Comisiones Obreras de Andalucía | 18 abril 2024.

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    CCOO condena la convalidación del Decreto de Simplificación Administrativa: “está redactado por y para el empresariado, desregula y deteriora lo público”

      CCOO de Andalucía ha condenado la convalidación del Decreto de Simplificación Administrativa, aprobado ayer en el Parlamento andaluz por los votos a favor del partido de Gobierno y sus socios, y hace un llamamiento a las fuerzas políticas progresista de la Cámara para que “actúen para lograr derogar” un decreto que el sindicato considera “hecho a medida del empresariado andaluz, sin considerar a la mayoría social, desregulando y eliminando controles y garantías”. CCOO de Andalucía denuncia que esta medida “es una nueva afrenta contra lo público” y que la Administración hace dejación de funciones.

      23/12/2021.
      Fuente: Freepik

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      CCOO de Andalucía ha condenado la convalidación ayer en el parlamento andaluz del Decreto de Simplificación Administrativa, anunciado la semana pasada por el Gobierno autonómico, y que ha sido aprobado por los votos favorables del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El sindicato considera que este Decreto “está redactado por y para el empresariado, desregulando y deteriorando lo público. Es otra prueba más de que en Andalucía no gobierna la derecha, sino el lobby empresarial”. Además, según denuncia CCOO, la Administración hace dejación de funciones al inhibirse en su responsabilidad de controlar, fiscalizar y dar garantías jurídicas.

      Por ese motivo, CCOO ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas progresistas del Parlamento para que “actúen para derogar este Decreto”: “no se dan los requisitos de urgencia y necesidad que exige la normativa para la aprobación por DL de la mayoría de estas 320 medidas que se incluyen, por lo que estudiaremos todas las vías legales para lograr su derogación”, han explicado.

      “Si no se pone coto a esta forma de gobernar los efectos serán brutales, porque de facto supone la anulación de la participación y diálogo social establecido en la Constitución Española y en nuestro Estatuto de Autonomía, además de las propias funciones del Parlamento andaluz y participación de toda la ciudadanía”, ha denunciado CCOO. “Es nuestra obligación hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta norma no se consolide”, por eso el sindicato ve “esencial” contar con los grupos políticos de la oposición para que recurran el Decreto Ley ante el Tribunal Constitucional, de igual manera que hicieron con el Decreto Ley 2/2020, admitido por el TC y que ahora se encuentra pendiente de resolución.

      En el análisis y valoración que el sindicato ha hecho del DL se analizan tanto el impacto general como en los diferentes ámbitos, sectoriales o no, a los que afecta el DL suponiendo que “esta norma tiene como único objetivo desregular todas las actividades y sectores de la economía andaluza. El presidente de la Junta de Andalucía aspira a concurrir a las próximas elecciones como el presidente que más lejos ha llegado en simplificación y reducción de trámites administrativos. Bajo el mantra de la simplificación, ha abordado tres reformas con el mismo objetivo”, ha recordado el sindicato: la primera en 2019 sobre la declaración de proyectos de interés estratégico para la comunidad; la segunda con el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que incidía sobre veintiuna leyes y seis decretos, y que incluía un centenar de medidas entre simplificación de procedimientos y eliminación de barreras y trabas en ámbitos como el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria o el medio ambiente. Ahora esta nueva medida tendrá efecto sobre unas ochenta normas y contendrá más de trescientas medidas de simplificación que afectarán a todos los sectores.

      CCOO denuncia que Andalucía “se va a convertir en una selva donde impere la ley del más fuerte, con la mínima intervención y regulación por parte de los poderes públicos y Administraciones. Una máxima de la que este Gobierno ya ha hecho gala otras veces y que deja muy contenta a la patronal: el mercado tiene capacidad y resortes para autoregularse y asignar recursos. Una premisa que solo genera desigualdad, especulación, enriquecimiento desigual, debilitamiento de lo público y amenaza el bien común en detrimento de unos pocos”.

      “Es un atropello normativo de desregulación que busca competir con otras comunidades y territorios en la atracción de proyectos empresariales sin que se tenga en cuenta factores como la capacidad para generar empleo y riqueza, viabilidad del proyecto, durabilidad y vinculación, sostenibilidad”, ha insistido CCOO.

      “Andalucía viene sufriendo desde hace muchos años la desmantelación de su tejido industrial y no es por su entorno administrativo ni por la supuesta maraña normativa; sino por una falta de apuesta a medio y largo plazo por diversificar la economía de nuestra tierra. Este debe ser el gran reto del presidente de la Junta de Andalucía, y más ahora que llegan los fondos europeos”, ha exigido el sindicato.

      Con este Decreto Ley se sustituye la autorización administrativa por una declaración responsable en 17 ámbitos diferentes cuando para el sindicato “las declaraciones responsables sin control administrativo posterior, bajo el argumento de agilizar los trámites, pueden tener un alto coste social y medioambiental, y supone admitir de facto la escasez de recursos humanos de las administraciones para cumplir con sus obligaciones y un alejamiento de la administración de sus competencias para dejarlas en manos del buen hacer de la empresa privada”.

      “La desregulación absoluta que introduce este DL afecta a los andaluces y andaluzas y al futuro de nuestra tierra”, ha concluido CCOO, que además considera que el Gobierno andaluz hace dejación total de su obligación de velar por el desarrollo sostenible, la protección del patrimonio, el desarrollo urbanístico sostenible, la sostenibilidad medioambiental, y la creación de empleo y con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Por el contrario, dejan exclusivamente a la voluntad del empresariado el modelo económico y social en el que se va a convertir nuestra comunidad en el futuro cercano”.

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