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CCOO exige efectividad en la Ley de Prevención de Riesgos laborales en los centros educativos andaluces

    El sindicato denuncia que tras 25 años de su aprobación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se está aplicando en la educación andaluza con la efectividad que requiere, un hecho que la actual pandemia del Covid-19 está evidenciando.

    28/05/2020.
    Aula vacía

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    La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en el año 1995, regula la normativa básica relativa a la prevención de riesgos laborales, entre las que se incluyen las medidas de vigilancia de la salud, los planes de prevención en los centros de trabajo, la participación de los trabajadores y trabajadoras a través de sus delegados y delegadas de prevención, y los servicios que deben prestar los Comités de Seguridad y Salud.

    Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “en el caso de los centros educativos andaluces hay insuficiencia de recursos y de aplicación normativa que la actual pandemia de la Covid-19 ha evidenciado, algo que la Consejería de Educación debe resolver urgentemente”.

    CCOO denuncia que los Gabinetes de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación no están prestando un adecuado servicio por falta de recursos humanos. Así, la vigilancia de la salud, más necesaria en la actual pandemia, resulta claramente insuficiente a pesar del número de años que lleva vigente una Ley que ha sido aplicada bajo mínimos en el sistema educativo andaluz.

    Molina recuerda que tanto estos Gabinetes como los Comités de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación deben dar respuesta a más de 4.000 centros educativos y 105.000 docentes andaluces, por lo que “exige el incremento del escaso personal técnico de los Gabinetes provinciales y el reconocimiento de la labor profesional que desarrollan con una alta responsabilidad.”

    Para CCOO la vigilancia de la salud en los actuales momentos “no puede caer en manos de las direcciones de los centros, que están asumiendo labores sanitarias que no les corresponden, sin recibir, además, la información ni la formación para llevar a cabo estas tareas, lo que las está exponiendo a situaciones cuanto menos comprometidas”. Igualmente, Molina “censura la nula coordinación existente entre Educación y Sanidad, pues no se han generado cauces de comunicación y asesoramiento entre los centros educativos y los centros de salud de referencia”.

    Además, Molina señala que “se debe dar operatividad a los Comités de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación y que se evalúen urgentemente los riesgos psicosociales y físicos que, entre el personal docente y educativo, está generando el teletrabajo. Una importante cuestión que no se puede obviar y que puede incrementarse el próximo curso escolar ante un más que previsible rebrote de la Covid-19”.

    “La dejación de funciones de la Consejería de Educación en materia de salud laboral en los centros educativos, con una falta constante de recursos y de privatización de parte de sus servicios, se ha hecho más que evidente en esta crisis sanitaria, un problema que debe ser resuelto con la máxima celeridad, porque afecta a la vida y a la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación andaluza y, en consecuencia, a toda la comunidad educativa andaluza”, finaliza Molina.

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