Cartel

La digitalización de las actividades productivas se ha realizado en la mayoría de los casos a costa del empleo, pero también de la salud de las personas trabajadoras. La prevención de riesgos laborales no es uno de los inputs que se incorporan en la gestión algorítmica de la organización del trabajo y la economía de plataformas, más bien al revés, incorpora elementos que incrementan y generan riesgos, sobre todo en la dimensión psicosocial. La monitorización constante, la falta de desconexión, la intensificación del trabajo, la reducción de la autonomía y determinación de la persona trabajadora sometida a la nueva inteligencia artificial, acaban provocando serios problemas de salud física y mental en las trabajadoras y trabajadores. La epidemia de salud mental que ha aflorado en los últimos tiempos no es ajena a estos factores laborales. Es necesario que la autoridad laboral controle que se garantice el derecho a entornos de trabajo seguros y saludables.

Pero si hay una transición que se está mostrando de manera más descarnada en los últimos años es la medioambiental. Los sindicatos venimos alertando desde hace décadas de la necesidad de afrontar e intensificar los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como de las consecuencias de no actuar, tanto desde un punto de vista ambiental, como económico, social y también para la salud laboral.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que 2023 había sido testigo de “un aumento alarmante de desastres relacionados con el clima, incluidos incendios forestales, olas de calor y sequías, que provocaron desplazamientos de poblaciones, pérdidas agrícolas y una mayor contaminación del aire. La actual crisis climática ha aumentado significativamente el riesgo de enfermedades potencialmente mortales como el cólera, la malaria y el dengue”. También el pasado año, la Organización Internacional del Trabajo avisó que la crisis climática "sin los controles adecuados, puede aumentar el riesgo de lesiones, enfermedades y muerte de los trabajadores debido al estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos, la exposición a productos químicos peligrosos, la contaminación atmosférica y las enfermedades infecciosas, entre otros". La OIT, además, añadió que "numerosos efectos sobre la salud de los trabajadores se han relacionado con el cambio climático, incluyendo lesiones, cáncer, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias y efectos sobre su salud psicosocial".

Las olas de calor de los últimos años, probablemente “los veranos más frescos del resto de nuestras vidas”, se han cobrado la vida de trabajadoras y trabajadores. Esto nos obliga como sociedad a convertir la seguridad y la salud en el trabajo en uno de los pilares de las políticas públicas de adaptación al cambio climático. Por tanto, se debe recurrir a las herramientas de la prevención de riesgos laborales para prevenir la exposición a temperaturas extremas en las empresas, pero sin olvidar otros fenómenos asociados al cambio climático: fenómenos meteorológicos extremos, avance de enfermedades de transmisión por vectores, aumento de la exposición a radiación solar.

Andalucía tiene que ser un modelo para el resto de las comunidades autónomas, dado que está ubicada en una zona geográfica particularmente susceptible al calor. Por ello desde los sindicatos, es necesario que fomentemos y exijamos medidas efectivas antes de que el calor o las olas de calor se presenten en los periodos estivales. Los convenios colectivos pueden ser uno de los recursos especialmente útiles en este sentido, ya que permiten la inclusión de cláusulas con medidas preventivas específicamente adaptadas al calor. Así mismo mejorar los calendarios laborales para que puedan extenderse más allá de los meses tradicionales de julio y agosto, otorgando a los representantes legales de las personas trabajadoras y al empresariado un mayor y mejor control en estas condiciones extremas, así como la promoción de protocolos de actuación ante situaciones de estrés térmico, por altas temperaturas, siendo esta una buena práctica preventiva en aras de evitar la siniestralidad laboral. Esto permitirá en un futuro adaptarnos a las nuevas situaciones que se puedan presentar.

El reto de abordar los efectos del cambio climático para la prevención de riesgos laborales debe formar parte del debate en la mesa de diálogo social sobre salud y seguridad en el trabajo abierta en la actualidad, entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos. Pero hay más materias que deben incorporarse en este ámbito de negociación. Aún queda mucho por recuperar y por mejorar en seguridad y salud en las empresas, lo que requiere modificaciones estructurales en la normativa de prevención.

Es inaceptable que en Andalucía, durante el transcurso del año 2023, se registrasen 104.798 accidentes laborales que condujeron a bajas médicas. De estos, 116 fueron mortales, siendo de 23 accidentes mortales hasta febrero de 2024, que nos sitúa a la cabeza de la siniestralidad laboral en España, sucediendo simplemente por el hecho de acudir al lugar de trabajo. Un gran número de estas muertes se produjeron por causas que podrían haberse evitado con cierta facilidad, como caídas de altura, golpes o atrapamientos, y otras como las cardiovasculares que son escasamente tratadas desde la prevención de riesgos laborales y vinculadas con las condiciones de trabajo y con la calidad de la prevención que se realiza en las empresas.

Pero también hay que destacar, que el 44% de los trabajadores fallecidos en el año 2023 en Andalucía, pertenecían a empresas con 10 o menos trabajadores. Empresas donde no existen delegado/as de prevención. Por este motivo y especialmente en este día, es más necesario que nunca reivindicar la creación de la figura del Delegado Territorial de Prevención que puedan atender a estas empresas que por su tamaño, no tienen delegados/as de prevención, ya que está demostrado que en aquellas empresas en las que no hay representación sindical, la siniestralidad laboral es mayor.

En este ámbito, desde CCOO y UGT tenemos tres objetivos prioritarios. El primero, reforzar la calidad de la gestión de la prevención en las empresas, a través de su internalización y revisando y modificando los sistemas de acreditación y control de las entidades especializadas como los servicios de prevención, así como revertir las modificaciones a la LPRL que han supuesto la simplificación de las actuaciones de prevención de riesgos laborales.

El segundo es acabar con el subregistro de enfermedades profesionales, empezando por el cáncer laboral. En España, se estima que anualmente fallecen 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debidos a exposiciones laborales, pero en 2023 sólo se han comunicado 94 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos, la mayoría por amianto. En el caso de Andalucía sólo se han comunicado 6 partes correspondientes al grupo 6. Para revertir esta situación es imprescindible la creación de un registro nacional de empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos y un registro de personas trabajadoras expuestas, pendiente de desarrollo normativo por parte del Gobierno desde 1997.

Además, en lo que respecta al subregistro de enfermedades profesionales que llevamos denunciando desde hace años, Andalucía continúa a la zaga en comparación con otras comunidades autónomas, con un registro de 1.281 partes comunicados en 2023, de los cuales 603 fueron en mujeres, 678 en hombres. Si establecemos una relación entre el número de partes comunicados por cada 100.000 personas trabajadoras ocupadas, Andalucía se convierte en la segunda comunidad autónoma con menos comunicaciones de enfermedades profesionales, ocupando el puesto 16 en este desafortunado ranking.

El tercer objetivo prioritario es la necesidad de reforzar el marco normativo para la prevención efectiva de los riesgos psicosociales, empezando por incluir de forma expresa la obligatoriedad de hacer las evaluaciones de riesgos o por incluir los desórdenes mentales en el cuadro de enfermedades profesionales y continuando por impulsar, en las instituciones europeas, la aprobación de una Directiva de riesgos psicosociales que mejore la salud mental y cardiovascular de las personas trabajadoras.

Hay que revisar la normativa en profundidad para integrar la perspectiva de género y eliminar las desigualdades, incorporándola como uno de los principios de acción preventiva establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y feminizando el cuadro de enfermedades profesionales, añadiendo actividades feminizadas para patologías ya incluidas e incorporando patologías prevalentes en actividades con alta ocupación femenina. Y todas estas reformas legales se deben acompañar con un impulso de las políticas públicas activas en materia de prevención y un aumento de los recursos económicos y humanos destinados a ellas.

No puede seguir demorándose el cumplimiento del compromiso de aumentar las plantillas de la Inspección de Trabajo. Y también es necesario mejorar las dotaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, potenciar el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, así como también, aumentar el número de Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía. Tampoco vamos a renunciar a demandar la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo y a potenciar a la Fiscalía especializada. Y queremos finalizar con un recuerdo a las víctimas del amianto que llevan esperando la aprobación del RD necesario para que entre en vigor la Ley que regula su fondo de compensación, y que acumula más de un año de retraso. El RD se debe aprobar con carácter inmediato y con unas indemnizaciones equiparables a las ya existentes para otros colectivos de afectados. Un año más, desde UGT y CCOO de Andalucía recordamos a las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y a sus familias. Este 28 de Abril renovamos nuestro compromiso para visibilizar y poner fin a esta lacra y que la seguridad y salud en el trabajo se sitúe en el centro de las políticas públicas. Seguiremos luchando hasta conseguir empleos de calidad y libres de riesgos para todos y todas.