Comisiones Obreras de Andalucía | 18 noviembre 2025.

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    25N 2025

    Nuria López: “El Gobierno andaluz no tiene una política propia en materia de empleo, su objetivo final es seguir beneficiando a la empresa privada”

      La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha calificado de “decepcionante” la deriva del presupuesto de empleo del Gobierno andaluz, que vuelve a reflejarse en los de 2026 con recortes que casi alcanzar los 25 millones de euros en el caso del Servicio Andaluz de Empleo. López Marín ha apuntado que “el Ejecutivo andaluz no tiene una política propia en materia de empleo”, al tiempo que ha aseverado que “no existe intención de atajar los problemas estructurales de nuestro tejido productivo, solo la intención de seguir derivando a la empresa privada, muchas veces sin una evaluación y control del impacto y, evidentemente, sin un retorno social de ese dinero público en forma de empleo de calidad, de más y mejores Políticas Activas de Empleo o de más formación y acreditación de competencias profesionales”.

      18/11/2025.
      Jornadas de Empleo de CCOO de Andalucía

      Jornadas de Empleo de CCOO de Andalucía

      En el marco de unas jornadas sobre empleo organizadas por CCOO de Andalucía, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y la secretaria de Empleo, Trinidad Gallardo, han calificado de “decepcionante” la deriva del presupuesto de empleo que se sigue dando los presupuestos para 2026. “No existe una política propia en materia de empleo, no existe intención de atajar los problemas estructurales de nuestro tejido productivo, solo la intención de seguir derivando a la empresa privada, muchas veces sin una evaluación y control del impacto y retorno social que ese dinero público debe suponer”.

      En ese sentido, López Marín ha hecho una radiografía de los recortes en materia de empleo por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. “Del presupuesto total se ha recortado un 1’4% (17’4 millones de euros que se une al recorte de los 28 millones de euros -14,4%- del año 2025) provocado principalmente por la desaparición de fondos europeos, los cuales se han reducido en 57’9 millones de euros y que suponían programas importantes como los proyectos integrales para colectivos vulnerables y para jóvenes, que el Gobierno andaluz ha preferido eliminar”.

      “Especialmente preocupante es el recorte en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que ve disminuido su presupuesto para 2026 en un 5,76%, casi 25 millones menos que se une a la congelación presupuestaria del año anterior”. Entre otras partidas, López Marín ha explicado que desciende la de personal, “en un intento de deteriorar la calidad de este servicio público que es imprescindible como elemento estratégico centrado en el empleo estable y de calidad y en garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo”.

      Igualmente se ha producido una reducción del gasto en personal en el conjunto de la Consejería de 8 millones “cuando las necesidades son prioritarias en esa área”. En cambio, López Marín ha aclarado que el Gobierno ha decidido incrementar las operaciones de capital (inversiones y transferencias de capital) respecto a 2025 en casi 23 millones e incrementar las ayudas a creación de empresas y autónomos.

      Asimismo, Gallardo ha denunciado que las Políticas Activas de Empleo en Andalucía “se han convertido en la hermana pobre del Gobierno andaluz por la falta de ejecución, con algunas partidas que no llegan ni al 18% y por el continuado recorte que vemos en los presupuestos”. “Se han reducido en un 15’9% (49’3 millones de euros) respecto a 2025, lo que se une al recorte efectuado en 2025 con 24 millones menos (un 7,2%).

      “Igualmente preocupante, resulta el recorte realizado en la formación profesional para el empleo que supone 3,4 millones de euros menos para esta materia tan importante en Andalucía”, ha señalado la secretaria de Empleo del sindicato.

      Frente a esos recortes, CCOO de Andalucía ha puesto en valor el papel de las Políticas Activas de Empleo, al tiempo que ha puesto el acento en el acceso a la formación y la acreditación de las competencias profesionales como un derecho a lo largo de la vida y no como un privilegio para quienes pueden pagársela. “En el actual contexto de transformación productiva, digitalización y transición ecológica es una oportunidad que tenemos las personas trabajadoras para promocionar, estabilizarnos en la empresa y, en consecuencia, poder aumentar nuestro salario y que la administración pública no fomente este instrumento perjudica a los trabajadores y trabajadoras”. “No es que las personas trabajadoras no se adapten a los cambios, es que no se le dan herramientas, ni reciclaje, ni oportunidades reales de cualificación”, ha apostillado la secretaria general del sindicato.