Comisiones Obreras de Andalucía | 5 marzo 2026.

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    CCOO reclama al Gobierno andaluz políticas urgentes de empleo, vivienda y protección social ante los alarmantes datos de pobreza constatados por Cáritas

      CCOO de Andalucía ha mantenido una reunión con Cáritas en la que esta última le ha hecho entrega del informe “Exclusión y desarrollo social en Andalucía 2025”, elaborado por la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA). Durante la misma, las organizaciones han coincidido en su preocupación por la situación de precariedad y vulnerabilidad que viven los andaluces y andaluzas donde 23 de cada 100 personas, según el informe, viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social. CCOO ha reclamado al Gobierno andaluz mayor inversión en Políticas Activas de Empleo y Formación como elemento primordial para sacar a las 65.883 personas paradas en Andalucía que nunca han tenido un empleo anterior y ha criticado la normativa andaluza en materia de protección social, “que hizo incompatible la RMISA con el IMV a nivel estatal".

      04/03/2026.
      Reunión CCOO de Andalucía con Cáritas

      Reunión CCOO de Andalucía con Cáritas

      Una delegación de CCOO de Andalucía, compuesta por la secretaria de Políticas Sociales, Inmaculada Sánchez; la secretaria de la Mujer, Yolanda Carrasco; y la secretaria de Política Migratoria, Rosa Berges, ha mantenido un encuentro con el presidente de Cáritas regional de Andalucía, Francisco José Sánchez Heras, y con secretario general de la organización, Francisco Javier Domouso. Durante la reunión, la entidad ha hecho entrega del Informe ‘Exclusión y desarrollo social en Andalucía 2025’ de la Fundación FOESSA.

      Tras analizar el documento, que subraya el aumento de la exclusión social severa derivada de la debilidad de los servicios públicos, la precariedad laboral y la falta de vivienda, ambas organizaciones han mostrado su preocupación por la situación de precariedad y vulnerabilidad que viven los andaluces y andaluzas, donde, según el informe, 23 de cada 100 personas viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Además, según se constata en el mismo, solo el 39,7% de la población andaluza disfruta de una situación de integración plena, mientras el 10,2% se encuentra en situación de exclusión social severa.

      Las organizaciones han coincidido en tres cuestiones especialmente preocupantes como son la cronificación de la pobreza y la exclusión, “lo que hace que se pare el ascensor social”; el acceso a la vivienda como derecho; y la pobreza laboral como fenómeno emergente.

      Ante esta situación, CCOO ha vuelto a reclamar al Gobierno andaluz políticas públicas orientadas a sacar de la pobreza y de la exclusión social a los casi 3.000.000 de personas que sufren esta situación y que, en muchos casos, la viven de manera estructural".

      De igual modo, el sindicato ha instado al Ejecutivo a llevar a cabo una "mayor inversión en Políticas Activas de Empleo y Formación como elemento primordial para sacar a las 65.883 personas paradas en Andalucía que nunca han tenido un empleo anterior". “Lejos de este objetivo, la inversión presupuestaria del Gobierno de Andalucía para el año 2026 en Políticas Activas de Empleo ha disminuido cerca de un 16% con respecto al año anterior, 49 millones de euros menos que no se van a destinar a crear empleo en una comunidad autónoma donde la tasa de paro ronda el 15% de la población, siendo la tercera tasa de paro más alta del país".

      En el ámbito de la protección social, el sindicato ha evidenciado el fracaso de la normativa del Gobierno de Andalucía, “que hizo incompatible la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal". Actualmente, la RMISA apenas da cobertura a 12.000 titulares, recayendo el peso del escudo social en el Ingreso Mínimo Vital.

      Las dirigentes criticado "la falta de interés del Gobierno andaluz ante la grave crisis habitacional que sufren los andaluces y andaluzas, un problema de emergencia social que se extiende ante la falta de políticas públicas dirigidas a contener el precio de la vivienda en manos del mercado libre especulativo". “Es una realidad que la ley de vivienda en Andalucía mira más por los intereses de los promotores privados que por los intereses de una mayoría social, permitiendo que el precio se fije por criterios de beneficio empresarial y no de necesidad social”.