Comisiones Obreras de Andalucía | 12 junio 2025.

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    CCOO se opone a la agrupación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer

      El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba aplaude la creación de un segundo órgano judicial exclusivo de Violencia sobre la Mujer en Córdoba, pero entiende que al tener que asumir los casos de Lucena, Cabra y Pozoblanco, no ayudará a agilizar la resolución de los casos. Además, impone a las víctimas y sus presuntos agresores la obligación de trasladarse decenas de kilómetros.

      08/06/2025.
      Ciudad de la Justicia de Córdoba

      Ciudad de la Justicia de Córdoba

      El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha mostrado su rechazo a la agrupación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Lucena, Cabra y Pozoblanco en el segundo órgano judicial exclusivo que se va a crear en la capital cordobesa.

      “CCOO aplaude la creación de un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer en Córdoba porque el existente se encuentra desbordado”, señala el responsable del sector de Justicia de CCOO de Córdoba, José Carlos Alba, quien refiere que, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados cordobeses registraron el pasado año 3.511 casos, a los que hay que sumar los 709 que habían quedado pendientes del año anterior. De estos, se resolvieron 3.369 y quedaron pendientes 902. Por lo que se refiere al Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo de Córdoba, registró 2.199 de los 3.511 ingresos del 2024.

      El criterio referencial del CGPJ es de 1.600 ingresos por juzgado exclusivo, por lo que el de Córdoba superó en casi 600 casos los ingresos recomendados. “La creación de un segundo juzgado exclusivo permitiría aliviar la carga de trabajo del primero, pero al asumir los casos de Lucena, Cabra y Pozoblanco, no estamos mejorando la situación”, afirma Alba.

      Esta apuesta por centralizar los juzgados con competencias exclusivas en esta materia en unas pocas poblaciones de mediano y gran tamaño se argumenta en una supuesta especialización de estos órganos judiciales, aunque sea a costa de alejar a las víctimas a varias decenas o centenares de kilómetros de sus sedes judiciales locales.

      CCOO denuncia que esta supuesta especialización es pura ficción: no se exige formación o especialización previa a jueces, juezas, fiscales, médicos forenses ni al resto del personal de Psicología, Trabajo Social y del resto de cuerpos funcionariales que desempeñan su trabajo en los juzgados exclusivos de violencia de género. El acceso a estos juzgados se produce por simple concurso de traslado resuelto a favor de las personas solicitantes con mayor antigüedad y tampoco hay ninguna obligación de formar y especializar a este personal en materia de violencia de género una vez destinados a estos juzgados. Su especialmente gravosa y abundante carga de trabajo —sin que en la inmensa mayoría de los casos se acompañe de compensación económica— hace que no sean especialmente solicitados por el personal con mayor experiencia, que se traslada a otros destinos en cuanto puede hacerlo a través de un posterior concurso de traslado.

      “CCOO entiende que esta agrupación de partidos judiciales perjudica especialmente a las víctimas. Todas las actuaciones -desde la atención a las víctimas, a la tramitación de las órdenes de protección y/o alejamiento, o las declaraciones de las y los intervinientes, etc. - se realizarán en Córdoba, obligando a las denunciantes y sus supuestos agresores a trasladarse hasta Córdoba o que sean atendidos por el juez o la jueza por videoconferencia, con lo que se perderá toda inmediación y cercanía necesaria en estos procedimientos. Además, podría darse la situación de que, si no disponen de vehículo propio, utilicen el mismo medio de transporte público, por no hablar del tiempo o el coste extra de tener que trasladarse”, subraya el responsable sindical.

      Además, la experiencia de otras agrupaciones de juzgados de Violencia sobre la Mujer ya ha demostrado que no se ha producido ninguna mejora en la atención a las víctimas, más bien al contrario. “La sobrecarga de trabajo sin la suficiente dotación ni especialización de los medios personales solo ha servido para empeorar el servicio y deteriorar las condiciones laborales del personal que lo presta y eso no es lo que queremos para Córdoba”, remarcó Alba.

      Para CCOO, la mejora de la atención judicial a las víctimas de violencia de género pasa por compatibilizar la cercanía y la especialización de los órganos judiciales y su personal, objetivos fácilmente alcanzables con el cumplimiento estricto del Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, que establece la realización de una acción formativa dirigida a agentes de todos los cuerpos policiales, con especial atención a las unidades de Seguridad Ciudadana y al personal al servicio de la Administración de Justicia no limitado a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, singularmente en los órganos judiciales con competencias en materia de familia.

      CCOO apuesta por mantener los actuales juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer en todos los partidos judiciales, atendiéndose así con cercanía, calidad y especialización a las víctimas. Estos objetivos no se están cumpliendo con la simple agrupación de partidos judiciales. Pero, además, es necesario dotar a estos órganos judiciales del personal suficiente porque el sindicato considera que el Consejo General del Poder Judicial debe exigir que sea el juez o jueza quien se desplace al lugar de residencia de la víctima para atenderla, y no al revés, y que se limite al máximo el uso de la videoconferencia en estos supuestos.

      CCOO exige al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas que en cada Tribunal de Instancia existan equipos de personal especializado en materia de violencia sobre la mujer; que todo incremento de jueces, juezas y fiscales especializados en la materia conlleve el consiguiente incremento del personal que haya de atender estos procedimientos; y que se creen áreas de violencia sobre la mujer, dotadas con personal propio, en todos aquellos tribunales de instancia que cuenten con secciones diferenciadas de violencia sobre la mujer.

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