Comisiones Obreras de Andalucía | 3 diciembre 2024.

Gente como Tú mejora el mundo
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    Comparecencia parlamentaria

    CCOO pide que la Ley de Participación Institucional “sea el instrumento clave para que la visión y la voz del mundo del trabajo intervenga en las políticas públicas”

      CCOO de Andalucía ha dejado claro en su comparecencia parlamentaria que la Ley de Participación Institucional “no es una ley caprichosa, ni un regalo o prebenda; es un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía como instrumento clave para vertebrar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en su doble faceta, en la de personas trabajadoras y en la de ciudadanía”. “Esta Ley tiene una vital importancia para CCOO porque reconoce el papel que jugamos los trabajadores y trabajadoras, que con nuestro esfuerzo y trabajo queremos construir una Andalucía diversa y plural, solidaria e integradora, y en la que impere la igualdad de oportunidades y la justicia social”.

      12/11/2024.
      Nuria Martínez e Inés Donoso

      Nuria Martínez e Inés Donoso

      La secretaria de Institucional y Comunicación de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, ha comparecido ante la comisión de Presidencia del Parlamento andaluz con motivo de la Proposición de Ley relativa a la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la comunidad autónoma de Andalucía.

      Martínez ha resaltado que CCOO quiere que esta Ley “sea el instrumento clave para que la visión y la voz del mundo del trabajo intervenga en las políticas públicas”.

      La dirigente ha dejado claro que “no se trata de una ley caprichosa, ni un regalo o prebenda; es un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía, concretamente del mandato que se recoge en el artículo 26.2, donde se establece y se articula un instrumento clave para vertebrar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en su doble faceta, en la de personas trabajadoras y en la de ciudadanía”. Además de ser estar anclada en el Estatuto de Autonomía, tiene sus fundamentos jurídicos en la Constitución Española.

      Martínez ha recordado que el mandato existe desde la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el año 2007, momento desde el que CCOO ha reclamado a los distintos gobiernos de la comunidad una Ley de Participación Institucional que desde el reconocimiento del derecho, implique mayor gobernanza, participación, y transparencia.

      De igual modo, ha señalado que las organizaciones sindicales más representativas a las que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía reconocen el derecho de participación institucional son aquellas que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y que esta cuestión “no es disponible por ningún gobierno, como lo avala una vasta jurisprudencia”.

      La sindicalista ha declarado “que para llegar a estar en el ámbito de esta Ley te tienen que haber votado los trabajadores y trabajadoras; en el caso de los sindicatos en las empresas; por lo que no vale que algunos quieran arrogarse ese derecho cambiando las reglas marcadas para todos y haciéndose un traje a medida”.

      No obstante, Martínez ha aclarado que la futura Ley de Participación “no excluye que se negocie con todos los sindicatos representativos sectoriales, en educación, en el campo, en la administración general, o con la patronal ya que sería anticonstitucional, porque esos ámbitos tienen sus reglas, sus normativas y sus mesas de negociación”.

      Por otra parte, la sindicalista ha señalado que esta Ley también “pone deberes” a las organizaciones, lo que “supone un ejercicio de responsabilidad muy grande”.

      CCOO ha reconocido que la Norma “tiene una vital importancia para la organización porque significa el reconocimiento al papel que jugamos los trabajadores y trabajadoras que con nuestro esfuerzo y trabajo queremos construir una Andalucía diversa y plural, solidaria e integradora, en la que imperen la igualdad de oportunidades y la justicia social”.

      El documento que se ha llevado al Parlamento ha sido consensuado por CCOO, UGT, CEA y Consejería de Presidencia, respondiendo así al cumplimiento de una de las medidas incluidas en el Pacto Social y Económico por Andalucía.

      Con esta iniciativa, Andalucía entra en la lista de comunidades autónomas que tienen una ley de estas características y que, salvo Principado de Asturias y País Vasco, cuentan con un marco de referencia legal sobre la participación institucional.

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