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Una sentencia desautoriza la carrera privatizadora de la Junta de Andalucía

  • Tras considerar cesión ilegal la situación laboral de una trabajadora, contratada a través de una empresa privada que presta un servicio público educativo, el TSJA obliga a la Consejería de Educación a crearle una plaza a jornada y año completos
  • Una vez la citada sentencia es firme, CCOO Enseñanza exige a la Consejería de Educación recuperar los puestos de trabajo privatizados y convertirlos en empleo público

17/05/2018.
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La política privatizadora que mantiene la Consejería de Educación ha recibido un revés en los tribunales. La Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falla a favor de una trabajadora con motivo de una demanda por cesión ilegal. Esta persona estaba contratada por una empresa privada -que presta el servicio de apoyo y atención al alumnado de educación especial en un centro educativo público-, a tiempo parcial y año no completo.

Según CCOO, tras esta sentencia, la Consejería de Educación ha creado para esta trabajadora una plaza como personal técnico de integración social y ha pasado a ser personal laboral indefinido de la Junta de Andalucía con jornada normalizada y año completo.

El sindicato recuerda que la Consejería de Educación tiene parte del servicio de apoyo y atención al alumnado de Educación Especial privatizado, lo que conlleva que en 950 centros educativos públicos existan 1.024 personas contratadas a través de empresas privadas.

A este respecto, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, ha denunciado que “la política privatizadora de la Junta de Andalucía consiste en la privatización de servicios en vez de recurrir a la contratación de plantilla propia, hecho que CCOO rechaza de forma tajante porque la atención al alumnado se lleva a cabo dentro del aula y bajo las directrices del personal tutor y por tanto debe ser atendido por personal propio”.

CCOO lamenta que la escuela pública andaluza contrate empresas privadas para cubrir servicios educativos que se deben de ofrecer desde lo público. Empresas que, por otra parte, -advierte el sindicato-, “maximizan beneficios a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras”.

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