Comisiones Obreras de Andalucía | 11 febrero 2026.

  • Sectores

    CCOO de Andalucía señala que la nueva Ley de Patrimonio “abre la puerta” a la mercantilización de la gestión y "devalúa" la figura de las y los intérpretes del patrimonio

      El sindicato advierte que el texto facilita la externalización de funciones estructurales bajo la excusa de la colaboración público-privada y elimina la exigencia de cualificación específica para la difusión histórica, sin diferenciarla de la de guía turística. La organización ha reconocido que la norma es necesaria para actualizar la legislación de 2007, pero ha mostrado su preocupación por la deriva mercantilista del texto. En ese sentido, CCOO ha señalado que el articulado “esconde mecanismos que podrían poner en peligro la gestión de los bienes culturales como servicio público esencial”.

      03/02/2026.
      Comparecencia Parlamentaria de Patrimonio Cultural

      Comparecencia Parlamentaria de Patrimonio Cultural

      CCOO de Andalucía ha comparecido en el Parlamento para exponer su valoración sobre el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía y ha puesto el foco en la colaboración público-privada a la que se hace referencia en el texto. “Este precepto no puede convertirse en una puerta falsa en una vía para la externalización de servicios estructurales”. CCOO ha exigido al Gobierno andaluz que tome las medidas necesarias para que el patrimonio no quede supeditado a la rentabilidad económica de empresas gestoras.

      Uno de los puntos más críticos señalados por el sindicato ha sido la falta de reconocimiento de herramientas y metodologías propias de la interpretación del patrimonio. De hecho, el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) perteneciente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, como entidad encargada de la elaboración, revisión y actualización de los Estándares de Competencias Profesionales (ECP), contempla la IP como una cualificación profesional (RD 917/2024; BOE núm. 245, de 10 de octubre de 2024) y la propia Universidad de Sevilla oferta un postgrado en Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural, para que licenciados y graduados en diferentes materias puedan adquirir esta especialización.

      CCOO de Andalucía ha calificado esta decisión de "grave error", y que, en su opinión “supone una devaluación de la profesión y una pérdida de rigor científico en la difusión de la riqueza cultural andaluza”. Al respecto, la organización ha defendido que la interpretación del patrimonio requiere de una cualificación y especialización que va más allá de la mera información turística o científca. El sindicato ha rechazado que se suprima la exigencia de habilitación específica, alertando de que esta medida responde a una visión comercial que desprecia la función pedagógica y la calidad del empleo en el sector cultural.

      Asimismo, CCOO de Andalucía ha mostrado su rechazo frontal a cualquier intento de mercantilizar las funciones de inspección. “La potestad de control y vigilancia tiene que recaer exclusiva e ineludiblemente en el personal funcionario de la Administración, cerrando el paso a que entidades privadas puedan ejercer como autoridad sobre bienes de interés público”. Se propone en cambio reforzar la plantilla de personal técnico en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente.

      Por otro lado, el sindicato ha criticado la exclusión de los agentes sociales en general como por ejemplo en el Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico, en las Comisiones de Seguimiento de los Planes Nacionales, etc., para garantizar una participación real en las políticas culturales y asegurar el cumplimiento de los objetivos.

      CCOO de Andalucía ha instado a los grupos parlamentarios a blindar el texto frente a intereses privados bajo el convencimiento de que “la nueva ley debe servir para reforzar lo público, garantizar empleo cualificado y proteger el patrimonio como un derecho de la ciudadanía, evitando que la desregulación encubierta acabe transformando la identidad andaluza en simple mercancía”.