Comisiones Obreras de Andalucía | 14 julio 2026.

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    CCOO de Andalucía considera una “irresponsabilidad política” que el PP andaluz impugne el nuevo Plan Estatal de Vivienda

      El sindicato ha exigido formalmente al Gobierno de la Junta de Andalucía que retire el recurso presentado contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, abandone la confrontación institucional y asuma plenamente su responsabilidad en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda, aportando el 40 % de la cofinanciación prevista y destinando recursos suficientes para ampliar el parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible. “El Ejecutivo andaluz cuestiona con este recurso que las viviendas mantengan de forma indefinida su carácter público y vuelve a apostar por un modelo excesivamente dependiente del mercado, convirtiendo la vivienda en negocio para unos pocos en lugar de en derecho para la mayoría”.

      29/06/2026.
      Vivienda. Fuente: Freepik

      Vivienda. Fuente: Freepik

      CCOO de Andalucía ha expresado su “rotundo” rechazo a la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ya que, en opinión del sindicato, “esta medida constituye una auténtica irresponsabilidad política en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales que afectan a nuestra comunidad autónoma”.

      Para CCOO “los argumentos jurídicos relacionados con las competencias y la autonomía financiera que esgrime el Gobierno andaluz , ahora en funciones, son en realidad una pantalla para ocultar su rechazo a un modelo de vivienda pública permanente que garantice que las inversiones realizadas con dinero público permanezcan al servicio de la ciudadanía y no terminen alimentando procesos especulativos”.

      El sindicato ha recordado que uno de los principales avances del nuevo Plan Estatal de Vivienda es que tanto el suelo como las viviendas construidas con financiación pública mantienen de forma permanente su condición de protegidas; una medida que evita que, una vez transcurridos determinados plazos, las viviendas puedan ser vendidas, descalificadas o incorporadas al mercado especulativo. De ese modo, se permite la creación de un verdadero parque público de vivienda estable, como ocurre en numerosos países europeos.

      CCOO ha dejado claro que comparte esa finalidad. “Las viviendas construidas con dinero público deben seguir siendo públicas. Cada euro que las administraciones destinan a políticas de vivienda debe contribuir a incrementar un patrimonio colectivo que permanezca al servicio de las generaciones presentes y futuras, y no convertirse en una oportunidad de negocio privado”.

      En ese sentido, el sindicato ha explicado que “resulta especialmente contradictorio que el Gobierno andaluz recurra un plan que amplía los recursos disponibles para hacer frente a la crisis habitacional cuando la práctica totalidad de las políticas de vivienda que desarrolla actualmente se sostienen gracias a financiación procedente del Estado y de la Unión Europea”.

      Según ha señalado CCOO sobre esta cuestión, “el Gobierno andaluz mantiene una escasa implicación presupuestaria propia en esta materia y pese a ello, pretende cuestionar un instrumento que permitirá reforzar la inversión pública y ampliar el parque de vivienda protegida. Quien reclama autonomía financiera debe demostrarla también mediante un compromiso real con la financiación de las políticas públicas”, ha aseverado el sindicato.

      Para CCOO, el Gobierno andaluz no cuestiona la construcción de viviendas, sino que estas mantengan de forma indefinida su carácter público y vuelve a apostar por un modelo excesivamente dependiente del mercado”.

      Por todo ello, el sindicato ha exigido formalmente al Ejecutivo andaluz que retire el recurso presentado contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, abandone la confrontación institucional y asuma plenamente su responsabilidad en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda, aportando el 40 % de la cofinanciación prevista y destinando recursos suficientes para ampliar el parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible.