Esta cifra resulta alarmante ante brechas en las tasas de empleo y paro que discriminan a las mujeres frente a los hombres en más de 5 puntos porcentuales.

      Asimismo, CCOO de Andalucía ha denunciado que solo se destinen 108.308€ a medidas específicas en los Planes de Igualdad y protocolos contra el acoso sexual para este colectivo. Igualmente, ha criticado que el presupuesto para la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros de trabajo para evitar riesgos laborales no llegue a los 300.000€. Finalmente, el sindicato ha exigido que se utilicen con eficiencia los 2.103,3 millones de euros de los fondos FSE+ para promover una integración social real.

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