Comisiones Obreras de Andalucía | 19 abril 2024.

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    CCOO tacha de “despropósito” las auditorías del Sector Instrumental y exige al gobierno andaluz que cambie el “desprestigio continuo” por la “puesta en valor de lo público”

      El sindicato critica el despilfarro de dinero público para que “empresas privadas le digan al gobierno andaluz lo que tiene que hacer con lo público”. Advierte el sindicato que “no hubieran hecho falta millones de euros, simplemente ejercitar la negociación colectiva en cada ámbito, algo que el Gobierno andaluz cercena continuamente en prácticamente todas las entidades instrumentales, obviando a su representación sindical, como así ha ocurrido a la hora de elaborar las correspondientes auditorías”. CCOO de Andalucía entiende que las auditorias adolecen de datos que apoyen sus conclusiones (o interesadamente no se han publicitado en los informes), limitándose a ser un mero resumen interesado, parcial y tendencioso, sin ofrecer los datos objetivos en los que supuestamente se apoya.

      04/08/2021.
      Imagen: Pexels

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      Las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía llevan siendo objeto de discursos de desprestigio por parte del Gobierno andaluz desde el inicio de la legislatura, discursos que están encontrando en los resultados de las auditorías privadas un yacimiento de forzadas e intencionadas malinterpretaciones orientadas a apuntalar el menosprecio no sólo hacia sus trabajadores y trabajadoras, sino hacia los propios servicios públicos que conforman el denominado sector público instrumental.

      Una estrategia que comenzaba a principio de 2019, recién estrenado el Gobierno andaluz, con la elaboración de informes de auditoría por parte de personal funcionario de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que nunca fueron públicas probablemente porque no dieron el resultado deseado.

      Posteriormente, el Gobierno andaluz encargó auditorías privadas, fuera del propio ámbito público de control y supervisión, de 54 entidades instrumentales, que están cuestionando el propio valor de los servicios públicos y la deriva de los mismos.

      A esto hay que añadir un nuevo encargo para elaborar un “Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental” para diseñar y ejecutar las estrategias a realizar, algo que el sindicato tacha de “despropósito ya que una empresa privada, con sus intereses, le va a decir al Gobierno andaluz lo que tiene que hacer en el ámbito de lo público”.

      Para CCOO de Andalucía, este despilfarro de dinero público (en suma 6 millones de euros cuya licitación finalmente asciende a 4 millones aproximadamente), no tiene otro objetivo que aplicar criterios empresariales y de rentabilidad económica por encima de la utilidad pública que debe primar en un servicio público, amén de servir de justificación y excusa al gobierno andaluz para aplicar políticas con un fuerte componente ideológico.

      CCOO lleva años formando parte de los diferentes espacios de negociación del denominado sector público instrumental, defendiendo la reordenación de este sector en Andalucía, así como la imperiosa necesidad de que se cumplan escrupulosamente la legislación laboral y especialmente los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia en todos los ámbitos públicos, también en las entidades instrumentales. Sin embargo, estamos asistiendo con estupor a una campaña sin precedentes en la que, bajo el paraguas de las auditorías licitadas al ámbito mercantil-privado, quienes son los responsables directos de poner en valor la estructura competencial de la Junta de Andalucía participan de cuestionamientos en entidades de las que forman parte a través de sus direcciones generales, gerencias, consejos de administración o puestos de libre designación.

      En definitiva, un escenario en el que vuelven a señalarse a empleados y empleadas públicas y se pone en tela de juicio los servicios públicos, señalando aquellos innecesarios, los que pueden ser sustituidos, externalizados o concertados, y qué empleados y empleadas son prescindibles en plena pandemia y crisis social, económica, sanitaria e, incluso, ambiental.

      A expensas de terminar de analizar en profundidad el contenido de las auditorías, desde CCOO de Andalucía entendemos que las auditorias adolecen de datos que apoyen sus conclusiones (o interesadamente no se han publicitado en los informes), limitándose a ser un mero resumen interesado, parcial y tendencioso, sin ofrecer los datos objetivos en los que supuestamente se apoya.

      Algunas de las cuestiones que se plasman en los informes ya eran conocidas y denunciadas reiteradamente por parte de CCOO y por los propios organismos públicos, ofreciendo en reiteradas ocasiones propuestas de solución, “no hubieran hecho falta millones de euros, simplemente ejercitar la negociación colectiva en cada ámbito, algo que el Gobierno andaluz cercena continuamente en prácticamente todas las entidades instrumentales, obviando a su representación sindical, como así ha ocurrido a la hora de elaborar las correspondientes auditorías”. Igualmente, se ha obviado la necesaria negociación con las organizaciones sindicales, en el ámbito del grupo de trabajo del sector público instrumental, creado al efecto desde 2018 en el marco de la mesa general de la administración de la Junta de Andalucía, que reiteradamente se desprecia por parte del gobierno actual.

      Desgraciadamente, para el sindicato, el Gobierno andaluz, solo reacciona frente a sentencias o requerimientos administrativos o judiciales, y tiende a culpabilizar de su mala gestión, a las empleadas y empleados públicos, los cuales se han demostrado esenciales en esta pandemia, demostrando una profesionalidad y compromiso con lo público ejemplar.

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