Comisiones Obreras de Andalucía | 29 marzo 2024.

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    CCOO-A y UGT-FICA exigen que se condicionen las ayudas de la PAC al cumplimiento de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras

    • Los sindicatos saludan el posicionamiento claro del Parlamento Europeo que determina que los pagos directos de la PAC deben estar condicionados al respeto de las condiciones de empleo y laborales aplicables en virtud de los convenios colectivos pertinentes, el Derecho nacional y de la UE, así como los convenios de la OIT
    • Reclaman al Gobierno de España que se incluya esa condicionalidad para percibir ayudas, y al Ejecutivo andaluz que defienda estas reivindicaciones “esenciales para el desarrollo socioeconómico de nuestra Comunidad, y las implemente teniendo en cuenta a los sindicatos más representativos del sector”
    • En Andalucía hay más de 450.000 personas trabajadoras por cuenta ajena en el sector agrario, y, a pesar de ser definido como esencial por las instituciones de la UE, los gobiernos nacionales y también la Junta de Andalucía con la COVID-19, muchas de ellas tienen salarios deficientes, jornadas de trabajo superiores a las recogidas en los convenios colectivos, alta temporalidad y eventualidad, e incluso con alojamientos que no reúnen las condiciones óptimas de habitabilidad

    18/03/2021.
    CCOO demanda una mesa de negociación para abordar la situación del sector agrario y dar respuesta a los problemas que afectan al campo

    CCOO demanda una mesa de negociación para abordar la situación del sector agrario y dar respuesta a los problemas que afectan al campo

    UGT-FICA y CCOO-A han hecho un llamamiento a los Gobiernos, tanto central como autonómico, para que las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) estén condicionadas al respeto de las condiciones aplicables en virtud de los convenios colectivos pertinentes, el Derecho nacional y de la UE, así como los convenios de la OIT.

    Así lo ha recogido el Parlamento Europeo, “lo que supone un paso importante y lógico”, pues, como han reseñado las organizaciones “la reforma de la PAC 2021/2027 está orientada a reforzar la sostenibilidad de la agricultura Europea, la sostenibilidad económica con equilibrios en la cadena de valor y la modernización tecnológica y digital; la sostenibilidad medioambiental, donde la preservación del medio natural y la trazabilidad sanitaria tiene que ser el núcleo central, a ello hay que añadir la sostenibilidad social donde la persona agricultora asalariada debe hacerse visible y digna del reconocimiento de los derechos de representación en la gobernanza del futuro Plan Estratégico de España para la PAC, y unos derechos laborales homologables a los del sector en la UE”.

    En cambio, CCOO-A y UGT-FICA recuerdan que las personas trabajadoras por cuenta ajena “nunca han aparecido en la PAC”, que ahora representa aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE, y a consecuencia de ello, esta política no ha logrado hasta ahora mejorar en gran medida las condiciones de los trabajadores agrícolas”. “Es algo insólito que uno de los objetivos de dichas ayudas sea fijar la población al medio rural y, en cambio, no se tenga en cuenta a las personas trabajadoras por cuenta ajena”, apostillan.

    Por ello, ambos sindicatos han vuelto a reclamar que se incluya esa condición para las ayudas a un sector en el que trabajan más de 450.000 personas por cuenta ajena en Andalucía, y en el que, a pesar de ser definido como esencial por las instituciones de la UE y los gobiernos con la COVID-19, se caracteriza por salarios deficientes, jornadas de trabajo superiores a las recogidas en los convenios colectivos, alta temporalidad y eventualidad, e incluso por alojamientos que no reúnen las condiciones óptimas de habitabilidad.

    Igualmente, las centrales reivindican que “para el relevo generacional y la igualdad de género se faciliten instrumentos para la transmisión de conocimientos, como apoyo a la promoción de jóvenes, especialmente las mujeres, para resolver el problema del envejecimiento en el sector agrario”.

    “El Gobierno andaluz tienen que defender estas reivindicaciones que son esenciales para el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad, e implementarlas en nuestro ámbito teniendo en cuenta a los sindicatos más representativos del sector”, manifiestan.