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Orgullo 2020

CCOO y UGT reclaman al Gobierno andaluz agilizar e incrementar la renta mínima de inserción en vez de dar una “tarjeta monedero” que recuerda a las “cartillas de racionamiento para pobres”

    El nuevo “Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad” del Gobierno de Andalucía, al que va a destinar 17 millones de euros para crear una tarjeta monedero dirigida a familias en situación de pobreza con la que podrán comprar determinados alimentos y material de higiene que establecerá la propia Junta, “recuerda demasiado a las tarjetas de racionamiento, que estigmatizan a las personas y no aporta ninguna novedad". Los sindicatos apuestan porque se agilice la concesión de la renta mínima de inserción e incrementar su importe, así como por la cooperación con los ayuntamientos en la gestión de las diferentes ayudas. “Esta medida es un caramelo envenado para las ONG”, puntualizan.

    05/05/2020.
    CCOO aboga por agilizar y aumentar el importe de la renta mínima de inserción. La tarjeta monedero recuerda a las cartillas de racionamiento

    CCOO aboga por agilizar y aumentar el importe de la renta mínima de inserción. La tarjeta monedero recuerda a las cartillas de racionamiento

    Las ayudas económicas para la compra de bienes de primera necesidad las han venido gestionando los servicios sociales de los ayuntamientos, sin menoscabar la capacidad de decisión de las personas, respetando los procedimientos administrativos de fiscalización, transparencia, igualdad de trato e imparcialidad.

    Sin embargo, con este nuevo programa la Consejería de Igualdad pretende externalizar ayudas económicas públicas intentando saltarse los mecanismos de control de las administraciones para este tipo de ayudas, que son potestad pública, y por tanto vulnera el derecho de igualdad y no discriminación, así como el derecho a la protección de datos de las personas beneficiarias.

    Los sindicatos advierten que se trata de un “caramelo envenenado” a las ONG, en las que pretende delegar la concesión de dichas tarjetas, haciéndolas jurídicamente responsables ante las reclamaciones de las personas beneficiarias por estas ayudas económicas públicas.

    UGT y CCOO, valoramos la inestimable e impagable implicación de las ONG en prestar ayuda a la ciudadanía, pero se debe trabajar coordinadamente con los servicios sociales correspondientes, siendo trabajo de estos el de gestionar todas las ayudas y la realización de los procedimientos correspondiente, mientras el del resto de entidades es el de completar el trabajo de dichos servicios sociales, pero en ningún caso sustituir la gestión de estos. Las organizaciones han reclamado que se “matice con más detalle, esta medida de colaboración público privada a la que se refiere la Junta de Andalucía”.

    Por otra parte, CCOO y UGT han criticado que la política seguida por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para la protección de las personas es “errática e incongruente” y la han acusado de “poner en marcha medidas duplicadas e inconexas, con una manifiesta incapacidad para coordinarse con las administraciones locales que permitiría rentabilizar los recursos económicos de ambas administraciones”. Ejemplo de ello es, para las centrales, que estos 17 millones para ayudas a la alimentación se suman al millón de euros aprobados el mismo día para los Bancos de Alimentos, que también son ayudas para alimentación.

    Los sindicatos dejan claro que “toda esta dispersión dificulta el acceso a las ayudas e incrementa la burocracia” y afirman que “sería mucho más efectivo agilizar la concesión de la renta mínima de inserción e incrementar su importe para dar cobertura a los gastos de alimentación e higiene, así como cooperar con los ayuntamientos en la gestión de las diferentes ayudas”, apostillan.

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