Comisiones Obreras de Andalucía | 28 marzo 2024.

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    Artículo de Nuria López

    Un balance que debe cambiar

    • Algo no ha ido bien: en el segundo trimestre del año subió el paro en 6.000 personas siendo la primera vez que ocurre esto en los últimos 3 años
    • Como positivo, en Andalucía tenemos otro instrumento que en los próximos meses debe desplegar todos sus efectos: el Plan Andaluz de Apoyo a la Negociación Colectiva

    26/08/2019.
    Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, en una imagen de archivo junto a Unai Sordo (izq) y Alfonso Vidán (dcha), secretarios generales de CCOO y de la Unicón Provincial de Sevilla, respectivamente.

    Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, en una imagen de archivo junto a Unai Sordo (izq) y Alfonso Vidán (dcha), secretarios generales de CCOO y de la Unicón Provincial de Sevilla, respectivamente.

    Ahora hace un año que se firmó el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, un acuerdo clave para la economía de lo macro –España y Andalucía- y de lo micro –empresas, personas trabajadoras y ciudadanía-, y por tanto es buen momento para hacer un balance inicial del impacto y sobre todo del recorrido futuro de este acuerdo en nuestra comunidad.

    Con su firma, los objetivos eran claros: impulsar la negociación y actualización de los convenios colectivos, promover un reparto más justo de los beneficios generados por las empresas que en 2018 fueron 38.000 millones de euros más que en el mejor momento de la etapa de crecimiento anterior, impulsar la igualdad desde las empresas, fortalecer el convenio sectorial e impulsar la creación y calidad del empleo gravemente dañada por las últimas reformas laborales. No cabe duda de que en España algunos de estos retos se han cumplido, sin embargo en Andalucía la valoración es agridulce.

    Insuficiente crecimiento salarial

    En nuestra comunidad, el ritmo de la negociación colectiva se ha dinamizado, desbloqueándose convenios y mejorándose clausulados que llevaban años sin actualizarse, se ha mantenido el convenio sectorial como la referencia para el establecimiento de las condiciones laborales y se ha avanzado, aunque de manera insuficiente, en igualdad. A pesar de todo, parece que al empresariado andaluz le cuesta eso de repartir pues el incremento salarial pactado hasta junio en Andalucía es de 1,69%, por debajo de la media estatal (2,2%) y de la horquilla marcada en el AENC (2-3%).

    Igualmente, la aplicación del salario mínimo garantizado de 14.000€ por convenio se ha conseguido dependiendo de los sectores (fundamentalmente hostelería, transportes en algunas provincias y parte de la industria más innovadora) y de las provincias, puesto que también es crucial la fortaleza y capacidad de organización de las personas trabajadoras del ámbito del convenio y esto quedó muy tocado por la última reforma laboral de 2012. Esas diferencias en Andalucía entre sectores y provincias son muy marcadas y es que este tipo de acuerdos, por buenos que sean, no pueden resolver el desequilibrio estructural en el reparto del poder de negociación introducido por las últimas reformas laborales a favor del empresariado y que provoca, especialmente en Andalucía, que utilicen todos los subterfugios de la ley y todas las estrategias posibles para su beneficio.

    Como muestra de ello, Andalucía soporta casi el 48% de las inaplicaciones de Convenios Colectivos de todo el territorio español. Esto, aun teniendo una afectación limitada (5.068 personas trabajadoras, el 0,3% de las cubiertas por un convenio), es una barbaridad que hace que muchas personas trabajadoras vean degradadas sus condiciones de trabajo cuando en numerosas ocasiones son descuelgues e inaplicaciones ilegales (sobre salud laboral, conciliación y otros) que la autoridad laboral no debiera permitir.

    También tenemos el ejemplo de las artimañas que utilizan para escaparse de la obligación de establecer un registro horario ya que, aunque la mayoría de las empresas andaluzas lo tienen implantado, éste se realiza de forma rudimentaria y sin cumplir los requisitos que marca la Ley y las directivas europeas, obligando a las personas trabajadoras en algunas empresas a "mentir" en los fichajes y provocando con ello que se incumpla la mejora de condiciones que se puedan pactar en el convenio colectivo en cuanto a subida salarial y jornada laboral.

    Como positivo, en Andalucía tenemos otro instrumento que en los próximos meses debe desplegar todos sus efectos: el Plan Andaluz de Apoyo a la Negociación Colectiva (PANC), que debe suponer un antes y un después en toda la dinámica negocial, ya que la Confederación de Empresarios de Andalucía se comprometió con su firma a mejorar el ritmo y los contenidos de la negociación colectiva al menos, y eso supone mejora de salarios permanente, impulsar la conciliación y los planes de igualdad en las empresas, avanzar en salud laboral y respetar lo pactado, entre otras cuestiones.

    En definitiva esperemos que en este recorrido futuro del AENC y del PANC el empresariado andaluz apueste firmemente por la creación y mejora del empleo de calidad, deje de estar anclado en el pasado y de aludir a la crisis para evitar trasladar sus beneficios empresariales al bolsillo de las personas trabajadora, o de lo contrario, seguirá siendo un lastre para Andalucía. De hecho, nada más tenemos que mirar a lo macro para ver que algo no ha ido bien: en el segundo trimestre del año subió el paro en 6.000 personas siendo la primera vez que ocurre esto en los últimos 3 años.

    Sin duda, el reparto más justo de los beneficios empresariales facilitaría la mejora de la economía real de los hogares e impulsaría la creación de empleo, lo que redundaría en una mayor rentabilidad para Andalucía y para el cambio necesario.

     

    [Artículo publicado originalmente en eldiario.es/Andalucia el 15 de agosto de 2019]