Comisiones Obreras de Andalucía | 23 abril 2024.

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    Sindicatos piden que el servicio de ayuda a domicilio de Granada capital sea municipal

      Trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en Granada capital, convocados por el Comité de Empresa de Arquisocial, se han concentrado ante el Ayuntamiento de la capital granadina para exigir la remunicipalización de este servicio, ya que consideran que el dinero público debe servir de forma íntegra para que la plantilla (unas 700 personas) pueda prestar un servicio público de calidad, como no puede ser de otra manera, a los 3.286 usuarios y usuarias que necesitan dicha Ayuda a Domicilio.

      11/04/2019.
      Concentración ante el Ayuntamiento

      Concentración ante el Ayuntamiento

      Desde el Comité de Empresa de Arquisocial, del que forma parte CCOO, se considera que el modelo de gestión privatizador de un servicio público como éste, como hasta ahora ha sucedido no sólo en Granada sino en otros ayuntamientos de la provincia, está fracasado. Así, advierten que los objetivos de las empresas del sector de la dependencia son los de obtener beneficios y no los del servicio público, añadiendo que, hasta ahora el resultado de este modelo es la precariedad laboral, convirtiendo a las y los profesionales en trabajadoras/es pobres.

      Aunque desde el Comité de Empresa se valora el anuncio que hizo el Ayuntamiento de que se va a estudiar la viabilidad técnica y presupuestaria de esta medida, se considera que se podría haber hecho antes, y no ahora que estamos en campaña electoral de las municipales, advirtiendo que esta reivindicación se le va a plantear a cualquier Gobierno municipal, sea del color político que sea.

      A juicio de los representantes sindicales, el encaje legal de esta remunicipalización es posible en Granada, porque se ganaría en eficiencia en la gestión y se optimizarían los recursos económicos, como ya ha se ha hecho en numerosos municipios del provincia de Granada. Se recuerda además, que estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía. Así, para el Comité, lo que hay que promover es la calidad del servicio, no sólo para las personas usuarias, sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan.

      Así, concluyen, no es posible, que una empresa privada obtenga sus legítimos beneficios empresariales a costa de “jugar” con los servicios públicos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía, y para los trabajadores/as, cuya situación laboral es muy precaria.

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