Comisiones Obreras de Andalucía | 27 enero 2026.

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    Comparecencia Parlamentaria

    CCOO de Andalucía pide que la simplificación administrativa de la nueva Ley Ambiental no conlleve una "desprotección" del territorio y exige más recursos públicos

      El sindicato valora la intención de ordenar la normativa, pero alerta de que el texto “falla” en la asignación de medios y abre la puerta a que entidades privadas sustituyan a la autoridad pública en los controles.

      23/01/2026.
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      CCOO de Andalucía ha comparecido en sede parlamentaria para exponer su opinión sobre el Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, una norma llamada a definir el modelo de desarrollo y protección de la comunidad para las próximas décadas. El sindicato ha dicho que “coincidimos en el diagnóstico inicial porque era necesaria la revisión y actualización de la Ley 7/2007 porque Andalucía necesita una norma que sea una garantía; una herramienta ágil que proteja y cuide el medio ambiente compatibilizándolo con los aspectos sociales y económico que entraña cualquier actividad productiva, pero no vale cualquier Ley y esta, aunque el texto acierta en su intención de digitalizar y ordenar, carece de la ambición política necesaria y falla en la asignación de recursos”. De igual modo, CCOO ha recordado que la revisión de esta norma constituye una medida del Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía”.

      En ese sentido, la organización ha sido tajante al señalar que “la simplificación administrativa nunca puede significar desprotección ambiental por lo que la agilidad en los trámites debe venir acompañada siempre de mayores recursos y controles efectivos, y no de una rebaja en las garantías que aseguren la sostenibilidad del territorio”. “Confundir la burocracia con la necesaria vigilancia ambiental es un error que no puede permitirse”, ha aseverado el sindicato en su comparecencia.

      Asimismo, el sindicato ha mostrado su preocupación por el papel que la futura norma otorga a las entidades de colaboración. “Exigimos que el papel de las entidades privadas sea estrictamente complementario y nunca sustitutivo de la autoridad pública", ha expresado la central. En ese sentido, CCOO de Andalucía ha defendido que la potestad de control, inspección y autorización “permanezca bajo la tutela innegociable de la Administración pública para evitar conflictos de interés”.

      Por otro lado, la organización sindical ha denunciado que la Ley “corre el riesgo de convertir la digitalización en papel mojado si no se dota de personal y presupuesto a la administración”; al tiempo que ha advertido que “esta norma puede provocar que los ayuntamientos se vean desbordados por nuevas obligaciones a las que no pueden hacer frente por falta de financiación, trasladando la presión burocrática a unas entidades locales que ya se encuentran al límite de sus capacidades”.

      Por último, el sindicato ha reclamado introducir más garantías para asegurar una "participación real y efectiva" de la sociedad en los procesos de autorización de actividades económicas y ha instado a los grupos parlamentarios a corregir el texto “para lograr una ley segura”. “Es responsabilidad de todos velar por el medio ambiente y protegerlo para las generaciones futuras, en lugar de priorizar el interés económico a corto plazo”, ha puntualizado CCOO en su comparecencia.