Las supresiones de unidades escolares públicas se vienen denunciando en muchos casos desde una mera instrumentalización política sin un análisis profundo y serio del contexto en que se están llevando a cabo. Por el contrario, se está perdiendo la oportunidad de corregir los atrasos históricos que nuestro sistema educativo andaluz arrastra por décadas, fruto sin duda de las condiciones laborales y culturales de nuestra tierra respecto a otras comunidades autónomas y a los países europeos más próximos. Estas supresiones están obviando los altos niveles de desempleo en la provincia de Málaga.

El ejemplo más sangrante se está dando en Cártama pueblo donde denunciamos desde este sindicato de enseñanza de CCOO en Málaga que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga no atiende las demandas de la representante de padres y madres Dª María Dolores Campaña Guerrero, de la Presidenta del AMPA del IES Jarifa de Cártama ni de la Sra. Concejala de Educación del Ayuntamiento de Cártama que han solicitado a través de escritos al Delegado de Educación, en las diferentes reuniones con la comisión de admisión, etc., para que amplíen un aula de 1º de la ESO en el Instituto para dar respuesta a las solicitudes de 11 matrículas en fecha y forma y de 6 Anexos IX más, haciendo un total de 17 nuevas solicitudes de matrículas para formar un nuevo grupo de 1º de la ESO. 

Los 17 niños/as y sus familias viven y están empadronados en la localidad de Cártama, muy cerca del IES Jarifa dónde, además, ya estudian otros hermanos mayores. La Delegación de Educación de Málaga obliga a los 17 alumnos/as a matricularse en los IES de la Estación de Cártama, municipio de la misma localidad que se encuentra a más de 5 kms de sus casas y sin transporte escolar para unos desplazamientos diarios que son, a todas luces, innecesarios y absurdos cuando existe un centro educativo en su propio municipio. 

Por todo esto, CCOO Enseñanza Málaga quiere denunciar, junto con la Comunidad Educativa del IES Jarifa, la situación de desmantelación del Sistema Educativo Público Andaluz. No se comprende que habiendo 11 alumnos/as que solicitaron el IES Jarifa de Cártama como centro prioritario en el proceso de admisión, más 6 Anexos IX fuera del plazo de matriculación ordinaria, la Delegación de Desarrollo Educativo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no haya concedido al centro una unidad más de 1º de la ESO y que, además, sigue demandándose con nuevos Anexos IX que continúan llegando al centro a día de hoy. 

Las supresiones de unidades escolares públicas demuestran que la educación no es ni ha sido, por unos y otros, una prioridad política. En cualquier caso, se desea ignorar que la reducción de población en edad escolar es un elemento positivo para fomentar una atención educativa más personalizada que erradique los niveles de abandono escolar temprano que Andalucía padece y con ello mejorar nuestra calidad educativa, máxime, además, con los déficits formativos que la pandemia está generando. Muy por el contrario, se está reduciendo el presupuesto en educación en el conjunto del gasto andaluz, una reducción que desciende por años lo que nos está condenando a una sociedad menos formada, menos competitiva y con ello, con peores condiciones de acceso al empleo.

En vez de reducir el número de escolares por aula, potenciar una mayor y mejor atención del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, incluido el que presenta necesidades educativas especiales, el de entornos sociales desfavorecidos o con problemas de aprendizaje, esta reducción de población andaluza en edad escolar está provocando una progresiva pérdida de unidades, básicamente en la escuela pública, precisamente la que ofrece mayores garantías de igualdad de oportunidades y de cohesión social.

No se trata de ser tremendistas en este análisis. Baste comprobar objetivamente la pérdida de unidades públicas que se han producido en Andalucía, también en Málaga, en los últimos cursos escolares, una reducción que viene produciéndose desde hace una década, precisamente cuando comenzó a reducirse la natalidad en Andalucía.

Es cierto que existe descenso de natalidad en Andalucía e igualmente en Málaga, pero la Educación sigue perdiendo peso en el gasto público andaluz y las ratios alumnado/unidad en Andalucía continúan como las más altas de España en prácticamente todos los niveles educativos. La Educación andaluza, como en todo el Estado, ha padecido especialmente la crisis económica y sus recortes asociados, sufriendo una importante disminución de la inversión educativa por escolar, la más baja de España, sólo tras Madrid donde las políticas neoliberales han tomado la Educación como bandera de su modelo económico y social.

Esta situación de descenso de natalidad en Andalucía y más concretamente en Málaga, supone una situación inmejorable para la recuperación y el crecimiento en calidad de nuestra educación que no está siendo aprovechada por las Administraciones Educativas de uno y otro color. Es la gran oportunidad de mejorar la “ratio” y otros indicadores educativos en los que Andalucía continúa ocupando posiciones deficientes. Se trata ésta pues de un contexto único para romper el círculo históricamente deficiente de nuestro sistema educativo: indicadores por debajo de los resultados escolares medios de España, bajos niveles en análisis comparativos internacionales con países de referencia...

Los datos publicitados de ratios por los gobiernos andaluces, siempre globales, obvian y han obviado la sobredotación en las grandes áreas metropolitanas y zonas costeras, incluyendo en esta media engañosa la escolarización que se debe ofrecer en las pequeñas poblaciones, con menor población infantil y juvenil, para garantizar el derecho a la educación en niveles obligatorios. Es necesario avanzar analizando la ratio, teniendo en cuenta comarcas y zonas, como un elemento de calidad educativa y no desde una perspectiva mercantilista. La educación no puede medirse con parámetros de rentabilidad económica sino de rentabilidad social.

Avanzar en la reducción de la ratio en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos permitirá una distribución equilibrada del alumnado en toda la red de centros escolares y así mejorar todo el sistema educativo público andaluz, evitándose que sigan produciéndose supresiones de unidades escolares, básicamente públicas, garantizándose que se blinde la educación pública como garante de la igualdad de oportunidades para toda la población.

Para la reversión de estas pérdidas de unidades escolares públicas, y a la luz de este análisis, CC.OO. plantea una serie de medidas urgentes y necesarias:

1.Reducción de la ratio a un máximo de 15 escolares en infantil y 20 en primaria, 25 en secundaria y 30 en bachillerato.

2.Desdobles de grupos en las asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas e idioma extranjero).

3.Las ratios de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, específicas y aulas ordinarias, deben contar con una reducción del número total máximo de escolares a matricular proporcional al número de estudiantes con necesidades específicas que se atiendan en ella.

4.La matriculación de hermanos/as en un mismo centro debe realizarse en el centro en el que se encuentran los hermanos/as mayores matriculados si no existen plazas ordinarias para todos ellos en el centro en que obtendría plaza el menor y no en sentido inverso, de modo que se evite la superación de la ratio máxima ordinaria.

5.Si por motivos de escolarización tardía (traslado de domicilio, acogimiento o adopción, migración…) se requieren una sobrematriculación para garantizar el derecho a la educación, se debe desdoblar el grupo escolar si se supera los 22 escolares por aula.

6.Blindaje de la educación pública evitando nuevas supresiones y recuperando aquellas necesarias para llevar a cabo las medidas de reducción de ratio y de atención educativa necesarias. El éxito escolar requiere una enseñanza más personalizada. Ni Andalucía ni Málaga pueden permitirse el lujo de perder esta oportunidad histórica que el descenso de natalidad facilita. Sólo en la ciudad de Málaga se ha suprimido centro educativo públicos en la curso pasado.

Una visión meramente economicista de la Educación, y que caracteriza y ha caracterizado las decisiones políticas en materia educativa, perjudica a nuestra Educación Pública. La reducción de unidades producida este curso es tan dura como la de los pasados e impide corregir los déficits históricos de nuestro sistema educativo y obvia la actual situación de pandemia que estamos padeciendo.