Comisiones Obreras de Andalucía | 21 diciembre 2024.

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    CCOO se muestra contraria al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno andaluz contra la Ley estatal de Derecho a la Vivienda

      El sindicato ha mostrado su perplejidad ante el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno andaluz a la Ley estatal por el derecho a la vivienda “cuando precisamente viene a reforzar el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que señala la obligación de los poderes públicos andaluces en la promoción pública de vivienda para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”, le ha recordado CCOO. Entre las medidas recurridas de la Ley están la limitación del precio máximo del alquiler en zonas tensionadas, la regulación y limitación del número de viviendas turísticas en zonas tensionadas, el aumento de los recursos públicos dirigidos a favorecer el acceso a la vivienda o del uso del suelo público destinado a vivienda de alquiler público y social asequible, mediante la colaboración y el compromiso de todos los niveles territoriales de la Administración Pública, para evitar discriminaciones. En Andalucía, la media del salario de una persona trabajadora dedicada a la vivienda está en el 35,1% (para las mujeres en el 40%) y la cuota hipotecaria media está 580,9 €/mes. El Gobierno andaluz lleva 4 años consecutivos sin otorgar calificación definitiva de vivienda protegida, a pesar de que hay 67.346 personas registradas solicitantes de vivienda protegida. El parque de viviendas vacías es casi de 650.000.

      31/07/2023.
      Temas

      CCOO de Andalucía se ha mostrado contraria al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno andaluz contra Ley 12/2023 por el Derecho a la vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados y le ha recordado que, precisamente, se trata de una Ley que viene a reforzar el artículo 25 del Estatuto de Autonomía que mandata a regular el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad.

      En ese sentido, la Ley por el Derecho a la Vivienda contempla, entre otras medidas, la limitación del precio máximo del alquiler en zonas tensionadas, la regulación y limitación del número de viviendas turísticas en zonas tensionadas, el aumento de los recursos públicos dirigidos a favorecer el acceso a la vivienda o del uso del suelo público destinado a vivienda de alquiler público y social asequible, mediante la colaboración y el compromiso de todos los niveles territoriales de la Administración Pública, “que creemos que deben tener una regulación de ámbito estatal para evitar discriminaciones entre personas” y que la Junta de Andalucía ha recurrido.

      El sindicato ha dejado claro que tampoco comparte la parte del recurso del Gobierno de la Junta de Andalucía a los artículos que definen el Parque Público de Vivienda y que contienen las medidas de transparencia que facilitan conocer el estado del Parque y de la situación de éste; las características socioeconómicas de la demanda; las inversiones anuales llevadas a cabo o las características del suelo público disponible para vivienda, estableciendo criterios homogéneos para todo el Estado. “Estas medidas son básicas para ofrecer transparencia y mejorar la planificación de las actuaciones en vivienda y suelo, cumpliendo con el principio de colaboración y cooperación entre administraciones, que salva las competencias de la Junta y que CCOO viene demandando al Gobierno andaluz”.

      Como ha apuntado el sindicato, “el acceso a la vivienda es un problema permanente que se agrava en periodos de crisis, y es una política social con unos bajísimos niveles de inversión pública”.

      En Andalucía, la media del salario de una persona trabajadora dedicada a la vivienda está en el 35,1% (para las mujeres en el 40%), mientras que la cuota hipotecaria media está 580,9 €/mes. “Estos datos reflejan la compleja situación en la que se encuentran miles de familias andaluzas que ven como el esfuerzo familiar de renta que necesitan destinar para el pago de la vivienda supera el límite máximo del 30% recomendado por distintos organismos”.

      CCOO ha denunciado que “a esta situación se suma que Andalucía lleva 4 años consecutivos sin otorgar calificación definitiva de vivienda protegida, a pesar de que hay 67.346 personas registradas solicitantes de vivienda protegida. Lo anterior contrasta con la existencia de casi 650.000 viviendas vacías en nuestra comunidad, representando el 16.7 % del total”.

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