Comisiones Obreras de Andalucía | 29 marzo 2024.

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    Artículo de opinión de Inmaculada Sánchez, publicado en Diario Sur el 3 de diciembre

    Personas con Discapacidad, un camino lleno de obstáculos

      Parece ser que finalmente, corren vientos a favor para la aprobación parlamentaria del Proyecto de Reforma del Artículo 49 de la Constitución, aprobado por Consejo de Ministros el pasado año y que supone un punto de inflexión en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

      03/12/2022.
      Inmaculada Sánchez

      Inmaculada Sánchez

      Tanto Vox como el PP se opusieron a esta Reforma que actualiza dicho artículo para adaptarlo a la Convención Internacional del 2006, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, modificación íntegra, tanto en su estructura y contenido, como en el lenguaje que hace desaparecer el término “disminuido” para referirse a personas con discapacidad.

      El lenguaje peyorativo crea en el imaginario colectivo una idea negativa que distorsiona la relación entre iguales en la sociedad y por ello, es responsabilidad de los poderes públicos eliminar cualquier atisbo en el lenguaje que afecte al respeto y a los derechos inherentes de las personas.

      Si se consigue la mayoría cualificada del Parlamento, supondría la primera Reforma Social de la Carta Magna, un hito histórico en la conquista de derechos de las personas con discapacidad.

      Pero vamos a dejar a un lado las iniciativas legislativas como principios fundamentales en los avances de los derechos sociales de las personas con necesidades especiales, para pasar a la realidad social que viven día a día este colectivo de personas, y principalmente en nuestra provincia.

      Con datos procedentes del SISS (Sistema Integrado de Servicios Sociales), a 30 de junio de 2022, la provincia de Málaga cuenta con 118.764 personas con discapacidad reconocida (>=33%), de las que el 51,5% son mujeres. En la distribución por tipo de discapacidad, la física ocupa el 42,1%, seguida de la psíquica con un 27,84%, mixta con un 26,33% y sensorial con un 10,23%.

      El incumplimiento del Gobierno de la Junta de Andalucía en los plazos de 180 días que establece la Ley para el Reconocimiento del Grado de Discapacidad, hace que la situación sea desesperante para estas personas y para los padres/madres que tienen a su cargo menores con discapacidad, 4.526 de 0 a 15 años en Málaga. No hay ayudas económicas ni sociales mientras se espera una media de 24 meses para la Valoración del Grado de Discapacidad y 26 meses para la Revisión de Grado.

      Málaga es la primera provincia Andaluza que acumula mayor retraso y por CCAA, Andalucía la segunda después de Canarias.

      En el ámbito laboral, es un sector con baja participación en el mercado, representan el 1,52% del total de personas afiliadas a la Seguridad Social, con una tasa de actividad que no llega al 35%, justo la mitad que lo hacen las personas que no presentan discapacidad.

      Aun así, es un sector que cada año va ganando ligeramente más peso en la afiliación y su representatividad es cada vez mayor. El crecimiento que ha experimentado la afiliación de personas con discapacidad en 2021 es superior a la media nacional en 1,94 puntos porcentuales. La variación interanual general es positiva, un 2,64% mientras que la que experimenta el colectivo de personas afiliadas con discapacidad es de 4,58% de crecimiento en este último año.

      Su contratación tiene para las empresas importantes ventajas fiscales con bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social que fomenta la inclusión laboral de este colectivo y su participación e integración en la sociedad. El compromiso de las empresas en el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% y en la garantía de las condiciones y derechos laborales de las personas con discapacidad es indispensable para su inserción socio-laboral, para su participación y para el acceso real al mercado de trabajo ordinario.

      Desde CCOO, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora hoy, 3 de diciembre, reivindicamos el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, una educación de calidad e inclusiva.

      El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que entender que por encima de los intereses económicos y mercantilistas, están los intereses y las necesidades de las personas; En este sentido, la salvaje privatización que se ha venido haciendo en los últimos años con el personal Técnico de Integración Social (PTICS) y la falta de contratación suficiente, ha rebajado las condiciones laborales de un sector feminizado con contrataciones medias máximas de 15 horas semanales. Además, el impacto que esto tiene en las necesidades de atención y cuidados de las niñas y niños con necesidades especiales en los centros públicos de Andalucía, deja al descubierto un Gobierno con una clara falta de empatía.