Comisiones Obreras de Andalucía | 25 abril 2024.

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    CCOO-A insta al Gobierno a cumplir la Ley de Contratos del Sector Público y el Acuerdo de Cláusulas Sociales para garantizar derechos laborales y calidad del servicio

    • Aunque no cumplía todos nuestros objetivos la Ley de contratación pública suponía un sustancial avance porque priorizaba los criterios sociales sobre los económicos pero dos años después de su entrada en vigor, su cumplimiento dista mucho de ser una realidad
    • Hay muchos recovecos en la aplicación de la Ley que las propias administraciones y empresas utilizan para bordearla, incumplirla e incluso anularla
    • Los trabajadores y trabajadoras no pueden cargar con el coste del servicio. Hay que acabar con las licitaciones y ofertas temerarias en temporalidad, precariedad y descuelgues salariales

    04/11/2019.
    Nuria López y Juan Bravo atienden a los medios antes de las Jornadas

    Nuria López y Juan Bravo atienden a los medios antes de las Jornadas

    CCOO ha llevado a cabo unas Jornadas para analizar, debatir y evaluar la Ley de Contratos del Sector Público tras dos años de su aprobación, así como del Acuerdo de Cláusulas Sociales de Andalucía, pionero en España, firmado en octubre en 2016.

    La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, acompañada por su homólogo en Sevilla, Alfonso Vidán, y por el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, han inaugurado el encuentro que ha contado con la participación de dirigentes sindicales así como de representantes de PSOE-A, PP andaluz, Adelante Andalucía y Ciudadanos Andalucía.

    Durante su intervención, López Marín ha puesto en valor la Ley estatal “ya que por primera vez se establecían criterios sociales por encima del precio, criterios de calidad a la hora de prestar el servicio, posibilidad de rechazar ofertas que no cumplen la normativa laboral, derecho de subrogación, u obligación de cumplir el Acuerdo de Cláusulas Sociales, entre otras cuestiones”. Como ha recordado la dirigente “es cierto que se quedaron fuera cosas importantes pero también hay que recordar que había en el Congreso quienes querían convertir la Norma en un laboratorio de degradación de condiciones laborales, de encorsetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de darle prioridad al convenio de empresa frente al sectorial”.

    Sin embargo, como ha apostillado su homólogo en CCOO Sevilla, “la mejor Ley se convierte en la peor garantía si no se cumple” y, como ha advertido el sindicato, “en estos dos años nos estamos encontrando muchos recovecos en la aplicación de la Ley que las propias administraciones y empresas utilizan para bordearla, incumplirla e incluso anularla”. En ese sentido, López Marín se ha referido a los recovecos entre administraciones y empresas “que provocan que los trabajadores y trabajadoras sean quienes carguen con el peso y el coste del servicio en términos de condiciones laborales y salariales con licitaciones y ofertas temerarias en materia de temporalidad o bajos salarios, descuelgues de convenios y servicios públicos que se quedan empantanados por decisiones de las empresas”.

    “Nos estamos encontrando con dificultades para garantizar los derechos de los trabajadores y la prestación de calidad del servicio y aunque todos los actores tenemos responsabilidad, el Gobierno tiene la obligación de cumplir la Ley y el Acuerdo de Cláusulas Sociales y hacer que se cumplan. Hay que avanzar en la calidad de los servicios públicos y en la calidad de los derechos con que estos se prestan, por eso vamos a seguir exigiéndoles a las administraciones que las mejoras de las condiciones laborales de las personas que trabajan desde el sector privado para contribuir a la mejora del servicio público dejen de ser un problema y se conviertan en una oportunidad”, ha aseverado la secretaria general de CCOO-A.

    Asimismo, la sindicalista ha exigido a empresas y administraciones que cumplan la normativa laboral y los derechos de los trabajadores y ha señalado en ese punto que “ya ha llegado el momento de que la Ley estatal se trasponga a Andalucía para que haya mayor seguridad jurídica”. Igualmente ha reivindicado mayor vigilancia del cumplimiento de la Ley durante toda la duración de la licitación y evaluar si la empresa ha cumplido, “algo que la digitalización facilita, así como revisar convenios colectivos y contratos porque no se puede permitir que en la administración haya trabajadores y trabajadoras que estén por debajo de la legalidad en materia salarial”.

    Por otra parte, la dirigente ha matizado que La Ley ha dejado “en tierra de nadie la recuperación de los servicios públicos porque habla de informes y de probar cuestiones que son muy difíciles de probar pero que tienen un valor intangible que es muy difícil de calcular, como es la prestación de servicios a las personas que más lo necesitan”.

    El consejero Juan Bravo ha reconocido el papel de los sindicatos para mejorar la Ley de Contratos del sector público y ha dicho respecto a esta que hay que asentar lo que se hace bien y mejorar lo que no funciona. “La Administración debe dinamizar ese 20% del PIB que supone la contratación pública, que la gente sienta que controlamos y protegemos”, ha señalado.

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