CCOO, UGT, FACUA y la Red vecinal andaluza han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de una vivienda digna y asequible en Andalucía con el objetivo de garantizar el derecho a un hogar y frenar la actual emergencia habitacional. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que "planteamos una derogación completa de la ley andaluza del Gobierno andaluz que entró en vigor en el año 2026 porque no es seria, porque no es realista y porque fomenta la especulación". La dirigente sindical ha pedido a los partidos que concurren a las elecciones que “hagan suya esta propuesta para solucionar el problema de la vivienda que ahoga y asfixia a las familias de todo tipo, porque la vivienda se ha convertido en un mercado y se especula con ella continuamente”.

CCOO de Andalucía ha organizado en Málaga unas jornadas en las que ha reclamado al Gobierno andaluz un plan de migración e inclusión que facilite el proceso de regularización de las personas migrantes de nuestra comunidad autónoma. “En muchos casos, por no tener una situación jurídicamente normalizada, estas personas sufren situaciones de abuso y explotación, por lo que el proceso de regularización es una oportunidad para darles normalidad administrativa a su situación y acabar con los abusos”.

CCOO de Andalucía ha mantenido una reunión con Cáritas en la que esta última le ha hecho entrega del informe “Exclusión y desarrollo social en Andalucía 2025”, elaborado por la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA). Durante la misma, las organizaciones han coincidido en su preocupación por la situación de precariedad y vulnerabilidad que viven los andaluces y andaluzas donde 23 de cada 100 personas, según el informe, viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social. CCOO ha reclamado al Gobierno andaluz mayor inversión en Políticas Activas de Empleo y Formación como elemento primordial para sacar a las 65.883 personas paradas en Andalucía que nunca han tenido un empleo anterior y ha criticado la normativa andaluza en materia de protección social, “que hizo incompatible la RMISA con el IMV a nivel estatal".

La secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha destacado que el incremento de la pensión media de jubilación ha supuesto más de 700 euros anuales para las personas pensionistas de la comunidad autónoma. El sindicato ha recordado que las pensiones mínimas han subido entre un 7% y un 11,4%, lo que protege especialmente a las mujeres, quienes representan el 90,4% de las pensiones de viudedad en Andalucía.

CCOO de Andalucía ha pedido al Gobierno andaluz que comience a trabajar “con carácter urgente” en un nuevo plan integral para la inclusión de las personas inmigrantes que cuente obligatoriamente con un compromiso presupuestario real para ser efectivo, “algo que no ocurrió con el anterior que finalizó en 2025”. El sindicato ha criticado que “mientras las trabajadoras y trabajadores europeos ocupan las categorías profesionales más altas, quienes proceden de fuera de la UE son relegados a los puestos menos cualificados” y ha puesto el foco en la segunda generación de inmigrantes en Andalucía que “en muchos casos tienen peores empleos que su padre o su madre”. Ante esa realidad, CCOO ha puesto en valor el actual proceso de regularización. “Es una oportunidad para sacar a miles de personas de la economía sumergida”.

El sindicato valora el proceso para acabar con la explotación laboral y aflorar la economía sumergida, pero advierte que el colapso de las oficinas de Extranjería en Andalucía pone en riesgo su efectividad.

CCOO ha denunciado la situación de la dependencia en Andalucía con más de 41.000 personas esperando recibir la prestación, a las que se suma una estimación de más de 100.000 usuarias y usuarios que han solicitado una revisión de grado o de su Programa Individual de Atención (PIA) y siguen a la espera de respuesta. A ello se suma, como ha reseñado el sindicato las “carencias” del servicio, “con falta de personal de estructura en los equipos de valoración y en teleasistencia o la falta de plazas en las residencias”. CCOO critica que ante esa realidad “los presupuestos del Gobierno andaluz para 2026 consolidan un modelo de gestión basado en la privatización y la precarización y son una oportunidad perdida que no ofrece soluciones reales al grave problema estructural que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en la comunidad andaluza”.

Como en los años anteriores, el objetivo de este servicio es asistir a las personas inmigrantes en la realización de los trámites administrativos necesarios para la solicitud de diferentes permisos relacionados con extranjería (permisos de residencia y trabajo, reagrupación familiar, nacionalidad, etc.) así como la asistencia y acompañamiento jurídico a las personas usuarias en caso necesario, que serán derivadas a la Asesoría Jurídica de CCOO en Almería, donde serán atendidas, igualmente de forma gratuita, por personal letrado.

CCOO de Andalucía ha reclamado al Gobierno andaluz un presupuesto “realista” que reconduzca la situación de precariedad y desventaja en la que se encuentran las personas con discapacidad en la comunidad andaluza donde solo 29 de cada 100 están activas en el mercado laboral, con una tasa de paro “altísima” que llega al 30% y que confirma esa situación de vulnerabilidad. La secretaria de Políticas Sociales del sindicato, Inmaculada Sánchez, ha criticado el uso que el Ejecutivo andaluz ha hecho del segundo plan de empleo de personas con discapacidad. “El 75,9% del presupuesto se va a destinar al mantenimiento de los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo, que en muchos casos se aprovecha para mercantilizar los salarios en base a convenios que no son los del propio sector y hace que sólo una de cada cuatro personas con discapacidad en Andalucía lleguen al mercado ordinario”.

CCOO de Andalucía ha llevado a cabo un encuentro para analizar la situación de la inmigración en la comunidad andaluza así como abordar las reivindicaciones y propuestas del sindicato en esta materia. Durante la misma, la central ha criticado el recorte que el Gobierno andaluz ha hecho en los presupuestos para 2026, con una reducción del 1,5% respecto a 2025. Del mismo, modo, CCOO también ha advertido del deterioro que sufrirá nuevamente la atención a las personas inmigrantes, que ya es, según el sindicato, “muy deficitaria”, ante la reducción de la plantilla en los servicios centrales.

CCOO de Andalucía reivindica unos cuidados profesionales “que garanticen derechos, seguridad laboral y trabajos decentes”. El sindicato apunta que las mujeres, de manera invisible, son quienes dedican su tiempo, su esfuerzo y quienes, en el 81% de los casos, solicitan las excedencias laborales para cuidar a otra persona, algo que también se ve reflejado en el abandono prematuro del mercado laboral respecto a los hombres, lo que aumenta las brechas salariales y de pensiones.

Asistimos en las últimas semanas a la catástrofe del modelo sanitario del Gobierno andaluz donde más de 2.000 mujeres, según la Administración, están desde hace tiempo viviendo en la incertidumbre, al no ser informadas de si padecen cáncer o no. Esto no es un error, es un fracaso más del modelo del señor Moreno Bonilla, como los son las listas de espera en la atención primaria, en las especialidades o en las intervenciones quirúrgicas. Pero no sólo es en la sanidad donde se aplica un modelo errático de privatización y desmantelamiento de lo público. Las políticas sociales no le van a la zaga, especialmente en lo que respecta a la Ley de Dependencia; otro derecho que, si lo analizamos, podemos ver cómo se le niega de forma reiterada y permanente a nuestras personas mayores: el derecho a la atención y a los cuidados.

Miles de personas han salido a las calles en toda España y en todas las provincias andaluzas en solidaridad con el pueblo palestino. Pese al reciente plan de paz, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha dejado claro que “el movimiento sindical tiene que estar vigilante y seguir movilizando para que no vuelvan la masacre ni el genocidio, y la ayuda humanitaria llegue a las familias trabajadoras gazatíes”. Además, el sindicato considera que se trata de un plan impuesto que deja fuera al pueblo palestino y reclama un verdadero plan de paz que pasa por la retirada de las tropas de Israel del pueblo palestino, por planes urgentes de cooperación internacional con Palestina y por la reconstrucción de los hogares y de las vidas de estas personas.

El sindicato advierte que la pobreza laboral, la situación de emergencia social de la vivienda y la falta de políticas de protección social sitúan a Andalucía en el vagón de cola, con los peores indicadores a nivel nacional. CCOO critica que el Gobierno andaluz “no esté actuando con políticas sociales y de protección reales que ayuden a mejorar la vida de los hogares”, por lo que le ha reclamado que “cumpla todas y cada una de las medidas recogidas en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía dirigidas a proteger a las familias”. Asimismo, el sindicato argumenta que hay márgenes empresariales que permiten incrementar los salarios que garanticen el poder adquisitivo de los hogares ante las situaciones de inflación e insiste en que “la vivienda no puede seguir siendo un motivo de exclusión social”.

CCOO de Andalucía y UGT Andalucía han convocado una jornada de lucha para denunciar el genocidio del Estado israelí el próximo miércoles, 15 de octubre, en centros de trabajo privados y públicos de la comunidad andaluza. Durante la misma se llevará a cabo una huelga general de dos horas por turno de trabajo, asambleas y concentraciones. Los sindicatos han explicado que esta jornada tiene, entre sus objetivos, exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza; denunciar la muerte de decenas de miles de personas y dar a conocer al mundo la magnitud de las atrocidades que sufre diariamente el pueblo Palestino; exigir a la comunidad internacional que aplique medidas para prevenir los abusos de fuerza de un Estado sobre otro y garantice la asistencia humanitaria; o exigir la retirada de las sanciones impuestas por las protestas en la vuelta ciclista y otras protestas.