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El recurso del gobierno central a las 35 horas es un "sinsentido" y si prospera no se descartan movilizaciones

  • Exigencia al gobierno de que no pida la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas: "sería un grave perjuicio para los empleados públicos y la economía andaluza"
  • Los tres sindicatos de la Mesa General, CCOO, UGT y CSIF piden reuniones al delegado del gobierno, a Ciudadanos y al PP ante "este ataque" como primera medida
  • Agustín de la Cruz: reclamamos que en el próximo Consejo de Ministros el gobierno dé marcha atrás a esta medida"

15/07/2017.
Rueda de prensa contra el recurso del gobierno central

Rueda de prensa contra el recurso del gobierno central

Los sindicatos no han descartado llevar a cabo movilizaciones en el mes de septiembre si el Gobierno central solicita la suspensión cautelar de la normativa andaluza que aplica las 35 horas laborales para trabajadores públicos en el recurso que este pasado viernes anunció que presentaba al Tribunal Constitucional (TC).

Las movilizaciones se llevarían a cabo una vez agotada una primera fase de reuniones y diálogo con dirigentes del partido que sustenta el Ejecutivo central (PP), quien ha presentado el recurso, entre ellos, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, con quien se reunirán el próximo martes.

No obstante, han advertido de que "si el Gobierno central no rectifica, llamaremos a movilizaciones a los empleados públicos en Andalucía" en el mes de septiembre. "De no rectificar el Gobierno, durante el mes de agosto los sindicatos hablaremos y prepararemos la movilizaciones para que sean nada más llegar a septiembre", han subrayado.

Asimismo, los tres sindicalistas han criticado que el recurso se base en "motivos políticos", algo que han considerado "indignante" porque "lo político tiene que debatirse en el Parlamento, pero que no afecte a los ciudadanos", han reclamado.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y coordinador del Área Pública de CCOO-A, Agustín de la Cruz, ha criticado "la falta de documentación y de comunicación previa" sobre la decisión del Gobierno de recurrir esta normativa andaluza y ha apuntado que "la suspensión cautelar se solicita para detener el daño que una medida puede llevar a cabo, pero, en este caso es al revés, el daño se haría si no se lleva a cabo la medida", ha explicado.

"No es ninguna tontería, es el futuro de muchas personas y un sinsentido cuando desde el Gobierno dicen que en tres meses se llevaría a la práctica en toda España", ha explicado De la Cruz, quien ha detallado que la consecuencia inmediata de la suspensión sería "deteriorar más" los servicios públicos.

 

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