Los pensionistas y jubilados de CCOO y de UGTde Cádiz,  durante estos últimos años venimos denunciando que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las idóneas y que afectaban de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil de la Sociedad y dentro de ella, también, de forma intensa a las personas mayores.

Se habla mucho del envejecimiento activo pero la realidad es que no se cumple, cuando las administraciones públicas tienen la obligación de buscar los recursos necesarios para ello. Pues hay que reconocer el papel activo en la esfera económica que realizan las personas mayores, no sólo de ayuda económica a sus familias o como consumidores activos, sino como provisores de cuidados de familiares y nietos. Los estudios indican que más de un tercio de las personas mayores cuidan de sus nietos, la mitad de estos lo hacen todos los días, lo que no sólo tendría una traducción económica directa, sino que también facilita que otros miembros de sus familias puedan desarrollar actividades laborales.

Los partidos políticos tienen que preocuparse de mejorar significativamente los ingresos del Sistema Publico de Pensiones y en garantizar su viabilidad financiera y el permanente mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, además hace falta una política económica que promueva un crecimiento inclusivo (con más empleo estable y salarios que participen en la prosperidad de las empresas), lo que aumentaría de manera sostenida los ingresos del sistema.

También habría que incrementar las cotizaciones, destopar las bases máximas de cotización manteniendo la contributividad, hacer que los autónomos coticen por sus ingresos reales, financiar los gastos de gestión de la Seguridad Social con el presupuesto del Estado, aumentar la aportación de los impuestos al presupuesto de la Seguridad Social, y combatir el fraude fiscal y la economía sumergida.

En colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes, y mas cuando estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones únicas) de las siguientes generaciones pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

Por ello la revalorización periódica de las pensiones resulta un elemento básico a la hora de garantizar unas pensiones adecuadas y constituye, por sí mismo, un elemento principal para la legitimación social del sistema. El objetivo de la revalorización es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el tiempo en que se perciben las mismas, de modo que con ello se garantice el nivel de consumo y capacidad de compra durante toda la vida de los pensionistas.

Aunque la revalorización de las pensiones viene recogida en el artículo 50 de la Constitución como un principio rector de la política económica de nuestro país, lo cierto es que la única fórmula de revalorización automática que garantizaba por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones fue la nacida del Acuerdo de Pensiones de 1996, ligada entonces a la inflación, y que ha estado vigente hasta la reforma unilateral impuesta por el Gobierno del PP en 2013.

Un riesgo adicional a todo lo anterior radica en que los efectos de la Reforma de 2013 se despliegan de forma progresiva en el tiempo en el largo plazo, aparentemente muy poco a poco, de modo que la ciudadanía puede tardar en entender la profundidad de la reforma… ¿quizá demasiado tarde?.

Hemos visto un ejemplo de ello en las últimas movilizaciones, sólo los sindicatos hemos mantenido un proceso de movilización sostenido en el tiempo desde 2013, y el conjunto de la ciudadanía ha necesitado más tiempo para apreciar el efecto acumulado del índice de revalorización de las pensiones.

Para el colectivo de pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO, la defensa del sistema para la autonomía y atención a la dependencia es una de nuestras prioridades, pues es evidente que, transcurridos 10 años desde su puesta en marcha de la ley de dependencia todavía no ha culminado su implantación completa. Una causa fundamental de este retraso radica en el todavía insuficiente nivel de financiación pública que arrastra, para terminar con la lista de espera. Se necesitaría una dotación adicional de 2.500 millones de euros, para acabar con la lista de espera mediante el reconocimiento de prestaciones preferentemente de servicios profesionales. La atención directa con servicios profesionales de las 400.000 personas en situación de dependencia posibilitaría la creación de miles de puestos de trabajo directos, en función de la modalidad de los servicios elegidos y la intensidad de los mismos.

En el tema sanitario junto a la atención deben promoverse políticas preventivas que disminuyan los riesgos que sufren las personas mayores pues el incremento absoluto y relativo del número de personas mayores, junto a las limitaciones que éstas tienen para el desarrollo de sus actividades básicas en la vida diaria y de sus actividades domésticas, debe conllevar un refuerzo de los sistemas de atención domiciliaria. La caída de la ratio de apoyo familiar, el cambio en los roles tradicionales de hombres y mujeres y el fuerte incremento de la demanda esperada deberían implicar un mayor esfuerzo en el desarrollo de la hospitalización a domicilio, la atención domiciliaria desde los centros de atención primaria y los servicios de ayuda a domicilio dependientes de los servicios sociales.

Por todo ello hoy día 1 de octubre, el colectivo de mayores de CCOO y UGT queremos reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, lo siguiente:

1-Que se llegue a un acuerdo en la comisión del pacto de Toledo para que, sobre la base del diálogo y el acuerdos social y político amplios, se pongan en

marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tal y como se ha venido haciendo desde 1995 con excelentes resultados.

2-Necesitamos que se recupere el índice de revalorización de las pensiones y que sea pactada en el marco del Diálogo Social que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el periodo de percepción.

3-Exigimos una Renta Mínima estatal para mejorar una laguna muy concreta, y muy amplia, que hoy tiene el sistema de protección social pues no está diseñado para proteger a quienes nunca tuvieron un empleo y lo buscan (jóvenes sobre todo, pero también mujeres) y a los parados de larga duración (hoy ya de un perfil socio demográfico amplísimo) que ven agotadas las prestaciones de desempleo, y que se encuentran en una situación de necesidad porque ni ellos ni sus entornos familiares tienen ingresos suficientes.

4- Reivindicamos la derogación de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico en la atención sanitaria (transporte sanitario no urgente, prestación orto protésicas, productos dietéticos...) y del actual modelo de copago farmacéutico por su impacto negativo, especialmente para los niveles de renta más bajos, y su inadecuación para las situaciones de especial necesidad vinculadas a cronicidad o pluripatologías. En este sentido, es necesario sustituir este modelo por otro que responda a las necesidades de los ciudadanos, elimine los copagos para los colectivos más desfavorecidos, evitando que se generen barreras en el acceso a los tratamientos necesarios, y los reduzca con carácter general aplicando límites y criterios de progresividad.

5-Debemos potenciar los servicios de salud pública, pues son esenciales en el desarrollo de cualquier sistema de salud, en la prevención de enfermedades, fomentando el autocuidado. Pues la esperanza de vida depende, también, de factores como la riqueza y la pobreza, el empleo y el desempleo, las condiciones de trabajo, el entorno social en el que se vive, las políticas medioambientales, los niveles educativos, los hábitos saludables de vida, las infraestructuras disponibles, las políticas de salud pública, la nutrición, el ejercicio físico frente al sedentarismo Y, actuar más en la prevención, en salud, vacunación, mejoras terapéuticas etc.

Para ello hay que aumentar los ingresos fiscales y garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo el sanitario; un compromiso de garantía de suficiencia financiera en los presupuestos del SNS, tanto estatales como autonómicos, pues no se puede considerar la inversión en salud como gasto, cuando la salud actúa como motor económico y proporciona importantes retornos que oferta a la sociedad.

6-Ley de dependencia: El principal reto del Sistema de Dependencia se sitúa en la garantía de atención con una prestación efectiva a los aproximadamente 400.000 dependientes que aún no están protegidos (unos 325.000 personas ya reconocidas como dependientes pero que se encuentran en lista de espera, más las 100.000 personas que han solicitado la valoración y que finalmente serán reconocidas como dependientes). Tras diez años de la puesta en marcha de la ley de Dependencia no cabe posponer por más tiempo su completa implantación, de modo que se garantice la atención a los cerca de 1,3 millones de personas para las que fue diseñado, y dicha atención sea garantizada en los términos de calidad y suficiencia inicialmente prevista.

7-La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser la prioridad que guíe las decisiones económicas y laborales, pues aunque España ha recuperado el volumen de PIB previo a la crisis, el reparto de esa riqueza es muy desigual pues hay 1,5 millones de personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo. Este altísimo nivel de desprotección genera pobreza y exclusión y debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del estado. CCOO y UGT impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular para implantar una prestación de ingresos mínimos que tiene como finalidad proteger a muchos de los que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo.

8-Exigimos medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de renta. Necesitamos un tipo súper reducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía. Es decir, gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones de euros y a los pensionistas y jubilados, en muchos casos, nos permitiría poder tener las viviendas a una temperatura adecuada los meses de invierno.

9-Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, cual es el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas: social, alimentación, sanidad y vivienda entre otras. Seguimos constatando que, en demasiadas ocasiones, estas medidas se toman unilateralmente, sin contar con los Sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y de los pensionistas. Por lo que, desde nuestro punto de vista, entendemos, que por esta causa, tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones del 2013 han sido un fracaso, que está afectando de lleno a estos colectivos.

Ante estas necesidades:

Los pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO, trabajaremos, con el conjunto de las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT y la sociedad organizada, por la reorientación de la política económica y social que se llevo a cabo durante la crisis, pues nos han abocado, también al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un empobrecimiento generalizado.