Comisiones Obreras de Andalucía | 18 octubre 2025.

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    Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural

    CCOO de Andalucía pide reforzar la figura del intérprete cultural y más recursos humanos y económicos para el nuevo cuerpo de inspectores de patrimonio

      CCOO de Andalucía ha presentado sus aportaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía durante su trámite en el Consejo económico y social de Andalucía (CES-A) con el fin de fortalecer la protección del patrimonio cultural andaluz, garantizar su gestión sostenible y promover la participación activa de los agentes sociales y la ciudadanía en su conservación y difusión. El sindicato ha valorado la iniciativa de actualizar la normativa sobre patrimonio cultural, reconociendo algunos avances en la norma proyectada; sin embargo, en opinión de CCOO “deja al descubierto carencias y omisiones que podrían comprometer la efectividad y el alcance de esta normativa”.

      17/10/2025.
      Calle turística de Córdoba

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      El sindicato ha presentado sus propuestas al Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural en Andalucía en el trámite en el CES-A quedando las mismas recogidas en el dictamen emitido por este organismo. De este modo, CCOO defiende que el patrimonio cultural vertebra la sociedad y requiere medidas trasversales y de coordinación a las que pretende dar consistencia este anteproyecto, “por lo que nos preocupa que el cambio de autorización previa para la actuación sobre el patrimonio se cambie por una declaración responsable, si ello no lleva recursos personales adecuados”.

      En este sentido, y como bien se expresa en el informe del CES-A, “se precisa de la creación de un Cuerpo de Inspectores de Patrimonio Histórico especializados que den repuesta rápida a las necesidades de tutela de estos bienes y la consecuente adaptación del régimen sancionador”. A este respecto, CCOO ha ahondado planteando “que es esencial disponer de unos recursos humanos adecuados en función del patrimonio existente en cada provincia y de los informes necesarios y las inspecciones pertinentes que deban realizarse, evitando que el juego del silencio administrativo ocasione situaciones irreparables”. Esto afecta específicamente, según ha señalado el sindicato, al Plan de Inspección anual, “que debería contemplar el número de personas funcionarias necesarias para su ejecución y contar con la dotación presupuestaria necesaria”.

      Asimismo, CCOO de Andalucía ha propuesto fortalecer y definir con mayor precisión la figura del intérprete cultural en este Anteproyecto de Ley, congratulándose de que el dictamen del CES-A “lo haya reproducido con literalidad”. Una propuesta que “busca garantizar el reconocimiento profesional de estos trabajadores y trabajadoras, mejorar sus condiciones laborales y asegurar su papel clave en la difusión y conservación del patrimonio cultural andaluz”.

      Para la central sindical, la figura del intérprete cultural “es fundamental para acercar el patrimonio a la ciudadanía y fomentar su valoración y cuidado”, motivo por el cual ha instado a la consejería de Cultura a incorporar esta propuesta en el texto definitivo de la ley, “asegurando un marco normativo que proteja y promueva esta profesión esencial. Se trata de que la profesión de intérprete del patrimonio se reconozca en función de la formación y experiencia justificada, siendo la administración pública de cultura garante de esa especialización”.

      De igual modo, hemos manifestado la preocupación porque no se cuente con las unidades suficientes para cumplimentar el asesoramiento con las entidades locales. “Entendemos que cualquier acuerdo de colaboración ha de llevar aparejado un plan específico de financiación, ya que la diversidad de entidades pequeñas en Andalucía es importante, por lo que para este sindicato es imperativo que la ley establezca un marco financiero robusto que permita no solo la conservación, sino también la revitalización de los bienes culturales, especialmente en un contexto de recortes presupuestarios y creciente presión urbanística. El patrimonio cultural es un bien común que merece una protección integral y una gestión innovadora y participativa”, argumenta la central sindical.

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