Comisiones Obreras de Andalucía | 28 marzo 2024.

  • Sectores

    Opinión - Nuria López

    Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás

      La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un marco adecuado para la implementación de políticas que promuevan la igualdad y modelos de sociedad incluyentes con sistemas públicos de protección para el conjunto de la población.

      16/12/2019.
      Nuria López, secretaria general de CCOO-A, en una foto de archivo.

      Nuria López, secretaria general de CCOO-A, en una foto de archivo.

      La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un marco adecuado para la implementación de políticas que promuevan la igualdad y modelos de sociedad incluyentes con sistemas públicos de protección para el conjunto de la población. Activar la Agenda 2030 significa cambiar, en algunas dimensiones de manera radical, las reglas (o la aparente ausencia de ellas) que rigen la globalización, introduciendo un principio esencial para el gobierno de la misma: la solidaridad.

      Los 17 objetivos y 169 metas que contiene esta Agenda solo pueden ser alcanzados con unas determinadas políticas que desde el primer momento se plantearon como prioridad y que debían centrarse en el pleno empleo, la redistribución de la riqueza que se genera y las regulaciones que permitan estabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

      A nivel global, encontramos una realidad muy preocupante: las brechas de desigualdad no cesan de crecer, la precariedad causa estragos en el mundo del trabajo y muchos países padecen recortes de libertades. Encontramos peligrosas constantes en el cuestionamiento de los avances logrados en igualdad de género y los derechos de las mujeres, en la ausencia de medidas decisivas en la protección del medioambiente y en el surgimiento de gobiernos y propuestas políticas con planteamientos autoritarios que debilitan la democracia. Además, la elusión, la evasión fiscal y las ventajas y concesiones que disfrutan las rentas altas dañan cada vez más la capacidad de los Estados de fortalecer sus servicios públicos y su capacidad de proteger a la población más vulnerable, creando fuertes desequilibrios económicos y sociales.

      Para corregir esto, los gobiernos deben garantizar, con los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas y los municipios, unos ingresos fiscales suficientes y sostenibles en el tiempo que garanticen la financiación de las pensiones, del sistema sanitario, de protección social y de educación; algo que no es más que cumplir el conjunto de políticas sociales y compromisos internacionales adquiridos voluntariamente por España, y algo básico para dar cumplimiento a uno de los principios de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás.

      En la consecución de los ODS, por tanto, han de concurrir gobiernos regionales y locales desempeñando un papel esencial, ya que la mayoría de las políticas públicas son una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno, ha de haber también una clara voluntad política que incorpore de forma inequívoca a los agentes económicos y organizaciones sindicales más representativas, pues estamos ante un escenario donde el Diálogo Social cobra especial relevancia.

      España es el país con más empresas adheridas a la Agenda 2030, 1.534, que nos sitúan por delante de Francia y Brasil. De ellas, el 23% son de gran tamaño y el 60% pymes. A pesar de ello, España y Andalucía siguen suspendiendo en el ODS sobre trabajo decente y crecimiento económico, según los indicadores de calidad del empleo. Por tanto, si solo las empresas van a liderar la apuesta por la Agenda 2030, nos arriesgamos a reducirla a una mera cortina de marketing y tanto gobiernos como empresarios han de saber que las aspiraciones y anhelos recogidos en los ODS son mucho más que un pin en la solapa.

      En conclusión, la Agenda 2030 plantea para Andalucía unos retos que han de ser abordados con los interlocutores sociales, desde la cultura del pacto y del acuerdo, con contenidos concretos, presupuestos suficientes, con mecanismos que permitan evaluar los avances alcanzados para actualizar y corregir efectos no deseados, y con rendimiento de cuentas a la ciudadanía, de lo contrario, el Gobierno andaluz estará limitándose a guardar las apariencias.