Comisiones Obreras de Andalucía | 7 octubre 2026.

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    CCOO exige en el Senado la exención fiscal para las víctimas del amianto que en Andalucía afecta a más de 4000 personas

      CCOO, UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) han reclamado a los grupos parlamentarios de la Cámara Alta que aprueben la enmienda que fijaría la exención fiscal en el IRPF para las indemnizaciones del Fondo de Compensación de las Víctimas del Amianto. En Andalucía, las víctimas sufren una "clara discriminación fiscal", ya que actualmente tributan estas cuantías como ganancia patrimonial, a diferencia de lo que ocurre en Euskadi y Navarra.

      09/09/2026.
      Amianto

      Amianto

      CCOO ha instado a los grupos políticos del Senado a respaldar de forma urgente la enmienda promovida por el PNV al proyecto de Ley de discapacidad. La normativa estatal de creación del fondo de compensación no incluyó en su redactado la exención fiscal en el IRPF, un agravio que por ahora solo se ha solucionado en los territorios forales vasco y navarro. Desde la organización sindical reclaman el apoyo unánime de la Cámara para "acabar de una vez por todas con esta injusticia y, en especial, a los grupos que respaldan al actual Gobierno".

      Para el sindicato, respaldar esta medida supondría dar un primer paso para revertir el "maltrato institucional" que padece el colectivo.

      CCOO advierte de que tanto la Ley como su Reglamento presentan graves deficiencias que impiden cumplir el objetivo legal de evitar largos procesos judiciales. Prueba de ello es que, a fecha 4 de septiembre de 2026, solo 106 víctimas han sido resarcidas en todo el Estado, habiéndose desembolsado 6,3 millones de euros de los 25 asignados anualmente en los Presupuestos Generales.

      La central sindical señala que las escasas cuantías, las trabas burocráticas y la falta de exención fiscal han extendido una "sensación de abandono".

      Por su parte, CCOO de Andalucía ha explicado que esa falta de protección tiene un reflejo “alarmante” en la comunidad andaluza. “Según los datos del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Post-expuestos a Amianto del Servicio Andaluz de Salud (SAS), desde su puesta en marcha en 2003 hasta el cierre de 2024, el programa ha acumulado 10.748 consultas hospitalarias de seguimiento, de las cuales un 37,3% corresponde a personas con patologías vinculadas de forma directa a la exposición al amianto”.

      Cádiz es la provincia que concentra el mayor impacto de Andalucía, al acumular el 68,4% del total autonómico con 7.353 consultas. Le siguen, aunque a gran distancia, Sevilla con 1.792 consultas (16,7%), Córdoba con 713 consultas (6,6%), Málaga con 381 consultas (3,5%), Jaén con 276 consultas (2,6%), Granada y Huelva con 102 consultas cada una (0,9%) y Almería con 29 consultas (0,3%).

      En cuanto a los sectores productivos más afectados durante el último año, destacan la reparación y mantenimiento naval (36,3% de los casos de 2024) y la construcción de barcos y estructuras flotantes (20,5%), seguidos de la construcción de redes eléctricas (4,7%) y la fabricación de fibrocemento u Uralita (1,9%).

      Por otro lado, el balance del SAS correspondiente a 2024 revela que se realizaron 640 consultas a 620 personas, de las cuales el 96,9% son hombres y el 88% se encuentra en situación de jubilación.

      El 40,8% de las personas atendidas en el año presentó una patología directamente relacionada con la exposición al amianto, registrándose además 48 comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional.

      Entre las principales patologías diagnosticadas en el último ejercicio destacan las placas pleurales, que afectaron a 235 personas (37,9% de los atendidos), la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con 88 casos (14,2%), la asbestosis con 35 diagnósticos (5,6%) y la neoplasia pulmonar (cáncer) u otras neoplasias, que sufrieron 32 personas (5,2%).

      CCOO de Andalucía ha reclamado a las administraciones que den un giro a esta situación y corrijan de manera inmediata las deficiencias del fondo de compensación para garantizar la justa reparación que merecen los trabajadores y trabajadoras afectados por este cancerígeno.