Comisiones Obreras de Andalucía | 28 marzo 2024.

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    ARTÍCULO DE NURIA LÓPEZ

    La factura de los presupuestos andaluces

      Sin embargo, los presupuestos para Andalucía presentados por el Gobierno, autodenominado del cambio, no afrontan los problemas y plantean unas cuentas que nada tienen que ver con la realidad de nuestra tierra ni con las necesidades de los andaluces y andaluzas.  

      08/07/2019.
      Nuria López en la manifestación del 8M

      Nuria López en la manifestación del 8M

      Siempre CCOO ha reivindicado que los cambios en España empiecen alguna vez por el sur, con más inversiones en infraestructuras, industrialización y un reparto más justo de la renta per cápita gracias a mejores servicios públicos. Andalucía tiene un tejido productivo que ha soportado peor los envites de la crisis debido a un empleo basado en la temporalidad, la estacionalidad y los bajos salarios que nos sitúan entre las regiones con mayor precariedad laboral de España. Esta realidad no debería admitir retrasos ni dilaciones.

      Sin embargo, los presupuestos para Andalucía presentados por el Gobierno, autodenominado del cambio, no afrontan los problemas y plantean unas cuentas que nada tienen que ver con la realidad de nuestra tierra ni con las necesidades de los andaluces y andaluzas. Además, nos preocupa que el Ejecutivo haya cedido al chantaje de la ultraderecha, poniendo sobre la mesa unos presupuestos que vapulean los servicios públicos y a sus trabajadores y trabajadoras, suponen una involución y pasan por encima de leyes como la de Igualdad e, incluso, nuestro Estatuto de Autonomía. Es muy peligroso que el Gobierno admita retrocesos en cuestiones tan sensibles y serias como la lucha contra la violencia de género, la memoria histórica o la igualdad de oportunidades, para sacar adelante los presupuestos.

      Cierto es que el presupuesto de la Junta para 2019 es un 5% superior al de 2018 y que la previsión de ingresos supone igualmente un 5,5% más que el año anterior; la cuestión es que esa previsión de ingresos está muy alejada de la realidad, y que la intención del Gobierno de basarla en la enajenación de bienes e inmuebles públicos es difícilmente factible y, desde luego, en absoluto compartimos. La función de un Gobierno no puede ser la de un administrador de fincas, sino la de atender y dar respuesta a las necesidades de las personas que viven en Andalucía y, hasta el momento, con medidas como la eliminación del impuesto de sucesiones o la rebaja del IRPF, es evidente que está gobernando solo para los intereses de unos pocos. De hecho, las políticas de empleo son las grandes olvidadas en los presupuestos, a pesar de que el número de personas desempleadas supera las 820.000 y el porcentaje de hogares con todos sus miembros en paro supera el 12%.

      Necesitamos una reactivación económica que genere empleo de calidad y con derechos, que transforme, industrialice, especialice y diversifique la actual estructura productiva, que incremente la inversión pública en infraestructuras, y que mantenga, refuerce y extienda los servicios públicos y la protección social. Denunciamos la ausencia de una estrategia para garantizar una transición justa a la nueva realidad del mundo laboral con garantías de mantenimiento del empleo, el incumplimiento de los acuerdos adoptados para la estabilización del empleo y recuperación de derechos en el sector público, o reducciones presupuestarias del 17% para planes de empleo locales y de 50 millones para la renta mínima.

      Compartimos que hay que facilitar que las empresas se instalen en Andalucía, pero darles dinero y transferir recursos públicos sin que se exija un retorno social no debe ser posible; las empresas han de saber que es necesario el control y la regulación. No se trata de eliminar las ‘trabas administrativas’, sí en cambio de progresar actualizando pliegos y mejorando los convenios para avanzar con garantías, empleo estable y sin trampas tributarias.

      CCOO siempre ha mostrado disposición a dialogar y negociar con el Gobierno andaluz como representantes de la clase trabajadora, tal y como se nos reconoce en el Estatuto de Autonomía, pero el Ejecutivo ha dado la espalda al diálogo y a la concertación social. Abandonarse a la política excluyente y discriminatoria de una minoría acabará pasando factura al Gobierno más pronto que tarde. Es lo que sucede cuando se anteponen los privilegios de unos a las necesidades de la mayoría social.

      [Artículo publicado originalmente en Agenda de la Empresa el 5 de julio de 2019]