Comisiones Obreras de Andalucía | 18 abril 2024.

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    CCOO saluda la aprobación del fondo de compensación de las víctimas de amianto: “es un paso muy importante, aunque hay que seguir avanzando”

      CCOO de Andalucía ha acogido “con satisfacción” la aprobación de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto en el Senado, ya que da respuesta a una reivindicación histórica del sindicato. “Es un gran avance para las personas afectadas”. No obstante, CCOO ha matizado que “quedan cuestiones pendientes de especial relevancia, como la exención tributaria a las indemnizaciones; o establecer un cuadro con las diferentes patologías por exposición al amianto y la cuantía a recibir por cada una de las enfermedades.

      11/10/2022.
      Amianto en la tubería de un barco

      Amianto en la tubería de un barco

      El secretario de Salud Laboral de CCOO de Andalucía, Pepe Casas, ha valorado la aprobación del fondo de compensación de las víctimas de amianto, entendiendo que la Ley que lo sustenta, “supone un paso muy importante a una reclamación histórica y de justicia para poder empezar a solucionar el problema del reconocimiento y compensación de las personas afectadas por este agente cancerígeno”.

      Asimismo, Casas considera que este fondo “es un avance para que las personas afectadas y sus familiares no tengan que luchar en los juzgados la reclamación de sus derechos, con el elevado coste económico que ello supone y el largo periodo judicial”.

      El dirigente ha explicado que “otra de las cuestiones positivas que conlleva este fondo de compensación, radica en que el reconocimiento llegará a muchas personas que se habían quedado desamparadas, puesto que sus empresas habían desaparecido”. “Asimismo, hay un reconocimiento público de las injusticias que se cometieron en las empresas por la falta de vigilancia y de control con este cancerígeno, así como de los poderes públicos en la falta de fiscalización y control del cumplimiento de las normas en las empresas. Tanto uno como otros, siendo conocedores de los efectos dañinos y mortales de la exposición al Amianto, no tomaron medidas para proteger a los trabajadores y trabajadores”, argumenta Casas.

      El sindicato ha matizado, no obstante, que “el texto aprobado tiene algunas carencias”. “Una muy importante es la tributación de las indemnizaciones, ya que actualmente las indemnizaciones obtenidas en los tribunales, están exentas de tributar”.

      CCOO mantiene la idea de que esté exento de tributar y considera que “todavía se está a tiempo de solucionarlo, antes de que entre en vigor la Ley, incluyendo una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establezca la exención, para este tipo de indemnización”.

      Casas señala que “también queda pendiente el desarrollo del reglamento de la Ley, donde, entre otras cuestiones, tendrá que aparecer un cuadro con las diferentes patologías por exposición al amianto y la cuantía a recibir por cada una de las enfermedades”.

      El dirigente ha destacado que, a partir de la aprobación de la Ley, se considerarán beneficiarios las personas que hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto o exposición al mismo, tanto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental, así como sus herederos.

      También lo serán quienes sufren una enfermedad que no pueda ser reconocida como profesional, pero haya quedado demostrado que la causa es el amianto; así como los herederos de personas fallecidas, como consecuencia de enfermedades provocadas por la exposición a la fibra de amianto.

      Por último, el secretario de Salud Laboral de CCOO ha aseverado que “es importante que se establezcan unas cantidades dignas para las indemnizaciones. De no ser así, las personas afectadas se verán obligadas a seguir recurriendo a los tribunales, cuestión que se pretende evitar con la creación del Fondo de Compensación”.

      Una vez aprobada la Ley de creación del fondo de compensación de las víctimas de Amianto, se publicará en el BOE y tendrá que esperar a un posterior desarrollo reglamentario en el plazo de tres meses, para que entre definitivamente en vigor.

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