Comisiones Obreras de Andalucía | 28 marzo 2024.

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    CCOO-A denuncia “excusas” de las consejerías de Presidencia e Igualdad para no prorrogar los planes de choque” y exige que se mantengan hasta mitad de 2021

    • El sindicato ha exigido al Gobierno andaluz que rectifique y prorrogue los planes de choque porque el no hacerlo “perjudica a las personas trabajadoras de centros de mayores, menores y otros colectivos en situación de emergencia social”
    • Para CCOO-A, “el pretender hacer creer que el plan de choque para la licitación de estos servicios se ha visto afectado por la sentencia del TSJA relativo a las contrataciones exprés, y más concretamente, paralizado por la citada resolución judicial, solo puede calificarse de maniobra torticera y contraria a la buena fe, pues en nada afecta a este procedimiento”

    23/12/2020.
    Juzgados

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    CCOO de Andalucía ha calificado de “excusa” la decisión de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, y de la Consejería de Igualdad, políticas Sociales y Conciliación, de no prorrogar los planes de choque relativos a la contratación de personal en residencias para personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social, aludiendo al Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre las llamadas “contrataciones exprés”.

    Según explica la central en un informe jurídico realizado por su Gabinete Jurídico, “dicho Auto no tiene ninguna afectación posible al tratarse de procedimientos con objeto y tramitación completamente diferentes”, por lo que para CCOO-A, “pretender hacer creer que el plan de choque para la licitación de estos servicios se ha visto afectado y más concretamente, paralizado por la citada resolución judicial, solo puede calificarse de maniobra torticera y contraria a la buena fe”.

    Como apuntan desde el sindicato, “en el caso de las ‘contrataciones exprés’, se contrata personal funcionario interino en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el cual, y según el auto judicial, se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad y se discrimina a los aspirantes a un empleo público por su edad (ser mayor de 60 años), ser mujer (estar embarazada o en periodo de lactancia ) o padecer enfermedades que no son incapacitantes para el ejercicio de la actividad”.

    En cambio, como puntualiza el informe del Gabinete Jurídico, en los “planes de choque” puestos en marcha en base a la Orden de 17 de abril de 2020, se procede a la licitación y adjudicación de servicios esenciales a empresas o entidades, aplicando para ello el art. 120 (Tramitación urgente) de la ‘Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público’, en el cual se simplifica el procedimiento.

    CCOO-A denuncia que “con esta manera de proceder, el Gobierno andaluz pone excusas para no prorrogar un refuerzo de personal que es absolutamente indispensable en estos momentos en los diferentes centros de mayores, menores, en nuestra comunidad autónoma. “Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a disfrutar del descanso –como derecho fundamental- que se merecen tras meses con una situación de carga de trabajo y de presión asistencial extrema”, incide el sindicato. “De no producirse las sustituciones necesarias supondrá un perjuicio para las plantillas además de serios riesgos para el servicio que se presta en estos centros”, apostilla.

    Igualmente, para CCOO-A no resulta una solución tramitar estos planes de choque mediante el procedimiento ordinario que establece la ‘Ley de Contratos del Sector Público’, tal y como pretende el Gobierno andaluz. “Eso supondría que el refuerzo de personal no llegaría a estos centros hasta los meses de marzo o abril, abocando a una situación de riesgo tanto a personas trabajadoras como a los mayores, menores, etcétera a los que asisten”.

    El sindicato entiende que tras esas decisiones “solo pueden existir motivaciones políticas o de recorte presupuestario” y ha exigido a las Consejerías de Presidencia y de Igualdad que “rectifiquen y prorroguen los planes de choque hasta al menos mitad del año 2021, para con ello reforzar el servicio que se presta en los centros para personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social”.