Comisiones Obreras de Andalucía | 18 abril 2024.

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    Día Mundial del Medio Ambiente

    El sindicato exige que se cumpla la Ley de Cambio Climático aprobada en Andalucía en 2018 y urge una Ley de Movilidad

    • Abogamos por una transición energética con criterios de justicia social y con la participación de la sociedad
    • Es necesario dejar atrás la quema de combustibles fósiles e impulsar las energías renovables, aumentando la eficiencia energética, y realizando un cambio en el modelo de producción y de movilidad
    • Los efectos del aumento de temperatura llevarán a la pérdida del equivalente de 72 millones de empleos-año de tiempo completo para el 2030

    05/06/2019.
    Exigimos que se cumpla la Ley de Cambio Climático aprobada en Andalucía en 2018 y urge una Ley de Movilidad

    Exigimos que se cumpla la Ley de Cambio Climático aprobada en Andalucía en 2018 y urge una Ley de Movilidad

    Nos encontramos en un escenario de emergencia climática. El calentamiento global tiene efectos adversos sobre los ecosistemas, la salud de las personas y los medios de subsistencia en todo el mundo, y así lo confirman diferentes organizaciones de carácter internacional y numerosos estudios realizados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cambio climático podría provocar 250.000 muertes más cada año a partir del 2030 y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que, incluso en un escenario de mitigación efectiva del cambio climático, los efectos del aumento de temperatura llevarán a la pérdida del equivalente de 72 millones de empleos-año de tiempo completo para el 2030.

    La Unión Europea y España han manifestado su voluntad y compromiso en la lucha contra el cambio climático, lo que significa hacer transformaciones profundas en la forma de producir y consumir energía.

    El sindicato coincide en la necesidad de realizar una transición energética, dejando atrás la quema de combustibles fósiles e impulsando las energías renovables, aumentando la eficiencia energética, realizando un cambio en el modelo de producción, de movilidad, etcétera, pero afirma que debe ser realizada con criterios de justicia social donde se tenga en cuenta a trabajadoras y trabajadores y a los territorios afectados por el declive de los sectores industriales; es decir, una transición justa que no deje a nadie atrás. En ese sentido, CCOO apunta cuatro aspectos fundamentales: establecer medidas de protección social a las trabajadoras y trabajadores afectados por este proceso, aportar alternativas reales y creíbles para las personas y territorios afectados, la necesidad de tener una planificación previa, -algo que no tiene que ver con tener un compromiso político claro, a medio y largo plazo-, y por último, constituir un organismo que controle y garantice que los proyectos y los fondos económicos destinados para una transición justa sean utilizados con transparencia de manera eficaz y eficiente.

    Pero la transición ecológica es mucho más que la transición energética. Hay que actuar sobre nuestros residuos, cambiar materias primas, sustituir productos químicos, mejorar la gestión del agua, desarrollar planes de acción medioambiental en las empresas…en definitiva mejorar la relación entre crecimiento y medio ambiente, una relación muy desequilibrada a favor del beneficio económico. CCOO sostiene que “será imposible garantizar el éxito de la transición hacia un modelo económico más sostenible sin la sensibilización y la participación de todo el conjunto de nuestra sociedad”.

    En este contexto, la Confederación Sindical Internacional (CSI), ha convocado para el 26 de junio el “Día Mundial de Acción Medioambiental en los centros de trabajo” con el fin de sensibilizar a las empresas en la lucha contra el cambio climático y reclamarles su compromiso en adaptar los centros de trabajo, estableciendo otro modelo de producción más sostenible. Una iniciativa a la que se suma el sindicato desde Andalucía donde además, han exigido que se cumpla la Ley de Cambio Climático aprobada en nuestra Comunidad en 2018 y donde urgen que se tramite, con la participación de la sociedad y desde el diálogo social, la aprobación de una Ley de Movilidad.

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